Cuatro años de crecimiento económico sin disminución de la pobreza

* Crédito columna: Dionisio Borda, ex ministro de Hacienda. Fundador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

Las promesas iniciales de la administración Cartes (2013-2018) sobre el fortalecimiento de las instituciones del Estado, de despartidización de la función pública y de la lucha frontal contra la pobreza, pronto perdieron fuerza.

Contrariamente al compromiso que había asumido, reflotó las antiguas prácticas de someter las instituciones públicas a los intereses del partido de gobierno y de sectores particulares, socavando la débil institucionalidad del Estado y relegando a los segmentos más vulnerables a vivir en la pobreza.

No resulta extraño, por eso, que el último informe de Latinobarómetro revele la decepción de la ciudadanía con el gobierno Cartes y exprese la creciente pérdida de confianza en la democracia. Varios desaciertos del gobierno actual dan fundamento a esa percepción.

Como la varias veces denunciada injerencia privada en el manejo de las políticas públicas, cuando gerentes de empresas particulares y fundaciones vinculadas dan instrucciones a los funcionarios superiores del gobierno sobre qué decisiones tomar y, frecuentemente, hacen tráfico de influencia en las compras y licitaciones del sector público.

La partidización de los actos del gobierno es otra práctica que está de vuelta. A menudo, las diferentes instituciones y organismos del Estado usan como propaganda política la inauguración de obras públicas y las entregas de algún servicio a eventuales beneficiarios.

Las autoridades se toman la licencia de presentar como concesiones graciosas del gobierno el acceso a bienes y servicios públicos que son un derecho legítimo de los segmentos vulnerables de la sociedad. Olvidan que las políticas públicas están para lograr una sociedad más justa y más humana respetando la dignidad de las personas.

La presencia de Santiago Peña, uno de los precandidatos del partido Colorado en gobierno en actos proselitistas con funcionarios públicos configura otro retroceso en la profesionalización del servicio civil. Una afrenta a la dignidad de los funcionarios que tratan de construir su carrera con base en la meritocracia. Peor aún si, directa o indirectamente, son obligados a asistir por sus jefes, quienes así violan el principio de la libertad de las personas.

El incremento de la privatización de las funciones del Estado es otra expresión del debilitamiento creciente de los servicios y bienes públicos. En respuesta a la inseguridad, los grupos sociales de mayores ingresos contratan guardias privados para proteger a sus familias y su patrimonio, mientras gran parte de la población queda abandonada a su suerte.

El fracaso del sistema educativo público abrió oportunidades para la creación de colegios privados que son una solución para los estratos más altos de la sociedad, pero ahondan la brecha entre ricos y pobres. A su vez, la escasa cobertura y atención insuficiente de la salud pública condena a más pobres a la marginación y el abandono.

Las políticas sectoriales de producción no beneficiaron a los sectores más necesitados sino, más bien, reforzaron la matriz productiva que genera poco empleo, concentra los ingresos, desplaza a la población rural y no ayuda a reducir la pobreza.

Hubo cuatro años de crecimiento económico sin disminución de la pobreza. La recepción de las remesas de compatriotas del exterior fue un formidable medio para morigerar la pobreza, pero con un alto costo social: la debilitación de las familias.

El aumento de la cobertura de los programas de transferencias monetarias condicionadas y de pensión de adultos mayores evitó que creciera la pobreza extrema, pero las políticas sociales de salud y educación son ineficientes e insuficientes para reducir la pobreza, cuyo nivel sigue siendo elevado. Los daños intergeneracionales de la pobreza son irreversibles y se convertirán en un alto costo social y económico para la sociedad.

La frágil institucionalidad del Estado y la debilidad de la democracia no resisten más abusos y distorsiones de la función pública. A la administración Cartes le queda menos de un año de gobierno, con elecciones primarias y generales que demandarán cinco meses de intenso proselitismo, pero nunca es tarde para poner límites y racionalidad desde la cumbre del poder.