La obsesión reeleccionaria de Horacio Cartes

* Crédito columna: José Carlos Rodríguez, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

La obsesión del mes: proyección de la reelección presidencial. Una figura jurídica inexistente pero cada vez más acariciada. Y, aunque esté ya claro que el presidente Horacio Cartes hará el esfuerzo por volver a presentarse, y se entiende que podría ganar una segunda vez, a la reelección no se le ven caminos que no pasen por la violación de la ley.

Los votos no le alcanzan y la ley no le favorece. Resta la administración de la Justicia como alternativa. Una alternativa de juego político no democrático.  Pero, ¿cómo quedaría el país?

Ante la expectativa del próximo año electoral, las noticias de hoy son leídas como vísperas. Las pulseadas en el parlamento y la convención de los grandes partidos (el Liberal y el Colorado), así como las movidas internas de los partidos, incluyendo los gestos poco entendibles de Fernando Lugo, que según sondeos tiene una aceptación que da envidia a los precandidatos presidenciales, todo se lee como escenarios de futuro.

Enmienda, reforma o reinterpretación de la Constitución. En principio estas son las alternativas necesarias para dar lugar a una reelección que hoy la Constitución Nacional (CN) no contempla.

La vía de la enmienda tiene una prohibición explícita que no permite el uso de este procedimiento para cambiar, entre otras cosas, la duración de los mandatos (CN, Art. 290). Además, habiendo sido ya rechazado por el Congreso, el proyecto de enmienda no puede volver a ser presentado en el mismo año.  El Poder Ejecutivo ya renunció a proponer este procedimiento.

La alternativa de la reforma siempre es posible y no contradice a la Constitución. Pero el año 2018 se volvería complicado con una convención constituyente y una elección presidencial en el mismo periodo. Y eso no es todo.

Una convención nacional constituyente es un evento magno, plenipotenciario, completamente incontrolable por los poderes constituidos. Nada hace pensar que el liberalismo, que en una reciente convención partidaria votó en contra, vaya a apoyar la reforma.

Nada hace pensar que el coloradismo, después de la crispada convención partidaria, de la que la oposición se retiró porque no le permitían hablar, no se ponga en contra de un segundo mandato o que la concedan solo ‘para la próxima vez’.

Si el Ejecutivo tuvo, con votos liberales prestados, apenas una mayoría simple en Diputados, que es la cámara más cercana, es difícil que tenga una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para convocar a una constituyente, incluso que alcance la mayoría calificada de aquella cámara menos cercana, que es la de Senadores.

Resta la búsqueda de una interpretación retorcida de la Constitución, que niegue el mandato de la misma, la cual señala que el presidente y el vice presidente ‘no podrán ser reelectos en ningún caso’ (CN, Art. 229).

Esto sería incurrir en una interpretación chicanera, literalmente en un golpe de Estado. Pero, desde el punto de la factibilidad política, es lo más fácil de perpetrar.

Una Corte Suprema de Justicia que miró a otro lado cuando se depuso en pocas horas a un presidente de la República puede estar dispuesta a forzar la ley obedeciendo a la influencia del poder, como parece que fue el caso de los diputados liberales que votaron para hacer posible la prolongación de mandato vía enmienda.

La interpretación torcida de la Constitución tiene el nombre de Marcos Fariña, el abogado consejero de Frente Guazú que considera que en el Paraguay la reelección presidencial está permitida, excepto para aquellos que están en el cargo.

Basta desvincularse seis meses antes para poder ser reelecto, o haber sido presidente hace más tiempo. Esto oscurece el horizonte, porque los líderes políticos favoritos pueden aventurarse hacia esta alternativa.

Se trata de una vuelta al pasado. La reminiscencia del pasado autoritario, cuando, mitad con chicanas, mitad con convocatoria a asambleas constituyentes realizadas sin libertad, la reelección vitalicia se terminó convirtiendo en el símbolo de la dictadura de Alfredo Stroessner, durante 35 años.

Y es también la reminiscencia del manejo partidario no democrático, que dividió al Partido Colorado entre oficialistas (militantes) y opositores (tradicionalistas) en 1987. De la reciente convención de la ANR los disidentes se retiraron diciendo que no tenían libertad para participar en esas deliberaciones de su partido.

Muchos forcejeos están en el escenario. Una fracción liberal, la de Blas Llano, apoyaría a Fernando Lugo y no así al líder liberal favorito que es Efraín Alegre. Se especula que el presidente de la República podría terminar aceptando la interpretación Fariña y que, para ello, ‘operaría’ sobre el Poder Judicial y dimitiría seis meses antes de las elecciones.

O sea, les pediría un favor a cambio de algo. Fuera de las fronteras de la Constitución, dentro de las fronteras de la administración de Justicia, pueden ocurrir eventos impredecibles.

El resultado, sin embargo, sería desbastador. Si la deposición de Fernando Lugo ha sido vista como un golpe de Estado que mereció el desprecio de los Estados vecinos y muchos Estados no vecinos,  una nueva violación de la Carta Magna significaría adentrarnos a fondo hacia el país informal.

Un país paraíso fiscal donde todo vale, un país safari donde hay permiso para depredar la ecología y los derechos sociales, un país que sólo atrae al empresariado rentista y extractivista, incompatible con la creación de una sociedad justa, con el Estado de derecho y la vigencia de una democracia de buena calidad, cosas que no tenemos.

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