Vinculan ex tesorero de PT y ex ministro con fraude a jubilados – Revista PLUS

Vinculan ex tesorero de PT y ex ministro con fraude a jubilados

247 – La Policía y el Ministerio Público vincularon el jueves al ex tesorero del Partido de los Trabajadores Joao Vaccari y al ex ministro de Planificación y Comunicaciones Paulo Bernardo Silva, detenido en Brasilia, con un fraude en los préstamos concedidos a jubilados y pensionados del sector público.

Según estimaciones policiales, el fraude alcanza los 100 millones de reales (unos 29 millones de dólares) y el bufete vinculado con el ex ministro recibió al menos 7 millones de reales (dos millones de dólares).

«Identificamos la participación del ministro que recibía (parte del dinero desviado) a través de una oficina de abogados. Había un porcentaje que él recibía y otros servidores también recibían a través de empresas de fachada y tramitadores», declaró en una rueda de prensa en Sao Paulo el comisario Rodrigo de Campos Costa, citado por EFE.

Según el comisario regional de Combate al Crimen Organizado, el fraude comenzó cuando la Receita Federal, el ente recaudador de impuestos, dejó de administrar los préstamos de los bancos para servidores públicos y el Ministerio de Planificación contrató una firma privada para realizar la gestión, Consist Software.

Esta empresa de informática repartía el 70 % de su facturación para terceros implicados en el desvío de recursos, según el superintendente de la Receita Federal, Fabio Ejchel.

El esquema de desvíos se aplicó en los préstamos bancarios para servidores públicos, pensionados y jubilados, que eran descontados directamente de su salario, lo que representaba poco riesgo para los bancos acreedores.

«Por cada cuota que los jubilados pagaban existía un pago de un real (unos 29 centavos de dólar) por los servicios de administración y control de la empresa», que en realidad debería recibir solo 30 centavos de real (unos 8,8 centavos de dólar), detalló Ejchel.

De acuerdo con el fiscal federal Andrey Borges de Mendonça, del volumen total defraudado en este esquema de desvíos, alrededor de 29,5 millones dólares, «un porcentaje» era destinado a las arcas del PT a través del entonces tesorero del partido João Vaccari Neto, encarcelado por su implicación en la red de corrupción de Petrobras.

Mientras, el bufete de abogados del exministro recibió 7 millones de reales como intermediario en el fraude y Silva supuestamente se quedó con un 80 por ciento de esta cantidad.

«Aún saliendo del Ministerio de Planificación, (Silva) continuaba recibiendo (dinero) cuando estaba en el Ministerio de Comunicaciones», denunció Campos.

«Esa organización era encabezada por el ministro», afirmó a su vez Ejchel.

Silva, un importante dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, fue detenido este jueves en Brasilia en el marco de una nueva operación de la Policía Federal contra la corrupción asociada a la petrolera estatal Petrobras.

El ex ministro, que fue trasladado a Sao Paulo, fue titular de Planificación en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, fundador y máximo líder del PT, y ocupó la cartera de Comunicaciones durante la gestión de su sucesora Dilma Rousseff, sustituida desde el pasado 12 de mayo por su entonces vicepresidente, Michel Temer, para enfrentar un proceso de destitución.

El también ex ministro de Previsión Social del Gobierno Lula Carlos Gabas fue interrogado hoy en Brasilia por «tener una fuerza muy grande en el Partido de los Trabajadores», explicó Campos.

La senadora del PT Gleisi Hoffmann, esposa de Silva y una de las principales defensoras de Rousseeff en el proceso de juicio con fines destituyentes que avanza en el Senado, también ha sido citada en la operación ‘Lava Jato’ y de acuerdo con Campos la corte Suprema deberá pronunciarse al respecto.

La operación ‘Costo Brasil’, nombre elegido por los daños que ese fraude provocó en la sociedad, según Ejchel, es un «desdoblamiento» de la operación ‘Lava Jato’, como se conoce el caso de corrupción en Petrobras.

En el esquema de corrupción de Petrobras se investiga a las principales constructoras del país, antiguos altos cargos de la compañía y unos cincuenta políticos acusados de sobrevalorar contratos y repartirse el pago de los sobornos.

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