El divorcio entre obra pública y la privada – Revista PLUS

El divorcio entre obra pública y la privada

 

* Crédito columna: Alejandro Kladniew

 * Publicada en la edición impresa de Revista PLUS Julio 2016

No confundir problemas de gestión con corrupción.

Sería necio discutir que el gobierno Cartes ha decidido que debe invertir en la obra pública y que ha (de diferentes formas) conseguido más fondos de los que habitualmente el país contaba.

Esto, para llevar adelante una actualización de la infraestructura que todos sabemos es pobre y obsoleta por padecerla día a día y porque así lo indican todos los índices de evaluación de los organismos regionales e internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otros

Sin embargo la percepción de los ciudadanos es que la ejecución y el ritmo de las obras no se condicen con los objetivos que se trazó el gobierno Cartes.

Las mismas parecen ser lentas, más complejas que lo que en principio  se plantean y suelen generar muchas incomodidades en parte por sus problemas de implementación y tiempos de ejecución.

A la vez la ciudadanía observa que obras civiles privadas se hacen en forma rápida y eficiente, generando de esta forma un contraste muy fuerte entre unas y otras.

Es cierto que muchas veces la obra pública puede ser más compleja que la privada: requiere de acuerdos de mayores actores, de mayores procedimientos burocráticos y también en algunos casos de mayores dificultades de proyección y ejecución.

Sin embargo es el propio gobierno el que no logra cumplir o hacer cumplir con los plazos previstos los contratos firmados y en esos casos buena parte de la población pregunta con desencanto y razón por qué pasan esas cosas. 

Freno en la gestión 

He visto muchas veces a través de las redes sociales y también en reuniones personales, aducir que los problemas de la postergación y/o el mayor costo de obras se deben a hechos vinculados básicamente a corrupción.

Al respecto creo que una buena forma que las autoridades tienen de intentar modificar esta opinión de gran parte de la población es hacer las cosas según contrato en lo que se refiere a montos, plazos y calidad.

De esta forma la ciudadanía no tendría motivos para tener tantas dudas y reparos sobre gobiernos y funcionarios, que tanto daño le hace al país.

Creo sinceramente que en la actualidad, es muy posible que haya más responsabilidad en la obra pública en la falta o mala gestión; que en la corrupción.

Asumir un problema de gestión ya no sería solo poner la culpa en otro (desde el punto de vista moral, como es el caso de la corrupción) sino asumir un problema estructural del Estado y de la sociedad toda en cuanto a educación, capacitación y formación en el país.

Es decir si contamos con la calidad y cantidad de recursos humanos adecuados e idóneos para los proyectos que se necesitan encarar.

Un contrasentido

El gobiernoCartes debe analizar la situación y tomar medidas urgentes que mejoren la gestión. Esto puede pasar porque las licitaciones no están bien hechas; se elige mal a las empresas ganadoras; el control es ineficiente; o porque hay una suma de los 3 errores en su conjunto y otras variables que quizás sea difícil de apreciar sin estar en el día a día de estos procesos.

En cuanto al divorcio entre la obra pública y la privada, tal como señala el título de esta nota, me quiero referir a un caso particular, pero que puede reflejar clara y descriptivamente la situación a la que hacemos mención.

Desde hace tiempo se viene discutiendo acerca de la instalación o no de determinadas subestaciones de la ANDE para que nutran, entre otros, de energía a los nuevos emprendimientos de viviendas, oficinas y comercios que emergen día a día en la ciudad de Asunción.

Al respecto ha habido idas y vueltas de diferentes organismos públicos, mientras dichas construcciones eran aprobadas tanto por la Municipalidad como por la Secretaría del Ambiente (SEAM).

Resulta que no habiendo restricciones de generación de energía eléctrica en el país, habiendo fondos para inversión y habiéndose dado todos los permisos legales y administrativos para las obras en ejecución; la ANDE argumenta que no sabe si podrá proveer de energía necesaria para los nuevos edificios e incluso modifica a diario sus posiciones al respecto, no dando certezas acerca del suministro de energía necesario para que esos emprendimientos tengan la energía necesaria para su funcionamiento.  

Pregunta de fondo

¿Alguien está evaluando el perjuicio que de seguir esta situación podría significar en términos de inversión, trabajos, juicios, opinión pública?

Es decir (y en términos concretos) mientras desde el gobierno central se alienta a todas las formas de inversión privada, desde otras dependencias oficiales es como si estuvieran haciendo lo inverso.

En síntesis, podemos decir que es una excelente y bienvenida medida la inversión en obra pública, la misma mejorara la infraestructura y logística del país, generando puestos de trabajo.En el futuro esto debería redundar en mejora de costos y calidad de vida para los paraguayos.

Sin embargo la falta de cumplimiento entre lo que promete el gobierno en cómo se hará, en qué plazo y cuánto costarán las obras versus lo que después termina mostrando la realidad; genera en la población una sensación de ineficiencia y corrupción.

Asimismo se observa una falta flagrante de coordinación de políticas, implementación y ejecución entre diferentes organismos oficiales.Esto también encarece y atrasa las obras, generando mal humor en la sociedad.

No solo cuando se mejore esto la ciudadanía seguramente estará más satisfecha, sino que posiblemente será un punto de inicio, de partida, para que la misma se sienta más identificada y comprometida con el pago de servicios e impuestos.

 

Tapaa

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