Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- La Contraloría General de Brasil declaró este jueves al grupo Queiroz Galvao, una importante constructora con obras en diferentes países de América Latina y África, como «no idóneo» para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en corruptelas.
La decisión del titular de la Contraloría General de la Unión, el ministro Wagner de Campos Rosario, fue publicada este jueves en el Diario Oficial y tiene como base los procesos que demostraron la participación de Queiroz Galvao en los hechos investigados por la Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil.
Según la resolución, Queiroz Galvao no tiene idoneidad para adjudicarse nuevos contratos ni licitaciones con la administración pública en un plazo inicial de dos años, que puede ser prorrogado.
Campos Rosario explicó que la medida fue adoptada debido a que la constructora actuó «en defensa de intereses oscuros y particulares, de forma concertada y engañosa, para frustrar, desviar y defraudar licitaciones de (la petrolera estatal) Petrobras en complicidad con otras empresas».
Queiroz Galvao, que tiene un plazo inicial de diez días para presentar recurso contra la decisión, informó en un comunicado que aún no ha sido notificada de la decisión pero que piensa contestarla ante la Justicia para poder seguir participando en licitaciones públicas.
La Constructora Queiroz Galvao informó en el comunicado que se enteró de la decisión por su publicación en el Diario Oficial y aclaró que la misma «no tiene eficacia inmediata; y que presentará un recurso pidiendo su suspensión en el plazo legal».
Además de importantes obras públicas en Brasil, como parte de las líneas del metro en Sao Paulo, el complejo vial de Natal o el Puente del Guaiba en Porto Alegre, la empresa se ha adjudicado importantes contratos en países como Bolivia y Perú.
La empresa ha enfrentado dificultades desde que fue incluida en la lista de las 15 grandes constructoras de Brasil acusadas de una trama corrupta para distribuirse ilegalmente las licitaciones de Petrobras.
Las autoridades comprobaron que las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.
El escándalo, investigado por los fiscales de la Lava Jato, ha llevado a prisión a importantes empresarios y políticos, entre ellos al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, liberado provisionalmente a finales del año pasado tras beneficiarse de una decisión de la Corte Suprema, pero con una condena vigente por corrupción. EFE
