Clientes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, realizaron reclamos sobre continuos cortes del suministro de energía eléctrica en el barrio Santo Domingo, debido a la existencia de conexiones clandestinas que estaban acopladas en forma irregular a la red de baja tensión de la ANDE, provocando averías y sobrecargas a los tres puestos de distribución de 100 kVA cada uno, existentes en el lugar.
Ante esta situación, a través de un operativo conjunto de la Dirección Regional Alto Paraná y el apoyo de la Sección de Servicio de Atención al Cliente de la ciudad de Hernandarias, de unidades de Distribución del Alto Paraná y de personal de la Comisaría 5° de la mencionada ciudad; se realizó este martes la intervención de aproximadamente 60 viviendas que estaban en situación irregular, del total de 120 casas ubicadas en el mencionado lugar, lo que representa un 50% de viviendas con suministros irregulares.
Tras la intervención, se procedió al corte del suministro eléctrico y retiro de acometidas a las viviendas en situación irregular.
Los funcionarios de Atención al Cliente y de la Sección Comercial de la ciudad de Hernandarias orientaron a los pobladores afectados sobre los trámites administrativos que deben realizar ante la empresa, a fin de regularizar sus respectivos suministros y evitar problemas legales ulteriores.
Tras la intervención realizada, se remitirán los antecedentes del caso a la Unidad Fiscal de la zona, para la investigación del delito de hurto de energía, que se penaliza con hasta 3 años de cárcel o multa.
Cabe mencionar que un transformador de 100 kVA, en condiciones normales sirve para brindar servicio a unas 40 casas con suministros regulares y carga de hasta 25 A cada una, pero al realizarse conexiones clandestinas a la red de distribución, provoca sobrecargas y como consecuencia, el corte del suministro eléctrico a la zona, donde conviven clientes con suministros regulares e irregulares, creando inconvenientes a los primeros que pagan por el servicio recibido y problemas legales a los últimos, si se constatara posteriormente, la reincidencia del delito perseguido.
