Los elevados costos de las falencias de las políticas públicas – Revista PLUS

Los elevados costos de las falencias de las políticas públicas

* Crédito columna: Dionisio Borda, ex ministro de Hacienda. Fundador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)

La matriz productiva dominante del Paraguay no posee la capacidad de generar suficientes puestos de trabajo y, por el contrario, tiende a expulsar masivamente la mano de obra del campo, excedente de la fuerza laboral que tiene escasa posibilidad de inserción en sectores económicos diferentes a la agricultura.

Pero la debilidad de las políticas públicas hace que sea poco viable la coexistencia de la agricultura familiar campesina con las empresas agrícolas.

Esa falencia se manifiesta también en la falta de respuestas efectivas para encarar la desocupación y subocupación en los centros urbanos y para mejorar las condiciones de vida en los barrios marginales.

Entonces, la falta de horizonte para los pobres los convierte en presa fácil del negocio de las drogas, de la delincuencia y del desánimo. Así, la sociedad pierde por partida doble: por el desperdicio de la fuerza laboral y por el costo de la mayor inseguridad.

El auge de las materias primas en el periodo 2004/2014, que se sumó a la histórica concentración de la tierra en el Paraguay, significó un rápido avance de la agricultura empresarial en el campo.

La adopción de nuevas tecnologías  y las inversiones de capital propulsaron el aumento de la producción y la productividad de la soja, el trigo y el maíz, y la expansión del área de siembra de los cultivos del complejo granelero desarrollado por la agricultura empresarial.

Pero este proceso de crecimiento no se ha traducido en una significativa contribución tributaria del sector de agronegocios ni en una demanda importante de mano de obra rural. El saldo de la expansión ha sido la expulsión campesina. La fuerza del mercado y de las nuevas tecnologías debilitó la economía de los pequeños agricultores, empujándolos a abandonar el campo.

Este modelo de crecimiento de la frontera agrícola no ha sido acompañado por políticas agrarias de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina para desacelerar la expulsión de la mano de obra rural.Las fallas de las políticas agrícolas no han permitido que las pequeñas fincas compitan con éxito con las grandes empresas.

Los resultados hubieran sido diferentes si se hubiese fortalecido la productividad de los rubros de renta y de consumo con nuevas especies y variedades de la agricultura familiar campesina; si se hubieran introducido nuevas tecnologías de producción, canales de comercialización y acceso a créditos blandos; y, si se hubiera encarado con responsabilidad la solución de la tenencia y acceso a la tierra.

Los afectados por esta competencia desigual, del avance del mercado de la tierra y de la desidia de las políticas agrarias, son los pequeños productores rurales.

Por lo general, las familias campesinas son, además, asediadas por el consumismo y la atracción de la vida de la ciudad, de manera que muchos jóvenes terminan migrando a los núcleos urbanos.

Algunos se quedan en el campo a dar duras batallas para sobrevivir y asegurar el consumo familiar, con esperanza en nuevos cultivos como la cebolla, la papa, el tomate y el sésamo que no siempre tienen venta, donde se evidencia la debilidad de las políticas agrícolas de promover rubros de producción sin garantizar los mercados.Otros son tentados a probar suerte en actividades delictivas como el cultivo de la marihuana y el abigeato.

La migración rural-urbana constituye un gran desafío para el Estado y la sociedad, dadas las escasas oportunidades ocupacionales que estas familias desplazadas tienen.

Una válvula de escape que alivia la presión en el mercado laboral es la emigración, pero cuyos costos sociales son demasiado altos para ser compensados por las remesas, que frecuentemente son afectadas por los ciclos económicos de los países de destino. La otra es poblar los barrios marginales urbanos.

Este excedente laboral con escasa calificación y bajo nivel educativo constituye una verdadera bomba de tiempo en las principales ciudades.

Los asentamientos urbanos carecen de acceso adecuado a los servicios y bienes públicos. Las viviendas son precarias y están expuestas a los riesgos climáticos y a la contaminación ambiental.

Algunos de sus pobladores viven de los desechos de la ciudad y acceden a trabajos precarios como “limpiavidrios”, “cuidacoches”, vendedores ambulantes, juegos callejeros y la mendicidad. Otros se dedican a trabajos de construcción, puestos de ventas de baratijas, jardinería y tareas a fines. Y, otros caen en los negocios ilícitos y en la delincuencia.

Más allá de las consideraciones éticas, el Estado y la sociedad deberían buscar respuestas inmediatas y estructurales al creciente malestar de la gente pobre, la inseguridad, el mal uso de los recursos humanos y la desigualdad.

Es necesario desacelerar la migración rural-urbana dando respuestas a la agricultura familiar campesina a través de programas de arraigo rural sustentable.

El fortalecimiento de la matriz de producción de alimentos y rubros de renta de los pequeños productores demanda una mejor coordinación de las instituciones del Estado y la asignación de mayores recursos financieros al mejoramiento de las comunidades rurales.

Al mismo tiempo, es perentorio ocuparse de la asistencia a los barrios marginales y promover la recuperación de adolescentes y jóvenes del consumo y la venta de drogas.

Los desafíos son corregir las falencias de las políticas públicas, mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y urbanas, incorporar la mano de obra excedente y mal utilizada en actividades productivas, y aumentar la contribución tributaria de los sectores más ricos para financiar programas productivos y empleos decentes que ayuden a mejorar el bienestar de la población más vulnerable y a disminuir la delincuencia.

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