El documento se hizo público después de la cumbre de poderes que reunió al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con el titular del Congreso, Blas Llano, y el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eugenio Jiménez Rolón, para abordar la reestructuración del gasto público.
Asunción, Julio (EFE).- El Gobierno de Paraguay emitió este lunes (22) un decreto presidencial para paralizar las contrataciones de funcionarios del Estado y reducir los gastos corrientes con el objetivo de recaudar cerca de 50 millones de dólares antes de que culmine 2019 y poder hacer frente al déficit de la Administración.
El texto establece la suspensión de nuevas contrataciones de personal público, la congelación del sueldo de los funcionarios, así como la restricción de gastos como la compra de vehículos, de equipo de oficina, de pasajes aéreos en primera clase o de servicios de protocolo y cáterin.
El documento se hizo público después de la cumbre de poderes que reunió este lunes al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con el titular del Congreso, Blas Llano, y el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eugenio Jiménez Rolón, para abordar la reestructuración del gasto público.
Al encuentro también fueron invitados representantes de los gremios empresariales, como el sector industrial, el bancario o el agropecuario.
Los tres poderes del Estado ratificaron esta reducción del gasto público en materia de personal para redirigir sus fondos a otras áreas, como los planes de emergencia humanitaria o la reactivación económica.
«El objetivo es llegar a una meta de tener unos ahorros cercanos en el tiempo de 600 millones de dólares», expresó a los medios el ministro de Hacienda, Benigno López, a la salida del encuentro en el Palacio de Gobierno.
López identificó el problema del gasto público en los sueldos que perciben algunos funcionarios de categoría media que pueden alcanzar un salario de tres sueldos mínimos, el equivalente a unos 1.098 dólares.
En el encuentro también se debatieron otros problemas de la gestión pública como la aprobación de leyes en el Congreso, que carecen de un presupuesto para ejecutarse, como la reciente Ley de Jubilación Médica.
La norma, que trató de vetar el Gobierno, permite al personal sanitario jubilarse a los 60 años de edad, con el 100 % del salario, si han cotizado durante tres décadas de vida laboral.
«Es irresponsable de nuestra parte llevar adelante programas cuyo financiamiento no está asegurado», explicó a los medios el portavoz del Gobierno, Hugo Cáceres.
Cáceres se mostró preocupado porque este tipo de desencuentros entre los poderes Ejecutivo y Legislativo puedan generar «grandes problemas fiscales» como en otros países de la región.
Sobre este aspecto también habló el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, quien exigió medidas para evitar que la aprobación de leyes sin presupuesto conduzca a una mayor presión fiscal.
«La solución a este problema es contener el gasto, reducirlo y redireccionarlo hacia estos sectores para que no tengamos que volver a aumentar los impuestos», agregó.
Asimismo, Volpe identifico la «enorme necesidad» que tiene Paraguay para «cumplir con los requerimientos» en materia de educación, salud y seguridad, un gasto que cifró en 3.000 millones de dólares. EFE
