Foto: Mario Abdo Benítez con diputados colorados cartistas y abdistas, reunidos este lunes en Mburuvicha Róga como gesto de respaldo.
Asunción, 19 ago (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Pedro Alliana, dijo este lunes que antes del jueves habrá «un corte definitivo» a la pretensión de un juicio político contra el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez, por un polémico pacto energético con Brasil.
Alliana, a la vez jefe del gobernante Partido Colorado, afirmó a su salida de una reunión del jefe de Estado con referentes de las dos corrientes del oficialismo, que «hay 43 diputados en desacuerdo con el juicio político y (que) algunos liberales (opositores) también van a ir por el rechazo».
En Paraguay, el juicio político de destitución se tramita en la Cámara de Diputados, de 80 miembros, donde se requiere una mayoría de dos tercios para impulsarlo al Senado, que oficia de tribunal, y con las dos facciones coloradas unidas la oposición no reúne votos suficientes.
Alliana es uno de los líderes de Honor Colorado, facción interna que lidera el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) y enfrentada a la de Colorado Añeteté, de Abdo Benítez, que desde la pasada semana mantienen un acercamiento para blindar al jefe de Estado contra la iniciativa opositora, del Partido Liberal.
«En estos días le vamos a darle un corte definitivo al juicio político para que reine la paz y la tranquilidad en la República, para reactivar económicamente el país», subrayó el titular de la Cámara Baja, al asegurar que eso se dará «antes» de este jueves.
Alliana destacó que Cartes «tiene un liderazgo muy fuerte en Paraguay» con una «bancada poderosa en la Cámara de Diputados», en el que 22 responden a él y 21 a Abdo Benítez, y que el blindaje político ofrecido al gobernante derivará «en algún otro cambio que se irán dando» en las filas del Gobierno.
Sin embargo, rechazó que el «cartismo» haya exigido cuotas de poder dentro del Gobierno, aunque admitió que «lo único que pedimos es que se les pueda reincorporar a esos funcionarios que injustamente fueron echados o trasladados».
El Partido Liberal, el principal de la oposición, y grupos minoritarios acusan al Ejecutivo de presunta cesión de derechos soberanos en la cogestión de la represa de Itaipú, compartida con Brasil, e insisten que, por ello, deben ser destituidos.
Los miembros de las bancadas opositoras también se pronunciaron a favor de que el juicio político sea tratado cuanto antes para acabar con la incertidumbre que ha afectado a diversos sectores de la economía, advirtieron analistas.
El Gobierno vive desde finales de julio en permanente tensión tras conocerse la firma de un acta con Brasil que establecía un cronograma de compra de energía de Itaipú hasta 2022, un año antes de que ambas partes renegocien el Anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 2023.
Para descomprimir la crispación, Abdo Benítez relevó a varios altos cargos, incluido al canciller, Luis Alberto Castiglioni, al tiempo que el Gobierno de Jair Bolsonaro anunciara la anulación del acuerdo y la búsqueda de un nuevo entendimiento en el control de la hidroeléctrica. EFE
