Crédito columna: Marco Elizeche. Director de Estudios Económicos. Subsecretaría de Estado de Economía, Ministerio de Hacienda.
Una de las necesidades más urgentes que enfrenta el país es el establecimiento de políticas públicas para la revisión del Sistema de Jubilaciones y Pensiones. Paraguay es uno de los países de la región con más baja cobertura en materia de seguridad social, con apenas un 20% de la PEA, cuando el promedio de la región supera el 50%.
El sistema nacional de jubilaciones y pensiones está conformado por 8 entidades que han sido creadas de forma desarticulada y que con el tiempo han sufrido modificaciones que han incrementado las divergencias entre ellas.
Por otro lado, la mayoría de las cajas de jubilaciones y pensiones invierten sus fondos con escasa regulación y en su conjunto el sistema está desfinanciado. Prácticamente el 90% del Sistema de Jubilaciones y Pensiones es cubierto por el IPS y por la Caja Fiscal del Estado, las cuales según los últimos estudios actuariales disponibles presentan un déficit del 13% y el 42% del PIB respectivamente.
Cabe mencionar que un déficit actuarial en términos simples significa que los aportes y demás ingresos financieros futuros de las entidades de jubilaciones y pensiones no serán suficientes para cubrir las obligaciones con sus aportantes.
Entre todas estas debilidades que presenta el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, la más acuciante es la carencia de una entidad especializada de regulación y supervisión que establezca normas y estándares que regulen las inversiones de los fondos de pensiones, con el objetivo de resguardar la integridad de estos fondos previsionales.
De acuerdo a los datos disponibles en los balances institucionales de cada una de las entidades de jubilaciones y los datos de la Caja Fiscal del Estado, el sistema en su conjunto tiene un flujo anual de aportes de aproximadamente 1.350 millones de dólares, que hoy están sometidos a una muy débil supervisión.
En la actualidad, las entidades de jubilaciones y pensiones son reguladas de acuerdo a sus cartas orgánicas y la naturaleza de la supervisión difieren de una a otra, pero en general ninguna está sometida a controles rigurosos y específicos en cuanto al manejo financiero y no se establecen sanciones para los administradores, solo pueden realizarse recomendaciones.
Es decir, el sistema de supervisión vigente para las cajas de jubilaciones y pensiones es heterogéneo en cuanto a sus formas, pero homogéneo en cuanto a la debilidad de sus prácticas, escasa eficacia y poder sancionatorio nulo.
Es importante considerar que en todo el mundo los fondos de pensiones, sin importar que sean públicos o privados, están fuertemente regulados y supervisados.
En primer lugar porque afecta a uno de los grupos sociales más vulnerables, como son las personas de la tercera edad; segundo por el alto riesgo fiscal que implica la falta de control y eficiencia en el manejo financiero de las cajas, ya que el Estado termina siempre pagando la falta de sostenibilidad de las mismas; y tercero por la importante connotación que tiene para la economía en su conjunto el uso eficiente y racional del ahorro interno a través de la inversión de los fondos previsionales.
Es preciso crear una entidad de supervisión centralizada y con un marco regulatorio completo. La regulación del sistema de jubilaciones y pensiones está peligrosamente incompleta, pues gran parte de las actividades del sistema no están supervisadas de un modo adecuado.
En esa línea el Poder Ejecutivo está impulsando un ante-proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, basado en los diagnósticos sobre la situación de los regímenes de jubilaciones y pensiones realizados con el apoyo técnico de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, entre otros.
Así mismo se ha tenido en cuenta la experiencia dolorosa de muchas de las cajas que han experimentado sensibles pérdidas en sus inversiones en años anteriores y que lo han sufrido los propios jubilados, por lo que constituye una materia pendiente la efectiva regulación y supervisión de todo el sistema por parte del Estado.
Cabe resaltar que ante la incapacidad financiera de una entidad previsional para cumplir con sus compromisos con los aportantes, termina siempre siendo el Estado el que financia estas pérdidas, es decir todos los contribuyentes a través de sus impuestos acaban pagando las consecuencias causadas por malas administraciones previsionales.
De acuerdo a las buenas prácticas internacionales, el diseño de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones exige la suficiente fortaleza técnica, presupuestaria y sobre todo independencia de criterio, para poder implementar con eficacia las normas prudenciales en el manejo financiero de estas entidades.
En ese contexto, los análisis realizados para el caso de Paraguay, apuntan a que la ubicación del supervisor de jubilaciones y pensiones debe ser el Banco Central del Paraguay (BCP), institución que en las últimas décadas ha crecido enormemente en cuanto a sus capacidades técnicas y profesionales; y por otro lado cuenta con la suficiente independencia presupuestaria y de criterio, como para poder asumir el desafío de llevar adelante la supervisión de las cajas previsionales.
El objetivo de contar con un Supervisor del régimen de jubilaciones y pensiones es establecer reglas prudenciales para reducir los riesgos y resguardar los fondos en defensa de los intereses de los asegurados.
Estas reglas incluyen por ejemplo, la obligación de diversificar las inversiones, exigir calificación, disminuir conflictos de interés, aumentar la eficiencia financiera, disminuir costos superfluos, etc.
Paraguay es uno de los pocos países en la región que no cuenta con una institución especializada de supervisión financiera de los fondos previsionales. La situación del sistema previsional más temprano que tarde será altamente riesgosa, si no tomamos a tiempo las medidas y reformas que hace décadas nos han recomendado.
