Presupuesto 2017: Estabilidad y prudencia en el umbral de un agitado escenario político

* Crédito columna: Julio Ramírez, Cadep

Para el año 2017,antesala de un agitado escenario político, fue presentado un Presupuesto General de la Nación (PGN) prudente, en el que se incrementa levemente el gasto en servicios personales, pero no hay aumento de salarios para los funcionarios públicos. 

El proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo mantiene el déficit presupuestado dentro del margen del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB)que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.Pero este proyecto de ley todavía debe pasar por el filtro del Poder Legislativo y por las presiones de diversos sectores que ya se comienzan a sentir en reclamos del gremio médico y de las gobernaciones.

El escenario macroeconómico esperado prevé un crecimiento del 3,8% del PIB y una inflación del 4,5% en 2017 que, en ambos casos, están por debajo del promedio histórico. Se espera, pues, un año poco dinámico, afectado por la ralentización de las economías de Brasil y Argentina y del consumo de granos en China, uno de los principales demandantes de los commodities agrícolas exportados por el Paraguay. El tipo de cambio orillaría los 6.000 guaraníes por dólar (Cuadro 1).

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El ingreso impositivo esperado es de unos G 20,9 billones,o US$ 3.800 millones, que equivalen a una presión tributaria de 12,4% y representan un incremento de 9% con relación a lo que se estima recaudar en el 2016.El déficit fiscal estimado sería del 1,5%del PIB, del orden de US$ 472,6 millones.

De acuerdo con las estimaciones de ingresos, la estructura tributaria se mantendrá prácticamente inalterable en 2017, siendo el Impuesto al Valor Agregado el principal tributo con una participación de 53,9% en el total, dinamizada por el pago del IVA de las cooperativas y el aumento del mismo a las motocicletas.

El Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS) representaría el 19,72% de la recaudación total, mientras que el Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias (Iragro) solo 1,57%. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) llegaría a tener una participación de 11,74% y los aranceles a la importación8,86% (Cuadro 2).

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Entre los ingresos no tributarios se destacan los de las Entidades Binacionales, que rondarían los US$ 540 millones.

Además, el Ejecutivo pedirá la autorización del Congreso para emitir bonos del Tesoro por G. 3,3 billones, equivalentes a unos US$ 602 millones al cambio actual,de los cuales cerca de US$ 25 millones corresponderá a la emisión de bonos soberanos.

Por otro lado, la inversión social llegará al 56,7% del total de gastos de la Administración Central, con un incremento del 0,8% con respecto al ejercicio fiscal 2016, manteniéndose así su participación histórica.El presupuesto 2017 asegura la financiación de los principales programas sociales, la mayoría de los cuales aumenta su cobertura, entre los quese destacan la pensión de adultos mayores que llegaría a 190.000 beneficiarios y el programa Tekoporã de transferencias monetarias condicionada que alcanzaría a 150.000 familias (Cuadro 3).

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El principal desafío de la administración del presidente Cartes será conseguir que el Congreso mantenga los topes de los gastos, en línea con los ingresos estimados. Históricamente, dicho organismo siempre ha incrementado los niveles de gastos por motivos más bien políticos que técnicos.

Paralelamente,cada vez que el Poder Legislativo trata el Presupuesto General de la Nación comienzan las demandas de diferentes grupos sociales a las que se suman los reclamos de la clase política, fundamentalmente del Partido Colorado. Como sectores de este partido han dejado de estar conformes con la gestión del presidente Cartes, optarían por recurrir directamente a los diputados y senadores para presentar sus peticiones y exigencias de más presupuesto.

Otro factor a considerar es el poder que tiene el Senado de modificar por medio de la ley anual del presupuesto otras leyes que regulan la aprobación dela misma, como la Ley de Administración Financiera del Estado y la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Un antecedente positivo es que en 2016 se logró cerrar el presupuesto con un déficit acotado dentro del límite que la LRF establece, pero en un año político podría prevalecer la tentación de expandir el gasto para satisfacer los reclamos de clases sociales con sentido proselitista, cuando prime el interés político de ganar votos en las elecciones partidarias y nacionales de 2018.

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