* Crédito columna: Dionisio Borda, ex ministro de Hacienda. Fundador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)
La baja inflación ha sido siempre una fortaleza de nuestra economía, reforzada en los últimos años por el hecho de que la meta de inflación se viene cumpliendo rigurosamente desde 2010.
Pero hay otros componentes de la economía e iniciativas del gobierno Cartes que dan señales de improvisación y generan incertidumbre. La falta de claridad de las reglas del juego afecta las expectativas de los agentes económicos y, finalmente, los resultados de la economía.
Por una parte, la alteración de la matriz salarial significó el incumplimiento de la regla que pretendía simplificar, racionalizar y transparentar el sistema de remuneraciones del sector público para promover la meritocracia; objetivo razonable que muy pronto fue dejado de lado cuando las bonificaciones fueron reinstaladas como artilugios para incrementar los salarios.
La eliminación de la última gratificación del año por decreto del Poder Ejecutivo fue una reacción tardía motivada solamente por la impopular aprobación de la Cámara de Diputados del “tercer aguinaldo” para sus funcionarios.
BENEFICIOS SALARIALES
El gobierno Cartes no pensó en recortar los privilegios salariales cuando meses antes elaboró el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017, enviado al Congreso a fines de agosto.
Incluso solicitó que se apruebe a libro cerrado, sin ser revisado, un proyecto de Presupuesto que contemplaba otra vez el pago de hasta dos gratificaciones o premios anuales a los funcionarios públicos.
La supresión de esos beneficios para avanzar en la racionalización salarial no formaba parte del plan de Horacio Cartes. Mientras tanto, en ciertas dependencias del Estado siguen los nombramientos políticos que eluden los concursos, la vía obligatoria para profesionalizar la función pública.
SALARIO MÍNIMO
Por otro lado, la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar el sistema de ajuste del salario mínimo, convertida rápidamente en proyecto de Ley, sorprendió hasta a los más avisados agentes económicos.
No se trata aquí de estar en contra de la conservación del poder adquisitivo del salario, que es justa y necesaria más allá que tenga lugar o no un aumento de la productividad.
Lo que llama la atención es que la propuesta de ajuste haya pasado por alto la actualización de la canasta de consumo, que está en proceso de ejecución y que pronto establecerá una nueva base para la medición del Índice de Precios del Consumidor (IPC), por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).
Pareciera ser que no fueron estudiados con detenimiento los impactos económicos, sociales y fiscales de la reposición de la pérdida del poder adquisitivo desde 2014 y de la regla de actualización anual del salario mínimo.
El gobierno Cartes no presentó hasta ahora cálculo alguno del efecto que el incremento salarial tendrá en los precios, sobre todo de los bienes de consumo básico y en el Presupuesto del sector público, considerando que la Ley de responsabilidad fiscal define un régimen de ajuste salarial similar al del sector privado.
Cabe recalcar, una vez más, que no se trata de negarle al trabajador la recuperación del poder adquisitivo de su salario, sino de medir los efectos del ajuste para evitar sorpresas por el cambio de las reglas del juego en pleno desarrollo del partido.
DEUDA PÚBLICA
Además, el gobierno Cartes sigue incrementando la deuda pública a un ritmo mayor del que la capacidad de pago del Estado permite. Resulta particularmente preocupante el aumento de la emisión de los bonos internacionales y nacionales porque no será suficiente combatir la evasión, como única arma, para aumentar el ingreso.
Más temprano que tarde, la administración tributaria deberá disminuir drásticamente las exoneraciones fiscales y emprender una reforma del sistema impositivo.
La presión tributaria actual está en el orden de 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y, según un estudio realizado por un organismo internacional, el país necesita alcanzar el promedio de la región de 18% del PIB.
LLAVE EN MANO
Y eso no es todo. El gobierno Cartes está embarcado, también, en el financiamiento privado de obras públicas a través de “proyectos llave en mano” que la Ley 5.074/13 autoriza.
Con esta modalidad piensa endeudar al país para la construcción de alcantarillados sanitarios por un valor de US$ 500 millones y para reconstruir la Ruta Transchaco por otros US$ 600 millones.
La deuda de este tipo se caracteriza por plazos más cortos y costos más elevados que los préstamos multilaterales y está expuesta a sobrecostos de obras y de financiamiento, con el agravante del escaso control y fiscalización sobre las empresas privadas adjudicadas.
Si las empresas llegaran a no pagar las deudas contraídas, el Tesoro paraguayo deberá hacerse cargo de las obligaciones financieras como ya ocurrió en el caso de Corposana.
Hasta ahora, peligrosamente, la competencia entre empresas interesadas ha sido escasa, hasta el punto de que termina por presentarse una única empresa en la licitación del citado proyecto vial.
Estamos muy a favor de la mayor inversión en infraestructura, pero sin que vaya más allá de la capacidad de gestión del sector público y siempre que el servicio de la deuda pueda ser cumplido sin entrar en un acelerado proceso de “bicicleteo financiero”.
No es posible mejorar la capacidad de gestión en el corto plazo porque se trata de un proceso que toma tiempo. Entonces, acelerando las inversiones más allá de la capacidad de diseño, ejecución y fiscalización de las obras de nuestras instituciones solo estaremos incrementando los riesgos y repitiendo las historias de obras que se destartalan mucho antes del fin de su vida útil.
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