Pobreza, vulnerabilidad y protección social: el debate necesario en el Paraguay

El ritmo en que la pobreza venía disminuyendo se desaceleró de una tasa media de 2,8% anual en el periodo 2006-2013 a un promedio de solo 0,8% anual entre 2013 y 2015. Los nuevos datos de pobreza en el Paraguay y un informe internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) renuevan la necesidad de discutir con seriedad la política de protección social.

Los datos de la Encuesta de Hogares 2015 dan cuenta de la permanencia en situación de pobreza de más de 1.500.000 personas, de las cuales casi la mitad no cuenta con los ingresos necesarios para adquirir una canasta de alimentos y pasa hambre diariamente.

La niñez (0-14 años) está sobre representada en la pobreza. Del total de personas en situación de pobreza, 630.000 son niños y niñas y, de ellos, 300.000 se encuentran en condiciones de pobreza extrema/hambre, una situación intolerable desde cualquier punto de vista en un país con aspiraciones de desarrollarse donde se supone la vigencia del Estado de derecho. Si a esta situación se agregan otras, como el trabajo infantil que afecta a más de 500.000 niños y niñas, no cabe duda de que estamos frente a una limitación estructural para cualquier aspiración a largo plazo, a lo que se agrega el desaprovechamiento de la oportunidad que genera el bono demográfico.

Pero la pobreza es solo uno de los problemas que debe enfrentar el Estado paraguayo. Un gran porcentaje de personas que salieron de la pobreza, o que se mantienen por encima pero muy cerca de la línea de pobreza, presentan condiciones de vida sumamente vulnerables. Es muy alta su probabilidad de caer o de volver a caer en la pobreza ante cualquier evento que no pueda controlar. Una enfermedad, la pérdida del empleo, un desastre natural, las inclemencias del tiempo en el campo o la inflación pueden tener un impacto altamente negativo en este sector de la población.

El modelo de crecimiento económico y la incapacidad del Estado para hacer cumplir las normas laborales e implementar políticas de amplio alcance impidieron que la mayor parte de las personas adultas trabajadoras y de los adultos mayores reciba la protección de la seguridad social; y que los niños, niñas y adolescentes cuenten con mecanismos que garanticen una alimentación adecuada, cuidados y educación de calidad y la erradicación del trabajo infantil y adolescente.

El reciente Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del PNUD, “Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”,  señala que casi el 40% de la población se encuentra fuera de la pobreza pero en estado de vulnerabilidad, con el riesgo de caer en ella ante eventos no controlados por las familias.

En 2013 Clarissa Hardy en la presentación de su libro “Estratificación Social en América Latina. Retos de Cohesión Social”, organizada por el CADEP, ya había alertado sobre el problema. También los datos que ella presentó ubican en alrededor del 40% la población en situación de alta vulnerabilidad.

En una situación en la que el 22% de la población se encuentra en situación de pobreza -la mayoría niños, niñas y adultos mayores- y otro 40% en situación de alta vulnerabilidad con un importante riesgo de caer en la pobreza, se hace imprescindible una política de protección social.

La estrategia más importante para enfrentar esta compleja problemática es la de la protección social. La evidencia empírica internacional desde mediados del siglo pasado da cuenta del importante rol de esta política en el desarrollo de los países europeos y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina.

El Paraguay tiene intervenciones que son importantes pero que deben ser fortalecidas. La cobertura de la seguridad social, como componente contributivo de la protección social, es baja debido a la evasión empresarial y a las restricciones legales y exclusiones de amplios segmentos de población, de la rural por ejemplo.

La cobertura de los programas no contributivos, como Tekoporã, Abrazo y la pensión alimentaria de adultos mayores, ha aumentado pero se requiere que sea ampliada  a toda la población que tiene derecho a ser incluida y que las transferencias monetarias sean complementadas con intervenciones de calidad desde las políticas de salud y educación.

Ciertamente, el impacto de estos programas no es menor en el Paraguay. En 2015 la pobreza hubiera crecido en alrededor de dos puntos porcentuales, la pobreza extrema rural en cuatro puntos, y se hubiera roto la tendencia positiva de los últimos nueve años, si estos programas no hubiesen existido.

El Paraguay avanzó en la construcción de un piso mínimo de protección social, pero este avance es incompleto, no solo en sus componentes sino también en su cobertura. La seguridad social contributiva tiene preeminencia en los quintiles de mayores ingresos y los programas no contributivos en los quintiles de menores ingresos. Queda pendiente la tarea de ampliar y articular ambos sistemas para garantizar la integralidad y universalidad de la política de protección social.