Es un primer paso a enfrentar, pero los desafíos van más allá: corregir las falencias de las políticas públicas, mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y urbanas, incorporar la mano de obra excedente y mal utilizada en actividades productivas, aumentar la contribución tributaria de los sectores más ricos para financiar programas productivos con empleos decentes que ayuden a mejorar el bienestar de la población más vulnerable y disminuir la delincuencia.
El impuesto a la exportación de soja, tema intermitente de los últimos 15 años, ha vuelto a la discusión pública. Según algunos analistas del sector privado gravar la exportación en Paraguay no tiene ningún sentido. Pero igualmente opinan que los empresarios del sector agroganadero deben pagar más impuestos a las ganancias, además del impuesto inmobiliario.
APORTE MARGINAL
En Paraguay, el aporte del exitoso empresariado agropecuario es marginal y por lo tanto insignificante a la estructura de recaudaciones del Estado, publicó el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).
El sector presentó de nuevo una baja participación en materia de pago de impuestos en 2016, que no condice con el tamaño de las multimillonarias cifras que maneja el negocio de los empresarios del campo.
En el caso de la renta agropecuaria, ello ocurre a pesar que el boom económico de la última década ha tenido como motor a la agricultura empresarial y los cultivos de renta con altos precios internacionales, conforme un reporte de Cadep, presidido por el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda.
FORMALIZACIÓN DEL SECTOR
Según explicó Amilcar Ferreira, los empresarios agroganaderos deben contribuir más. La forma es a través de una mayor formalización, con los impuestos que ya existen (por ejemplo, equiparar Iragro e Iracis). “Ya no tienen sentido algunas exenciones fiscales, el impuesto inmobiliario también es ridículamente bajo”.
Todos los sectores económicos deben pagar el mismo impuesto, no debería haber diferencia. “Esto es fácil si existe voluntad política. Paraguay es un país pequeño, en una planilla Excel entran todos los productores”, agregó.
El economista César Barreto Otazú, ex ministro de Hacienda comparte esta visión. La producción agropecuaria debería estar gravada con los mismos impuestos que gravan a otros sectores, ni más ni menos, para que exista equidad tributaria entre los diferentes sectores económicos del país y mantener un sistema tributario simple con impuestos generales. 
POSTURA DE HACIENDA
Por su parte, Lea Giménez, ministra de Hacienda, explicó que considerando la contribución y la capacidad de generación de riqueza del negocio agro (que actualmente representa en términos reales el 19% del PIB), el sector puede contribuir más. “Recomendamos la armonización del IVA (eso sería elevar del 5% al 10% para la soja y sus derivados). Además equiparar el Iragro al Iracis (en el sentido de distribución de utilidades (5%) y remesas al exterior (15%)). Y limitar algunos gastos deducibles, eliminar el arrastre de pérdidas”.
El debate también se debe trasladar al siguiente peldaño: buscar la industrialización de Paraguay. Ya no enviar al exterior granos de soja o carne. La idea es exportar alimentos procesados listos para consumir. Esto generaría mayor oferta de mano de obra, además de obtener más valor por los productos. No es lo mismo enviar granos, que comida lista para el consumo.
SIN VOLUNTAD POLÍTICA
“El sistema fiscal en Paraguay y la política tributaria en particular está constituida en fomento de los estratos más altos de poder adquisitivo. En otras palabras, la política tributaria se articuló en un sistema de defensa de los intereses de los estratos encumbrados tanto en términos de personas físicas como de personas jurídicas, eso es así, y ha sido siempre así y no ha mejorado”, explicó el analista económico Ricardo Rodríguez Silvero.
Agregó además que el que gana mucho dinero paga lo mismo que el que gana muy poco o no gana nada. En esas condiciones el impuesto se vuelve sumamente regresivo. Esto significa, en términos proporcionales, que se cobra más a los que tienen menos y menos a los que tienen más. Esta es una definición básica de la que hay que partir para analizar el sistema tributario en Paraguay.
NÚMEROS DEL SECTOR
Al cierre del ejercicio 2015 los envíos al exterior de la oleaginosa ascendieron a US$ 2.942 millones. Los principales exportadores fueron las multinacionales estadounidenses Cargill y ADM (Archer Daniels Midland), con más de US$ 600 millones cada una.
El rubro agrícola, en especial el de la soja, es uno de los que mayor desarrollo presentó a lo largo de estos años en Paraguay. El boom de la oleaginosa se instaló hace no más de 10 años, el país incursionó de manera enérgica en su plantación. Esta actividad lo llevó a ubicarse en el cuarto mayor exportador de soja a nivel mundial y el sexto lugar como mayor productor de este commodity.
Llamativamente, las multinacionales agroexportadoras: Cargill (EEUU); ADM (EEUU); Noble (Hong Kong); Louis Dreyfus LDC (Francia); y Bunge (EEUU); que operan en Paraguay en el multimillonario negocio de la soja -sector que factura unos US$ 4.000 millones al año en promedio- no figuran entre los mayores aportantes del fisco paraguayo.
DEBILIDAD POLÍTICAS PÚBLICAS
Según Dionisio Borda, ex ministro de Hacienda, la matriz productiva dominante del Paraguay no posee la capacidad de generar suficientes puestos de trabajo y, por el contrario, tiende a expulsar masivamente la mano de obra del campo, excedente de la fuerza laboral que tiene escasa posibilidad de inserción en sectores económicos diferentes a la agricultura.
Pero la debilidad de las políticas públicas hace que sea poco viable la coexistencia de la agricultura familiar campesina con las empresas agrícolas. Esa falencia se manifiesta también en la falta de respuestas efectivas para encarar la desocupación y subocupación en los centros urbanos y para mejorar las condiciones de vida en los barrios marginales.
Entonces, la falta de horizonte para los pobres los convierte en presa fácil del negocio de las drogas, de la delincuencia y del desánimo. Así, la sociedad pierde por partida doble: por el desperdicio de la fuerza laboral y por el costo de la mayor inseguridad.
El auge de las materias primas en el periodo 2004/2016, que se sumó a la histórica concentración de la tierra en el Paraguay, significó un rápido avance de la agricultura empresarial en el campo.
La adopción de nuevas tecnologías y las inversiones de capital propulsaron el aumento de la producción y la productividad de la soja, el trigo y el maíz, y la expansión del área de siembra de los cultivos del complejo granelero desarrollado por la agricultura empresarial.
Pero este proceso de crecimiento no se ha traducido en una significativa contribución tributaria del sector de agronegocios ni en una demanda importante de mano de obra rural. El saldo de la expansión ha sido la expulsión campesina. La fuerza del mercado y de las nuevas tecnologías debilitó la economía de los pequeños agricultores, empujándolos a abandonar el campo.
Este modelo de crecimiento de la frontera agrícola no ha sido acompañado por políticas agrarias de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina para desacelerar la expulsión de la mano de obra rural. Las fallas de las políticas agrícolas no han permitido que las pequeñas fincas compitan con éxito con las grandes empresas, explicó Borda.
De escasa eficiencia y equidad en el periodo 2004-2016, el sistema tributario en Paraguay presenta seis características resaltantes: tasas impositivas bajas y baja presión tributaria para el grado de desarrollo del país; presión tributaria estancada; alta predominancia de impuestos indirectos; asimetría entre contribución impositiva y tamaño de sectores económicos; elevados gastos tributarios; e impacto fiscal regresivo.
El nuevo arreglo fiscal para mejorar la eficiencia y la equidad tributaria debería incluir la revisión y ajuste de las tasas impositivas, el incremento de la imposición directa, la disminución de los gastos tributarios y el aumento de la presión tributaria.
Se trata de medidas que apuntan a generar más recursos para el financiamiento de bienes y servicios públicos desde una perspectiva de mayor equidad.
El objetivo último del fortalecimiento de la fiscalidad es el desarrollo económico y la mejora del bienestar y la cohesión social. No puede haber incompatibilidad entre las políticas orientadas al crecimiento económico y las políticas dirigidas a la equidad social.
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