Nueva ofensiva para monitorizar legalmente las comunicaciones – Revista PLUS

Nueva ofensiva para monitorizar legalmente las comunicaciones

Reino Unido ha presentado un proyecto de ley que permitirá a los proveedores de servicios conservar los datos de los usuarios. Así solventará el vacío legal creado por la sentencia de la UE contra este sistema.

El pasado 8 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) declaró nula la directiva de conservación de datos, que obligaba a los proveedores de servicios a conservar las comunicaciones, por tratarse de una injerencia en derechos fundamentales, como el respeto de la vida privada y a la protección de datos.

Tras esta sentencia, Reino Unido ha sido el primer país de la Unión Europea (UE) en dar un paso adelante y aprobar este proyecto de ley para permitir la retención de datos.

«A menos que actuemos ahora, no podremos utilizar la información retenida para llevar ante la Justicia a los criminales y mantener seguro el país», explicó el primer ministro británico, David Cameron.

«Reino Unido ha decidido crear una normativa nacional para dar cobertura legal a sus fuerzas de seguridad en las investigaciones sobre terrorismo y actividades delictivas graves, ya que hasta que la UE no genere una nueva directiva para cubrir el vacío legal creado por el fallo del tribunal europeo, los investigadores perderán una herramienta esencial», explica Alonso Hurtado, socio del área de tecnologías de la información de Ecija.

Problema de formas

Cabe resaltar que la sentencia del TJUE no ponía en duda el fondo de la directiva, sino las formas, ya que la injerencia en la vida privada de los ciudadanos no estaba delimitada a lo estrictamente necesario.

«En la normativa europea sobre retención de datos en las comunicaciones no quedaba claro lo que era posible monitorizar o registrar ni quienes podían tener acceso a esas informaciones. El Gobierno británico, a la espera de que la UE apruebe una nueva directiva que salve estos problemas, ha aprobado esta nueva legislación haciendo caso de las recomendaciones recogidas en el fallo del TJUE», añade Hurtado.

Efectivamente, este proyecto de ley elaborado por la vía urgente permitirá exclusivamente a las fuerzas de seguridad del Estado acceder a los datos de emisor y receptor de la comunicación, la localización desde donde se hizo, la duración, la fecha y hora y el equipo utilizado.

En ningún caso, los proveedores de servicios de telefonía e Internet registrarán el contenido de las comunicaciones. Según explicó el Gobierno británico, la información que tratan de cubrir legalmente es utilizada en un 95% de los casos que investigan delitos organizados de fraude, pederastia o actividades terroristas.

Una vez iniciado este proceso, la siguiente pregunta que surge es: ¿qué debería hacer España y el resto de países de la UE? El letrado del Ecija entiende que los 27 Estados de la Unión Europea deberían seguir los pasos de Reino Unido, ya que este tipo de delitos han dejado de ser nacionales y sólo con investigaciones coordinadas a nivel global se podrá detener a los presuntos culpables.

Lo lógico ante esta situación es que la UE actuase de manera urgente para solventar el problema legal, pero el cambio de legislatura que se está llevando a cabo actualmente parece que podría retrasar todos los asuntos pendientes.

Actuar de inmediato

Frente a esta posible demora, que podría frenar la actividad legislativa europea hasta 2015, Hurtado cree que España debería actuar de inmediato. «En España se elaboró la ley para permitir la monitorización de comunicaciones tras los atentados del 11-M y se hizo correctamente. Por esa razón, no parecería ni razonable ni coherente que nuestro país no moviera ficha en este asunto. La legislación nacional sigue en vigor –no se ha publicado ninguna nota en el BOE que diga lo contrario–, pero sería positivo que como ha hecho el Gobierno británico se solventaran los problemas expuestos en la sentencia del TJUE. Sólo de esta manera, estas pruebas serían aceptadas por un juez en un proceso litigioso».

Este último asunto es esencial para entender la actuación de Reino Unido. Los expertos en tecnologías de la información tienen muy claro que la posible nulidad sobrevenida de una normativa nacional que traspone al derecho local una directiva comunitaria sería la primera arma que utilizarían los abogados de un presunto delincuente.

En este caso, los jueces tendrían que declarar la nulidad de una prueba si ha sido obtenida amparándose en una norma ilícita.

Autorización sin la intervención de un juez

El proyecto de ley de retención de datos de Reino Unido ha generado un gran revuelo. La polémica se ha centrado en varios asuntos: por un lado, su aprobación se ha realizado por la vía urgente, sin permitir el debate en sede parlamentaria, algo que ha crispado a la oposición.

Sin embargo, lo que ha levantado más ampollas es que esta nueva legislación permitirá que los servicios de seguridad británicos puedan acceder a los teléfonos y a las comunicaciones electrónicas de supuestos delincuentes o grupos terroristas sin requerimiento judicial previo y contando únicamente con un simple mandato del Ministerio del Interior.

Para tomar esta decisión, los legisladores se han amparado en la mayor celeridad de este sistema. Las fuerzas de seguridad conseguirán la autorización a través del ministerio rápidamente y este periodo podría dilatarse en el caso en el que tuviera que intervenir un juez.

Según explicaron, en este tipo de asuntos, centrados en las comunicaciones de voz y electrónicas, la inmediatez es esencial y si no se logra rápidamente una autorización para monitorizar los datos, la prueba técnica puede desaparecer para siempre.

Fuente: Expansión

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