Asunción, 17 may (EFE).- El Gobierno de Paraguay presentó este viernes al Senado dos proyectos de ley con los que busca aumentar las penas y sanciones por el robo de energía destinada a criptominería ilegal, y atraer las inversiones en proyectos de generación eléctrica de fuentes no convencionales y no hidráulicas.
La vocera de Gobierno, Paula Carro, anunció en una conferencia de prensa que el Ejecutivo impulsará, con carácter de urgencia, un proyecto de Ley que modifica el Código Penal y eleva hasta 10 años de cárcel la pena para «quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje en media tensión o niveles superiores».
Además, la propuesta dispone la incautación de los bienes utilizados para el robo de energía, de los que la estatal Administración Nacional de Energía (Ande) podrá solicitar su uso provisional y ser beneficiario con el comiso.
«Este es un proyecto de ley que busca proteger la eficiencia de la Ande, como empresa pública, de una verdadera amenaza, que es hoy la sustracción en grandes cantidades de energía por parte de los establecimientos ilegales de criptominería», afirmó Carro.
Si la ley es sancionada por el Congreso, las penas pasarán de tres años de cárcel a cinco, si la sustracción de energía es en baja tensión, o se aplicará una multa.
En el caso de que el robo de energía suceda en una instalación de media tensión o niveles superiores, la pena ascenderá a 10 años.
El Gobierno promoverá igualmente un proyecto que modifica varios artículos de la Ley de fomento, generación, producción, desarrollo y utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable no convencionales, no hidráulicas.
La iniciativa prevé que los contratos para los generadores, transportistas y exportadores de energía renovable no convencional podrán ser de hasta 30 años, y ya no de 15, como establece la ley vigente.
Al respecto, el presidente de la Ande, Félix Sosa, puntualizó que la estatal pierde anualmente entre 50 y 60 millones de dólares por robo de energía eléctrica.
Solo en este año, la Ande realizó 17 intervenciones de «gran magnitud» en establecimientos de criptominería ilegal, que «representa más de 50 megavatios de potencia desconectada», afirmó el funcionario.
Estimó que en cada caso la energía no facturada sumó aproximadamente 700 millones de guaraníes mensuales (unos 93.500 dólares).
Sosa indicó que el crecimiento del consumo de energía del país en los últimos dos años llegó al 12% y además estimó que aproximadamente para 2030 se utilizará toda la potencia de las hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá. EFE
