Justicia brasileña aprueba solicitud de quiebra de la telefónica OI

247 – La Justicia de Río de Janeiro aceptó la solicitud de quiebra presentada la semana pasada por la compañía telefónica Oi para poder renegociar su deuda de 65.400 millones de reales (unos 20.197 millones de dólares).

«Ha de reconocerse que el pedido de protección judicial es formulado por una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo, con un fuerte impacto en la economía brasileña», señaló el juez Fernando Viana, según un comunicado divulgado por el Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro.

El magistrado destacó además que esta compañía, la mayor operadora de telefonía fija de Brasil, cuenta con más de 70 millones de clientes, da empleo a más de 140.000 brasileños y genera un volumen de miles de millones de reales en las arcas públicas mediante el pago de impuestos.

La deuda de la operadora es la mayor entre las empresas brasileñas que han solicitado la llamada recuperación judicial, como en Brasil es conocida la ley de quiebras.

La compañía Oi es, además, una de las mayores proveedoras de acceso a internet en banda ancha, la cuarta mayor operadora de telefonía móvil y un importante actor en el mercado de televisión por suscripción.

Considerada como la tercera mayor empresa del sector de telecomunicaciones de Sudamérica, la operadora tiene entre sus principales accionistas a la antigua Portugal Telecom, su socia estratégica desde 2010 y que posee el 27,5 % del capital.

Gran parte de la deuda de Oi proviene precisamente de los problemas que le acarrearon su fusión con Portugal Telecom, efectuada en 2013 pero liquidada a comienzos de 2015, con la venta de los activos de la compañía lusa a la luxemburguesa Altice.

La empresa acumuló el año pasado pérdidas por 5.300 millones de reales (unos 1.636 millones de dólares) y en el primer trimestre de este año su perjuicio ascendía a 1.640 millones de reales (unos 506 millones de dólares).

A mediados de junio, la agencia de clasificación de riesgo Fitch Ratings había rebajado su nota al grado «C», el último nivel antes de la quiebra, por considerar su situación insostenible.

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