* Crédito columna: José Carlos Rodríguez, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)
Políticamente las cosas están desordenadas. Y pueden continuar peor si la violación de la Constitución para la reelección ‘obtiene los votos’. Sea por la vía judicial, sea por la vía parlamentaria.
La violación chicanera de la Constitución es nuestra más larga y sólida tradición autoritaria, desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El dictador Stroessner convocaba a elecciones y después las ganaba. Solo que en forma fraudulenta.
Y, cuando fue derrocado a balazos no se rindió, simplemente ‘renunció’. En aquel entonces, y mucho antes, la dictadura ya estaba fuera de ley en los textos jurídicos, aunque en la práctica constituía el régimen político vigente.
Al igual que los tratos crueles e inhumanos, que eran jurídicamente ilegales. Su práctica era la forma cotidiana de la gestión del gobierno. En los textos éramos una democracia, materialmente una tiranía.
Cuando está llegando a su término su mandato, Horacio Cartes enfrenta el síndrome de abstinencia del poder, el temor a dejar de ser presidente. Hay literatura sobre el terror de todo estadista republicano al término de su mandato, en todo el mundo.
Pero su exageración, una patología que reviste el Paraguay, requiere cuidado. De ahí que la Convención Nacional Constituyente en ese punto haya prohibido la reelección. Lo hizo por unanimidad y en forma draconiana en 1992. Esta Carta Magna se propuso abolir la dictadura y prevenir su repetición. Por eso, dice en el artículo 229 que el presidente no podrá ser reelecto en ningún caso. Y, luego, que ese artículo solo puede ser cambiado por reforma (290), no por enmienda constitucional. Doble candado ante una tentación inmensa.
La no reelección podría ser cambiada por los medios constitucionales. E idealmente con un fuerte consenso, pero no a la medida del presidente saliente, para evitar su partida, cuando se halla al borde del fin de su mandato.
Aunque era completamente reacio y ahora no fue muy explícito, el presidente Horacio Cartes estaría ahora interesado en violar la Constitución ignorando el artículo 290 para ser reelecto. Esto es, gestionando votos para una enmienda, cuando este procedimiento no es válido para hacer posible la repetición del mandato presidencial.
De parte de la oposición, el Frente Guasu, aunque no Lugo, está también interesado en desconocer el artículo 290 y hacer un cambio constitucional por vía de la enmienda para permitir la reelección. Parte del liberalismo lo apoyaría.
Lugo defiende que, en realidad, el artículo 229 nunca había prohibido la reelección, formulando una interpretación de su texto que ya fue explícitamente desautorizada por el Tribunal Electoral. La Corte Suprema de Justicia daría la última palabra.
Por el momento, la reelección por vía de la violación constitucional no tiene los votos necesarios. Forzar a la Corte Suprema tiene un costo político demasiado grande. Contra los procedimientos ilegales de establecer la reelección se encuentran sectores muy importantes de la sociedad.
El sector dirigente del liberalismo, el sector opositor del coloradismo, organismos religiosos católicos y protestantes, gremios empresariales como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Federación de la Producción la Industria y el Comercio (Feprinco), ONGs convocadas por Decidamos, la mayor parte de la prensa escrita del país, gremios del sector financiero, asociaciones de abogados, la mayor parte de los expertos en derecho; todos los cuales consideran que no bastan los votos, sino un procedimiento válido y previsto en la propia Ley Guasu.
Una movilización sobre el tema tuvo buen apoyo. El tema genera inmenso malestar. El precio internacional de los bonos soberanos ha caído, señal inequívoca de que este tipo de turbulencias políticas tampoco tranquiliza a las finanzas. Y, lo que es peor, los cambios son materialmente ‘factibles’.
La Corte Suprema de Justicia, que ya había omitido el fallo a tiempo en relación al procedimiento del derrocamiento de Fernando Lugo, perpetrado en pocas horas, sin darle ocasión para defenderse, puede fallar que, 25 años después de promulgada la Constitución Nacional, había sido que la reelección está autorizada.
Sería un prevaricato y se especula que puede hacerlo incentivo mediante. Esto es, puede dictaminar que, ‘en ningún caso’ no significa en realidad ‘en ningún caso’ como dice el artículo 229; o que, el “No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado…”, del artículo 290, no está diciendo eso que formula en forma apodíctica.
Que esto pueda ocurrir de facto, como ya ocurrió con la deposición del presidente Lugo, a través del ejercicio ilegal de las instituciones oficiales de la república, significa que la república está en peligro, aunque se mantengan ciertas formas, según una vieja tradición paraguaya.
De hecho, una alianza entre los liberales del dirigente Blas Llano, parlamentarios del Frente Guasu y colorados oficialistas seguidores de Horacio Cartes, puede unir voluntades y votos para ganar la vía de la enmienda, en contra de la ley, aunque hasta ahora no le alcanzan los votos.
Los votos podrían ser generosamente incentivados. Se trataría de otro golpe de Estado parlamentario o, su alterativa, un golpe de Estado judicial. La política del oxímoron (paradoja) en la cual hay ‘pos-verdades’ y no mentiras, y golpes institucionales no militares, en contra de la Constitución Nacional.
La gravedad de estos atentados contra la Constitución Nacional consiste en lo siguiente. Ya se la violó contra Lugo, pero él no era un protagonista del sistema tradicional. Era demasiado extraño: obispo, transgresor, impredecible.
Toda la clase política (prácticamente) violó la Constitución contra el ‘transgresor’, que no lo era, pero, así era visto desde los anteojos de la inmensa mayoría que se sumó en su contra. Se violó la Constitución contra los de afuera del sistema político. Nuestra democracia es excluyente. Ahora se quiere violar la constitución contra los de adentro: colorados contra colorados y liberales contra liberales.
Eso es la destrucción del resto de contrato social vigente, que había sido penosamente adquirido. Esta ruptura del contrato social no se burla de aquellos que no eran tomados en cuenta para el sistema político, de esos que apenas cuentan o que nada cuentan tampoco ahora, de los ‘zurdos’ (la izquierda), que es la forma conservadora para referirse a la ciudadanía que busca cambios para hacer más incluyente a la sociedad.
La nueva ruptura del contrato social se burla de aquellos que históricamente cuentan, de los propios partidos centenarios y sus seguidores. Y se burla del empresariado, de las instituciones religiosas y jurídicas, del establishment. Los liberales van a traicionar a liberales, aliándose con sus adversarios, lo colorados van a traicionar a colorados, sin cambiar de camiseta, como lo hizo Lino Oviedo.
La incertidumbre florece. Queda imprevisible la arbitrariedad del poder cuando el estado de derecho colapsa. La gobernabilidad de un gobierno que se inicie ilegalmente, como el de Federico Franco, tiene un futuro poco auspicioso.
* José Carlos Rodríguez. La democracia en peligro
