En el país se percibe una brisa favorable para las grandes inversiones de largo aliento en diversos sectores de la economía y particularmente en infraestructura pública a través de diversos mecanismos de contratación.
Crédito columna: Martín Carlevaro, abogado – MBA. Asociado de Berkemeyer | BKM.
Durante la última década se ha cimentado y solidificado una destacable estabilidad macroeconómica y política, un manejo prolijo y cuidadoso de las cuentas públicas; así como el respeto a los contratos y la propiedad privada que han generado confianza en los inversores y financistas.
Todo esto sumado a las buenas tasas de rentabilidad, debido a una estructura de costos muy conveniente y variadas oportunidades de negocio, atentas a que Paraguay es un país que tiene muchos sectores a desarrollar.
Cabe destacar que el COVID-19 ha generado una retracción de la economía y el gobierno tiene en carpeta un agresivo plan de recuperación que apunta a inyectar recursos a la economía por más de US$ 2.000 millones. Priorizando la inversión en proyectos de obras públicas que tienen asegurado su financiamiento a través de créditos otorgados de multilaterales y parte de la emisión de bonos soberanos de abril de este año, cuyas condiciones nuevamente demostraron la buena salud de la economía local.
Ahora bien, se espera que el déficit fiscal este año alcance un 7% del PBI debido al impacto económico de la pandemia -aumento del gasto y endeudamiento público y baja en la recaudación por la menor actividad- muy por encima de la meta del 1,5% fijada en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que se venía siguiendo rigurosamente hasta el año pasado.
Estas condiciones ponen nuevamente a las Alianzas Público Privadas (APP) en el centro de atención, dado que con un adecuado diseño y eficiente distribución de riesgos, se pueden lograr inversiones privadas en cierta infraestructura muy necesaria para el país, sin aumentar el nivel de deuda pública y el déficit fiscal; toda vez que el participante privado asuma ciertos riesgos -que en otro tipo de contratación pública no asumiría- debiendo revertir la infraestructura concesionada al Estado al cumplirse el plazo del contrato APP.
En 2016, al amparo de la Ley de APP (5102/2013) se lanzó un ambicioso plan de infraestructura a ser financiada, diseñada, construida, mantenida y operada por el sector privado. Y en 2019, se comprobó que el sistema funciona con la obtención del cierre financiero en el proyecto de las Rutas 2 y 7 (US$ 550 millones), demostrándose un claro apetito del mercado local e internacional en financiar este tipo de proyectos, con gran suceso y en condiciones comparables a países con grado de inversión.
Un éxito que no todos los países logran y que Paraguay deberá aprovechar para aumentar el ritmo de inversiones privadas en infraestructura, con buenas condiciones para los inversores y para el Estado.
Los proyectos de APP han generado múltiples beneficios en los países de la región que adoptaron este sistema de contratación. En primer lugar, tienen los beneficios comunes a cualquier obra de infraestructura, como ser la mejora en la calidad de vida de la población, incremento en el nivel de empleo, mejora en la competitividad, reducción de costos de logística y de tiempos de traslado, efecto multiplicador de pequeñas empresas, crecimiento y dinamización de la economía. Pero además, las APP traen otro tipo de ventajas adicionales a los países, que no están presentes en otras modalidades de contratación como la obra pública tradicional, entre las que se destacan las siguientes:
– Empaquetamiento (en inglés bundling): La principal ventaja de los proyectos APP son las ganancias de eficiencia que genera el empaquetamiento de actividades que asume un solo actor, el participante privado, que se encarga del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, por el plazo del contrato APP.
Es decir que la misma empresa, al encargarse del proyecto desde el principio y durante una gran cantidad de años, tendrá en cuenta el ciclo de vida del proyecto, cuidando que el diseño y construcción no produzca ineficiencias futuras a la hora de operar y mantener el activo. Esto no suele suceder en la obra pública tradicional, donde la empresa a cargo del proyecto cobra por avance, y luego de entregarla se desentiende de la infraestructura que pasa a ser administrada por el Estado.
Es por ello que es común ver rutas públicas con fallas en el mantenimiento, cuando el Estado no tiene ni las capacidades, ni los incentivos para operar con buenos estándares de calidad, sobre todo si no existió una adecuada planificación, atendiendo solo necesidades de corto plazo o inclusive con fines electoralistas.
– Plazos de obra: Está comprobado estadísticamente que la construcción de un proyecto APP -al igual que un llave en mano- tiene 70% más chances de terminar en plazo que una obra pública tradicional. Toda vez que el participante privado recién comienza a percibir ingresos que remuneran su inversión, una vez que el proyecto ha sido ejecutado y se encuentra en operación, al estar supeditada la percepción de dichos ingresos a que efectivamente se preste el servicio de disponibilidad de la infraestructura incluyendo ciertos indicadores de calidad que deben cumplirse en la operación y mantenimiento.
En la obra pública en cambio la constructora cobra periódicamente por avance de obra.
– Filtro de elefantes blancos: En los proyectos de APP existen robustas pruebas de mercado efectuadas por los postores y por los futuros financistas, dificultando así la concreción de proyectos costosos e innecesarios, carentes de rentabilidad social y económica. A los controles previos a la licitación de un proyecto realizado por los organismos contratantes -entre otros, el análisis de valor por el dinero- se suman los del sector privado. Tanto el sector público como el privado realizan estudios de demanda, financieros, técnicos, etc. dado que ambos asumen riesgos en proyectos APP.
En otras modalidades de contratación es probable que esos estudios no tengan la profundidad necesaria, facilitando así la aparición de elefantes blancos. Esto representa, proyectos altamente onerosos e innecesarios para el sector de la población que se pretende beneficiar.
– Liberación de recursos fiscales: Esta característica aplica para los proyectos de APP autofinanciables, es decir aquellos que se repagan con las tarifas de los usuarios y sin aportes del Estado.
Estos recursos, al no ser utilizados para infraestructura pública, pueden ser destinados a otros fines, lo cual permite oxigenar las arcas públicas sin necesidad de aumentar impuestos o contraer deuda pública como suele ocurrir con la obra pública.
– Tarifas: En las APP autofinanciables existen además otros beneficios, destacando entre sus notas distintivas que suelen ser más equitativas, dado que la inversión efectuada por el contratista es repagada por aquellos que efectivamente aprovechan la infraestructura -por ejemplo, a través del peaje que se paga por el uso de una ruta concesionada. Asimismo, la fijación de tarifas reales de eficiencia evita problemas tales como el sobreuso de infraestructura o la falta de inversión.
El nivel de la tarifa podría ser además la variable de adjudicación del proyecto, en lugar de aplicar aquellas tarifas impuestas artificialmente por el regulador en base a consideraciones ajenas a su verdadera finalidad –ejemplo, con fines políticos- sin tomar en cuenta la ecuación económica del proyecto.
Finalmente este tipo de herramientas aumenta la profesionalización del sector público (y privado) dada la complejidad técnica de los proyectos, la ingeniería financiera y contractual que conllevan, así como estructuras para la obtención de financiamiento de largo plazo.
Atrayendo a actores de prestigio como bancos de inversión internacionales, organismos multilaterales, sponsors, fondos de inversión, concesionarios y grupos constructores multinacionales, que al relacionarse con el medio local generan una profesionalización y sofisticación en diversos niveles; por el know how que poseen, así como las innovaciones tecnológicas que incorporan al país receptor de la inversión.
En esta materia, Paraguay está transitando un camino que no puede ser menos que un círculo virtuoso, que redundará en beneficios sustentables para todos los actores involucrados, principalmente los usuarios. Están dadas todas las condiciones para aprovechar esta gran oportunidad de continuar atrayendo a inversores y financistas de prestigio internacional -a buenas tasas- como se hizo con la APP Rutas 2 y 7.
