Asunción, 20 sep (EFE).-El Gobierno de Paraguay dijo este viernes que está a la espera de que Argentina ratifique el último acuerdo sobre la gestión de la hidroeléctrica Yacyretá, controlada por ambos países, para que entre en vigor ese pacto, el cual es rechazado por la oposición paraguaya.
El acuerdo fue firmado en 2017 por los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y el entonces mandatario de Paraguay, Horacio Cartes, quien lo promulgó poco antes de entregar el poder, el 15 de agosto de 2018, después de su ratificación en el Parlamento.
«Lo que estamos esperando es que la Cancillería argentina ratifique el acuerdo para que pueda entrar en vigencia», declaró el canciller Antonio Rivas durante un encuentro con periodistas.
El pacto es cuestionado por la oposición, que ha tramitado su anulación legislativa por el reconocimiento de Paraguay de una deuda de 4.000 millones de dólares con el Tesoro argentino, que fue garante de los préstamos internacionales de construcción.
En cambio, el acuerdo estableció una indemnización de 940 millones de dólares a Paraguay por territorios inundados cuando la represas, situada sobre el río Paraná, alcanzó su cota definitiva de 83 metros, así como una gestión paritaria.
Consultado si el actual Gobierno tiene alguna objeción o tratará de mejorar sus términos, Rivas mantuvo que «el acuerdo ya se firmó», y argumentó que perderían «seriedad» por pedir una revisión de una cuestión cerrada.
Rivas es canciller desde el pasado julio tras la crisis política suscitada por un acuerdo energético con Brasil sobre el control de la represa compartida de Itaipú, y que causó la caída de su antecesor, Luis Alberto Castiglioni.
Paraguay firmó el pasado 24 de mayo un cronograma de compra de energía a Itaipú, hasta el año 2022, aunque el documento no se conoció hasta julio, lo que generó protestas de la oposición y un intento de juicio político al actual presidente, Mario Abdo Benítez.
El documento, que también causó la destitución de otros cargos del Ejecutivo, fue anulado y posteriormente ambos Gobiernos resolvieron dejar la controversia a una instancia técnica.
Respecto al avance en el nuevo proceso, Rivas dijo que se está manejando a nivel técnico ya que «justamente el acta del 1 de agosto dejó sin efecto el del 24 de mayo». EFE
