Distribución de los recursos del Fonacide es inequitativa y reproductora de desigualdades

 

* Crédito columna: Víctor J. Imas R.; Claudia Avila, Investigación para el Desarrollo

Esta afirmación ya lo hicieron Ortiz, Goetz y Giménez,  en un trabajo anterior en que analizaron la distribución del fondo con relación a la demanda de infraestructura educativa.

Lo reafirmamos ahora en ocasión de una investigación sobre la gestión de los gobiernos locales en la implementación del Fonacide , en proceso en el ID.

Es decir, la distribución de los recursos del Fonacide transferidos a los gobiernos locales y que tienen como destino, el 50%, la construcción de infraestructura educativa y, el 30%, la implementación del almuerzo escolar, no está determinado por las demandas territoriales del sistema educativo nacional, sino que obedece a las disposiciones de la Ley No. 3984/10 de Royalties, que tiene como criterio la compensación de los territorios afectados por las represas de Itaipú y Yacyreta.

El Art. 4º dice que la distribución debe ser: (…) b) a las Gobernaciones afectadas el 5%; c) a las gobernaciones no afectadas 5%; d) a los municipios afectados 15% y; e) a los municipios no afectados 25%; la distribución de los recursos destinados a los municipios mencionados se realiza de la siguiente manera: 50% en partes iguales para cada municipio y el 50% restante, según la población de cada uno de ellos (Art. 2º).

Las transferencias a los gobiernos locales se realizaron desde fines de 2012 y, hasta el 2015, el Ministerio de Hacienda (MH) transfirió la totalidad de Gs 1.203.926,8 millones (US$ 261.762.093).

Las gobernaciones recibieron Gs 251.959 millones (US$ 54.687.050) y las municipalidades Gs 951.967,8 millones (US$ 207.075.043).

Al relacionar el monto de las transferencias de las gobernaciones y municipalidades con la matricula en cada uno de estos territorios según lo establecido por Ley No. 4758/12 del Fonacide, Art. 4º (estudiantes de instituciones públicas matriculados en la Educación Inicial y del 1º y 2º ciclo de la Educación Escolar Básica), se constata una importante diferenciación entre territorios afectados y no afectados.

Por ejemplo, en 2015 las gobernaciones afectadas recibieron Gs 141.768 (US$ 28) por cada estudiante matriculado, mientras que las gobernaciones no afectadas recibieron Gs 59.585 (US$ 12) por estudiante, es decir, 42% de lo recibido por las gobernaciones afectadas.

Los municipios afectados (que forman parte de las gobernaciones afectadas) recibieron ese año Gs 443.339 (US$ 86) por cada estudiante matriculado, mientras que los municipios no afectados recibieron Gs 214.124 (US$ 42) por estudiante, es decir, 48% de lo recibido por los municipios afectados. El promedio nacional fue de Gs 184.894 (US$ 36) por estudiantes.

Estos valores, que son similares a los años anteriores, muestran un claro beneficio de las transferencias de recursos del Fonacide hacia las gobernaciones y municipios afectados en detrimento a los gobiernos no afectados.

 

 

La distribución de los recursos no solo es inequitativa, sino que al mismo tiempo es reproductora de desigualdades territoriales.

Entre las gobernaciones y municipalidades no afectadas, que según se ha comprobado reciben en promedio menos recursos por estudiante que los gobiernos afectados, se encuentran los departamentos considerados más pobres del país, es decir, aquellos con mayor incidencia de la pobreza total y la pobreza extrema, como son: Caazapá (47,89% y 33,54% respectivamente), San Pedro (44,89% y 25,17%) y Caaguazú (40,07% y 21,11%) (STP, 2015).

Las gobernaciones de estos departamentos reciben recursos por cada estudiante en proporción bastante menor al promedio de las gobernaciones afectadas.

Los casos paradigmáticos son las gobernaciones de San Pedro y Caaguazú que en 2015 recibieron Gs 25.190 (US$ 5) y Gs 41.186 (US$ 8) respectivamente por cada estudiante, cifras que inclusive están por debajo del promedio de las gobernaciones no afectadas.

Similar situación ocurre con los recursos destinados a las municipalidades de dichos departamentos.

Estas características que se reproducen en todo el periodo de estudio, muestra que los territorios situados entre los más pobres de país recibieron hasta hoy del Fonacide, la menor cantidad de recursos por cada estudiante, para infraestructura y almuerzo escolar.

Con relación al almuerzo escolar, las gobernaciones reciben además, en concepto de alimentación escolar, importantes recursos del Tesoro Nacional; sin embargo, en vez que estos recursos estuvieran orientados a equilibrar los problemas de distribución de los recursos del Fonacide, no hace otra cosa que reforzar dicha inequidad: Los departamentos mencionados como de mayor incidencia de la pobreza en el país, son los que paradójicamente están entre los que menos recursos reciben para alimentación escolar.

Es hora de superar las mezquindades y cambiar el mecanismo de distribución con base a las demandas educativas, ya que de lo contrario es un contrasentido de la política pública, al estar contribuyendo con la amplificación de las desigualdades territoriales.

Y si acaso esta barrera sea muy difícil de superar, al menos, las transferencias presupuestarias a las gobernaciones que tienen el mismo objetivo y se originan en otras fuentes (F10) deberían tratar de corregir estas asimetrías y no reforzarlas como las hacen actualmente