* Crédito columna: Dionisio Borda, ex ministro de Hacienda. Fundador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).
El atropello a la Constitución Nacional y a las reglas jurídicas configurado por el proyecto de enmienda y los procedimientos para impulsarlo desataron una crisis política que está bloqueando el debate abierto y la construcción de consensos, propios del sistema democrático.
Este clima de confrontación y quiebre de las normas constitucionales y jurídicas socaban los fundamentos de las instituciones democráticas y republicanas, cuya integridad y fortalecimiento son condiciones indispensables para diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y el logro del bien común.
Se equivocan quienes piensan que las estrategias y las políticas económicas son simples aplicaciones técnicas y de gestión de gerentes. Si ésta fuera la vía, no hubiéramos tenido tantos países subdesarrollados.
Las políticas públicas que promueven el crecimiento económico y el bienestar social surgen de la visión y fortaleza del sistema político, la participación plural de la sociedad y el respeto y cumplimiento de las normas.
La democracia, condición básica para el desarrollo económico, no se puede construir sobre el resquebrajamiento y la negación de los partidos políticos. Precisamente, necesitamos mejorar el sistema de partidos y sus representaciones, y la participación ciudadana para avanzar en la intermediación genuina de las demandas de la sociedad; articular y armonizar intereses contrapuestos para converger hacia el bien común, más allá de los intereses particulares y de las ambiciones personales.
La enmienda no tiene una motivación que apunte a mejorar las reglas de juego, a despolitizar la Justicia, a limitar algunas atribuciones del Congreso, a agilizar la gestión del Poder Ejecutivo, a mejorar la representación parlamentaria, ni a disminuir la inequidad en la distribución de la riqueza, ingresos y oportunidades.
Estos necesarios cambios solo podrán ser introducidos mediante el procedimiento de la reforma de la Constitución Nacional de 1992, no de una simple enmienda para favorecer a determinados líderes circunstanciales. Lo que sí haría la enmienda es impedir la posibilidad de una reforma futura.
Lo que se pretende hoy es simplemente la reelección. Y no se puede desconocer la amplia coincidencia en que, de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución Nacional, la enmienda no es la vía para introducir la figura de la reelección.
El actual intento de imponerla, lejos de constituir un avance en la consolidación de las instituciones, significa más costo para la sociedad: las infortunadas derivaciones de las manifestaciones ciudadanas y sus amplias repercusiones mundiales, la división de la sociedad, el enrarecimiento del clima electoral y la secuela de incertidumbre para los inversores y los demás agentes económicos.
La crispación política suscitada por la reelección nos impide pensar en cómo resolver las fallas estructurales que son los obstáculos del crecimiento económico inclusivo y sostenible. Hemos logrado recuperar y mantener la estabilidad macroeconómica mediante el debate y el acuerdo político iniciados en 2003.
Los actores políticos y sociales valoran y respetan hoy esta conquista. Pero no hemos avanzado aún en disminuir la brecha social y la inequitativa distribución del ingreso que nos mantiene como uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Comenzar a andar en esa dirección requerirá esfuerzos creativos, renunciamientos y negociaciones de largo plazo.
Además, nos queda por delante el desafío de garantizar la sostenibilidad del crecimiento mediante el continuo aumento de la productividad y la diversificación de la matriz productiva. Esto es, al mismo tiempo de poner en práctica medidas que mejoren la distribución del ingreso, para lograr lo que hoy se reconoce como la prosperidad compartida.
La actual crisis política pone en peligro la solución de los grandes problemas del desarrollo económico inclusivo. Debemos superarla para acordar entre todos una agenda económica que comprenda, entre otros puntos, la mejora de las condiciones del mercado laboral y la generación de empleos; la ampliación de la cobertura de la seguridad social y de las políticas sociales básicas; la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad social, y la expansión de las inversiones públicas.
Estos retos exigen debates, negociaciones y acuerdos de mediano y largo plazo, basados en el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de las representaciones genuinas y auténticas de la sociedad. El gobierno tiene aquí la responsabilidad mayor y debe dar señales claras de su compromiso de fortalecer las instituciones y de encaminar la economía hacia el crecimiento sostenible e inclusivo.
