Abogado de la Asociación Rural expresó su preocupación por los incumplimientos de la Ley en el país, y señaló que el principal obstáculo por el cual atraviesan los propietarios de tierras, es el “ Plan de Acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno,” más conocido como Protocolo del Ministerio del Interior, proveniente de la época del Ministro Carlos Filizzola como Ministro del Interior, Javier Díaz Veron Fiscal General del Estado y Crio. Gral. Paulino Rojas en el año 2012. Calificó como un estatuto para “garantizar la violación de derechos y protección a los atropellos”.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP), a través de su Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, recibió hasta hoy unos 17 casos de invasión de tierras, algunos de ellos con denuncias por deforestación indiscriminada en bosques nativos. Sin embargo, propietarios no cuentan con garantías ni respuestas eficientes por parte de las autoridades. El caso más importante es el de la Ganadera Pindó S.A., debido a que los invasores se encuentran deforestando de manera indiscriminada una Reserva Forestal de 2.780 hectáreas.
Al respecto, el presidente de dicha Comisión, Miguel Doldán, aseguró que la principal desventaja por la que atraviesan los propietarios de tierras es el protocolo que deben cumplir frente a invasiones (desde el 2012). Señaló que más bien es un estatuto para garantizar la violación de las leyes, y garantiza el atropello tanto a propiedades privadas como estatales. Esto impide que, en la práctica, se lleven a cabo los desalojos y la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños, por el gran obstáculo burocrático de notificar a un sinnúmero de instituciones antes de realizar procedimientos policiales, indicó.
Sobre el “protocolo,” Doldán aclaró que no desean la eliminación de dicho documento, pero que sin embargo, plantean lograr una flexibilización de la burocracia, para brindar mayores garantías a los legítimos propietarios y que los procesos de restitución se realicen de manera más instantánea.
Afirmó que además existe un nuevo “ Instructivo No. 7 de fecha Junio del 2015” de la Fiscalía General del Estado en donde se estipulan los “procedimientos”, en salvaguarda de los derechos de varios actores involucrados, “obviando y pisoteando los derechos del propietario”.
Comento también …..“¿Qué pasa si mañana esta gente entra a un supermercado o a un shopping y reclaman el terreno?, la policía probablemente los expulsará a la fuerza del lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un supermercado y un establecimiento ganadero? ¿Por qué un establecimiento agrícola, agroforestal o una Reserva privada debe cumplir un protocolo en casos de invasión ilegal? ¿Por qué mejor no aplicamos ese mismo protocolo a todo el país y en todas las situaciones?”, fueron los cuestionamientos planteados por el alto Directivo de la ARP.
Presión política
Doldán comentó que el foco del problema radica en la política, con ciertos políticos que aparentemente se encuentran detrás de estos atropellos injustificados e ilegales. Explicó que inclusive en algunos casos, se han documentado con fotos y grabaciones, la participación de algunos parlamentarios en casos de invasiones de tierras registrados en diversas partes del país, quienes alegan cumplir su función de “atender los reclamos sociales”.
Aseveró además que existe una presión ejercida por políticos sobre las instituciones encargadas de hacer cumplir la Ley, entre ellas el Poder Judicial, Fiscalía y la Policía Nacional, que son los brazos ejecutores de la orden del Juzgado, lo que impide ejecutar sanciones y consumar lo que dicta la Ley.
“Todo el sistema se ve afectado, ya que un policía, con orden judicial o acompañado por la Fiscalía, acude al sitio con el fin de expulsar a los invasores de una propiedad, a veces con el uso de la fuerza, como lo establece la Constitución Nacional “ pero luego el funcionario policial y el judicial son denunciados por el mismo delincuente, siendo este último protegido por algunos “representantes del pueblo paraguayo,” ( senadores y diputados ) que fueron electos con el voto popular”, manifestó.
En este sentido, el profesional del derecho indicó que el problema de estos litigios en contra de policías supuestamente “violentos” en el ejercicio de sus funciones constitucionales ( el uso de la fuerza ) caen luego en una Comisión del Congreso que tiene la facultad constitucional de “ evaluar los ascensos de policías y militares…” y por consiguiente están a las resultas de lo que decida esta comisión en relación a sus ascensos, esta Comisión casualmente, tiene como integrantes a algunos parlamentarios que se encuentran detrás de las invasiones ilegales.
Asimismo, dijo que es función privativa del Estado hacer cumplir las leyes sin ningún tipo de restricciones, y que no se debería imponer ningún tipo de sanciones a los funcionarios por cumplir lo que la ley manda, lo que actualmente no se da. Normalmente, cuando la parte política no está de acuerdo con las medidas de seguridad tomadas por la fuerza policial o militar, directamente se les aplica sanciones a los mismos. Hay que dar garantías a las fuerzas de seguridad del Estado ( policía, fiscales y militares ) para que cumplan con su misión, y para que ejecuten lo que la Ley manda, sin temor a ser procesados por eso”, afirmó.
País atrasado
Por su parte, el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Germán Ruíz, aseguró que este tipo de situaciones no ocurren en los países más progresistas del mundo, en donde la Ley se cumple a rajatabla y los castigos son fuertes para cualquier persona que lo infrinja.
Ruíz acotó que Paraguay no podrá desarrollarse como país si no se resuelve el eslabón del respeto a la propiedad privada y mientras se tenga el problema de incumplimiento de las leyes.
“En países como EEUU o Chile no aceptan ni siquiera dos horas este tipo de delitos; las personas que violan las leyes al instante son detenidas, porque no puede ser que una persona figure como dueño de la propiedad y no tenga control ni garantías de lo que es suyo”.
El directivo del gremio, señaló que la Constitución Nacional contempla intervenciones del Estado para garantizar la seguridad para las personas, pero que sin embargo es lo que menos hace. El mismo sintetizó que la ARP tomará las acciones necesarias para lograr lo que el Gobierno paraguayo no logra, que es la seguridad absoluta a la propiedad privada. “La Ley tiene que ser igual para todos, y hoy en día existe una flagrancia total de la misma”, expresó.
Deforestación impune
Con respecto a la progresiva deforestación registrada en el país desde hace algunos años, el principal vocero del gremio rural, sostuvo que existe mucha permisividad para violar leyes y atentar contra los mismos intereses humanos y nacionales. Alegó que cualquier persona que realice actividades de deforestación debe ser considerada como un delincuente, ya sea el propietario de las tierras, el ganadero, el campesino con tierra y sin tierra o un indígena.
“Por el hecho de ser indígena, o campesino sin tierra menos favorecido desde el punto de vista económico, ¿la persona está permitida a deforestar? El problema está en que hay ciertos sectores que tienen derecho a violar la Ley”, ratificó.
Comisión de defensa
El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, Miguel Doldán, explicó que la función principal del gremio, es apoyar y brindar protección a productores que se sienten desprotegidos justamente con casos de violación de sus derechos, sin importar que estén o no asociados a la ARP.
Existen registrados unos 17 casos de invasión a propiedades privadas, sin embargo, aclaró que no son los únicos casos en Paraguay, sino que se trata de denuncias hechas por propietarios que acudieron a la Comisión y han acercado sus documentos.
“Nosotros nos acercamos a las fuentes donde están los problemas. Pedimos audiencias con fiscales en el Poder Judicial, Policía Nacional, Ministro del Interior, etc. Establecemos un procedimiento dentro de la Comisión, en donde la persona afectada por cualquier problema en relación a su propiedad, ya sea invasión, proyecto de expropiación, presiones, y ahora un nuevo delito, que es la extorsión”, afirmó.
Casos registrados por la ARP
- Estancia Laguna S.A., Invadido por Indígenas de la parcialidad Ava Guaraní, en la Localidad de Pindoty Pora, Distrito de Corpus Cristi, Dpto. de Canindeyú. 4700 Hs.
- Ganadera Pindó. Estancia Naranjito. Ybyrarobana, Canindeyú, invadido por campesinos sin tierras. 4499 Has. Invasión, deforestación, tala de árboles.
- COMPENSA, Grupo Lievig SA. Ocupación Indígena. Depat. Pdte. Hayes (Expropiado), REALIZAN DEFORESTACIÓN. Se presentó solicitud de Incostitucionalidad.
- Caso Mario Clari: Guayaibi – Dpto de San Pedro. Invasión de Propiedad.
- Caso Vela Dpto. San Pedro. Invasión de Propiedad
- Caso Mcal López. Dpto Caaguazú. Invasión de Propiedad
- Caso Román Fleytas. Tobatí – Inmobiliaria del Este. Invasión de Propiedad
- Caso Barbero – Dpto San Pedro. Invasión de Propiedad y pedido de Expropiación.
- El Caso de Moises Bertoni Dpto de Caazapa – Familia Girala. Invasión de Propiedad.
- Caso Ing. Velazquez Durañona. Alto Paraná. Invasión de Propiedad y Deforestación.
- Caso La Blanca SA. Dpto San Pedro. Invasión y pedido de expropiación.
- Caso Fructuoso Mendoza (Departamento de Paraguarí). Invasión de Propiedad.
- Caso Sra. Gloria Chávez – Gral. Bruguez Chaco. Invasión de Propiedad
- Caso familia Brusquetti y Cía – Pedro P. Peña – Boquerón Chaco. Invasión de Propiedad.
- Caso Kurlt Timcke. Dpto Boqueron – Pedro P. Peña. Invasión de Propiedad.
- Caso Eitel Simon. Itapua – Naranjito. Invasión de Propiedad y Pedido de Expropiación.
- Caso Estancia San Lucas, Rodolfo López Núñez – Distrito Pedro P. Peña, Boquerón Chaco. Invasión violenta de Propiedad
