Los últimos desembolsos a favor de las víctimas de la dictadura no se estaban efectuando este año en virtud de que el Ministerio de Hacienda buscaba salvaguardar los legítimos pagos para aquellos beneficiarios con pleno derecho, habida cuenta de la existencia de una causa penal ante denuncias de falsos beneficiarios.
Ante la situación que está siendo investigada por la Unidad Penal de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la abogada Liliana Alcaraz, la Dirección Administrativa ha solicitado el pasado 18 de octubre a la Defensoría del Pueblo la verificación integral y la revalidación de las Resoluciones que han sido remitidas a esta Secretaría de Estado, de manera que los pagos que el Tesoro efectuare realmente alcancen a las personas que tengan efectivamente el derecho que le confiere la Ley 838/96.
En este sentido, hoy recibió una nota de la Defensoría del Pueblo en la que se comunica a la Dirección Administrativa de una Resolución 1120/13 del 28 de octubre de 2013, en la cual la Defensoría señala que no existe justificación jurídica para realizar la verificación de las Resolución que otorgan indemnización. Por tanto, en este momento el Ministerio de Hacienda se encuentra analizando la situación jurídica de manera a obrar dentro de la prudencia administrativa correspondiente.
Es de señalar que el Ministerio de Hacienda realiza los pagos conforme a las Resoluciones que son elevadas por la Defensoría del Pueblo, instancia que define si el solicitante tiene o no derecho a percibir esta indemnización.
A este respecto, se informa que el Estado paraguayo ya ha desembolsado, desde el 2004 hasta este año, un total de G. 413.762 millones (equivalentes a 93 millones de dólares) en concepto de indemnización a favor de beneficiarios de la Ley 838/96 “que indemniza a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989”.
Se encuentran pendientes 20 Resoluciones del 2011 (monto que alcanza más de G. 11.000 millones), entre las que están algunas rectificativas. La Defensoría ha remitido para su pago otras 1.900 Resoluciones que corresponden al 2012 (monto que supera los G. 19.825 millones) y de este año ya remitieron otras 500 Resoluciones (cuyo costo es de G. 12.800 millones). Es decir, se requiere un total de G. 143.626 millones (32 millones de dólares) para cumplir con estos beneficiarios, cuyas indemnizaciones ya fueron otorgadas por la Defensoría del Pueblo en concepto de víctimas de la Dictadura.
