Foto: Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas; y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Natalia Kidd
Buenos Aires, 6 feb (EFE).- El fallido intento de la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, para diferir el pago de un bono en dólares deja importantes lecciones al Gobierno de Alberto Fernández de cara a la inminente reestructuración de la millonaria deuda del país suramericano.
La saga se inició a mediados de enero, cuando el gobernador bonaerense, el peronista Axel Kicillof, lanzó una solicitud a los tenedores del bono BP21 para que dieran su consentimiento a extender hasta mayo el pago de un vencimiento de capital por 250 millones de dólares que operaba el 26 de enero.
El mandatario provincial, de tensa relación con los círculos financieros mientras se desempeñó como ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), alegó entonces que su distrito tenía «voluntad» pero no «capacidad» para hacer frente a sus compromisos.
Pero los acreedores, al parecer, no creyeron que el escenario tan dramático descrito por Kicillof fuera de tal magnitud y, pese a las sucesivas prórrogas del plazo para expresar el consentimiento y la mejora en la oferta, el Ejecutivo bonaerense no logró la adhesión del 75 % necesaria para aplazar el pago.
A horas de un virtual cese de pagos, finalmente la provincia decidió evitarlo y abonar los 250 millones de dólares, pero anunció este martes que buscará reestructurar toda su deuda bajo legislación extranjera, que asciende a unos 6.000 millones de dólares.
Para Martín Polo, jefe de Research de la consultora Mills Capital, lo que sucedió fue una especie de «globo de ensayo» lanzado por Kicillof, quien «no goza de confianza en el mercado por su pasado», para «testear» cuánta «rispidez podía haber con los acreedores», sabiendo que, pese a lo manifestado públicamente, el monto de deuda en juego se podía cancelar en caso de no lograr la adhesión necesaria.
«Si salía bien, era un milagro porque por qué los acreedores iban a aceptar que no les paguen si tampoco los números fiscales son tan angustiantes como lo estaba planteando Buenos Aires», dijo Polo a Efe.
El mercado reaccionó positivamente a la decisión de Kicillof de pagar y evitar un «default», pero los analistas consideran que el Gobierno bonaerense cometió errores que el Ejecutivo nacional debería evitar a la hora de renegociar la deuda con los acreedores privados, a quienes planea presentar una oferta de reestructuración en la segunda semana de marzo.
No hay consenso entre los expertos si el intento de aplazar el vencimiento por parte de Buenos Aires fue una estrategia acordada con el Gobierno del peronista Alberto Fernández.
«Si lo de la provincia y la Nación la debemos entender como una estrategia, no creemos que el resultado haya sido realmente el que buscaban. Por el contrario, la posición de Kicillof no sólo metió ruido innecesario -al menos, a la vista del resultado- a la reestructuración soberana, sino que lo dejo en una posición debilitada a él y su equipo para renegociar ahora toda su deuda», dijo en un informe la firma Portfolio Personal Inversiones.
Tampoco ayuda a Guzmán de cara a la renegociación de la deuda argentina al dejar a los acreedores la sensación de que aceptar lo primero que se les ofrece no es conveniente ya que, en algún punto, el deudor mejorará su oferta, reduciendo las pérdidas para los tenedores de bonos.
El caso bonaerense también deja en claro que los inversores no están dispuestos a hacer concesiones si la otra parte no les demuestra, más allá de la supuesta buena fe y la «voluntad de pago» expresada en las palabras, que efectivamente las autoridades tienen un plan macroeconómico que asegure que a futuro se podrán cumplir los compromisos de pago asumidos en un acuerdo de reestructuración.
«Esperamos que esto lo haya captado el Gobierno nacional cuando dentro de dos semanas deba presentar los lineamientos de sustentabilidad de la deuda», comentó Portfolio Personal Inversiones.
En coincidencia, Polo sostuvo que el Gobierno nacional, de cara a la negociación, «va a tener que descualificar el tratamiento del tema y hablar con los números en la mesa» y explicar con detalles cómo va a hacer para pagar a sus acreedores.
Según el experto, el caso bonaerense demuestra que los tenedores de bonos quieren cobrar, no están dispuestos a aceptar cualquier propuesta y «no tienen ningún apuro en tener que cerrar un acuerdo que implique una quita o lo que les plantee el Gobierno».
«Las negociaciones son ásperas. Llegar al 31 de marzo con la deuda reestructurada, como programa el Gobierno, es un escenario demasiado optimista. Yo creo que se va a demorar un poco más», añadió Polo. EFE
