¿Qué debe hacer Paraguay para transformar su energía hidroeléctrica en desarrollo? – Revista PLUS

¿Qué debe hacer Paraguay para transformar su energía hidroeléctrica en desarrollo?

Energy transitions and emerging economies: A multi-criteria analysis of policy options for hydropower surplus utilization in Paraguay.

(*) Artículo de investigación publicado en la prestigiosa revista científica internacional Energy Policy. Los coautores del trabajo son: el ingeniero Gerardo Blanco; el economista Aldo Martínez; el ingeniero Raúl Amarilla; la abogada Cecilia Llamosas y el físico Victorio Oxilia.

Los hallazgos de un trabajo de investigación realizado por el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en el marco de su iniciativa “Paraguay 2023: Una visión para el desarrollo” con el apoyo financiero de la CONACYT, son significativos para el debate político en curso sobre la cuestión de los excedentes eléctricos en Paraguay.

Sobre todo ahora, en un momento en el cual las plataformas electorales empiezan a tomar forma y ante un electorado que se muestra más exigente en términos de calidad de propuestas, los candidatos deben sentar postura en pos a una preparación para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que implicará tener ideas claras y consensuadas sobre el mejor uso que puede darse al excedente eléctrico que hoy por hoy es cedido al Brasil.La clave es ponernos de acuerdo en cuáles son nuestros intereses nacionales y en función de ello cuál es la estrategia que más nos conviene, y por qué. Considerando el modelo empleado, donde se consideró una diversidad de puntos de vista (intereses), una política orientada a dirigir este excedente para apalancar el desarrollo del sector industrial es la mejor opción.

El objetivo del trabajo de investigación es contribuir con una herramienta de apoyo a la toma de decisiones basada en la construcción de un consenso nacional en el contexto de las transiciones de energía. Este mismo modelo podría ser usado para abordar dilemas de interés público.

I- CONTEXTUALIZANDO EL PROBLEMA

El Paraguay dispone de un recurso estratégico para su desarrollo presente y futuro: la hidroelectricidad. El uso de la electricidad en un país está directamente asociado con incrementos en los índices de desarrollo social (IDH) y de crecimiento económico (PIB).

Sin embargo en el Paraguay el consumo de electricidad por persona es de los más bajos de la región. Como ejemplo, mientras en Paraguay esta cifra no alcanza los 1.400 kWh/año; los habitantes de Argentina y Uruguay consumen cerca de 2.000 kWh/año en promedio.

Debido a que la disponibilidad de hidroelectricidad es ampliamente superior a la demanda interna del país, Paraguay exporta cerca del 75% de lo que genera, lo que lo convierte en el cuarto exportador per cápita de hidroelectricidad del mundo; luego de países como Noruega e Islandia y por encima de Suecia.

El uso estratégico del excedente de hidroelectricidad que actualmente es exportado, podría ser clave para redireccionar el proceso de desarrollo económico y social del Paraguay, si se adopta una estrategia de reutilización de este excedente para impulsar actividades que propendan al desarrollo socio-económico.

El sector energético de Paraguay presenta un caso paradójico. La producción nacional de energía primaria se basa totalmente en fuentes de energía renovables: la energía hidroeléctrica y la biomasa –en teoría renovable bajo políticas de manejo sustentable de bosques. Siendo uno de los mayores generadores de energía hidroeléctrica per cápita del mundo, obtiene su energía de plantas hidroeléctricas construidas en asociación con Brasil (Itaipú) y Argentina (Yacyretá) con una participación del 50% en cada proyecto (1).

Sin embargo, más de un tercio de su canasta de consumo de energía corresponde a los combustibles de petróleo, llegando a un 38% los cuales son importados en su totalidad, siendo el sector transporte el de mayor consumo de este energético. Además, casi la mitad de su consumo de energía doméstica se compone de biomasa no renovable con una participación del 44%.

Este nivel de utilización de biomasa no sostenible refleja una alta utilización en los hogares para cocinar y calentar agua, así como también por las industrias que la utilizan para generar calor directo, de acuerdo a datos del MOPC del 2015. Además, la electricidad es el segundo producto en términos de cantidad exportada de acuerdo a datos publicados por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y solo representa alrededor del 18% del consumo final de energía a nivel nacional.

Esta situación no es favorable para Paraguay. No aprovechar al máximo su excedente de electricidad, además de la participación significativa de la biomasa no sostenible y de las fuentes de energía basadas en el petróleo; es un claro desequilibrio que perjudica la seguridad energética del país, la sostenibilidad de su matriz energética en detrimento del medio ambiente y la calidad de vida de la población, abarcando así todos los frentes: social, económico y ambiental.II- TRANSICIÓN, EXCEDENTE Y CONSENSO

La situación actual descrita más arriba, podría revertirse si Paraguay aprovecha al máximo su excedente de hidroelectricidad. El superávit hidroeléctrico existente en el país es importante, exporta cerca del 75% de lo que genera.

La principal fuente de superávit es la Central Hidroeléctrica de Itaipú, desarrollada como un proyecto binacional desde 1973 sobre la base de un tratado entre Paraguay y Brasil para el desarrollo y explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná. Itaipú produce alrededor de 90.000 GWh/año, de los cuales el 50% corresponden al Paraguay.

Dado que Paraguay sólo consume alrededor del 10% de su participación total, el excedente hidroeléctrico de su cuota se cede al Brasil a cambio de una compensación monetaria fija de acuerdo con el tratado que estipula que el excedente no consumido por una de las partes (en este caso Paraguay) se transferirá a la otra parte contratante, Brasil; limitando la posibilidad de vender la energía a terceros. El Anexo C del tratado que contiene esta disposición debe revisarse en 2023.

Considerando el excedente eléctrico con el que cuenta el Paraguay, la pregunta es, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo podemos capitalizar ese excedente de una manera estratégica? A medida que la conciencia sobre la existencia de grandes excedentes hidroeléctricos y el discurso sobre la soberanía de la hidroelectricidad se difundió entre el público en general en torno al 2009, discusiones sobre la renegociación de los tratados binacionales y sobre la mejor manera de emplear el superávit de energía para el bienestar general de la sociedad han estado desarrollándose de manera sostenida.

Quizás el punto de partida para que el debate empiece a tomar dimensiones públicas fue el acuerdo firmado por los presidentes Lula y Lugo en 2009 y la propuesta de instalación de Rio Tinto Alcan (RTA) en el Paraguay años más tarde.

Así en 2011, bajo la administración del ex presidente Fernando Lugo, se inició un dialogo en torno a las negociaciones preliminares para la instalación potencial de una fundición de aluminio con alto consumo de energía por Rio Tinto Alcan (RTA), que propuso la producción de 670.000 toneladas de aluminio al año, con un consumo de 1.100 MW. A raíz de estos hechos, se elaboraron dos informes a solicitud del Gobierno sobre la evaluación de la instalación de RTA en Paraguay y sobre otras alternativas para la utilización del excedente hidroeléctrico.

El primer informe fue escrito por la consultora basada en Londres CRU Strategies Ltd, que recomendó la instalación de RTA a partir de 2016 o continuar cediendo la hidroelectricidad a Brasil.

Dos años más tarde, el Centro de Columbia para el Desarrollo Sustentable (anteriormente el Centro Vale Columbia sobre Desarrollo Sustentable) dirigido por el economista Jeffrey Sachs, publicó un segundo informe, conocido comúnmente en Paraguay como el «Informe de Sachs» (2), recomendando vender el excedente de electricidad al mercado regional y utilizar los recursos financieros para invertir en la infraestructura del país y el sistema de salud, recomendando la no instalación de la fundición de aluminio de RTA.

Durante  las audiencias públicas realizadas entre 2011 y 2012 sobre la potencial instalación de RTA en Paraguay, se divulgó que el análisis de CRU se basó en un análisis costo-beneficio (ACB) para evaluar los efectos de la posible negociación con la compañía y su llegada al país. Si bien fueron mencionados, el informe no incluyó aspectos ambientales y sociales en el cálculo del valor presente neto del proyecto.

Así por ejemplo, el ACB consideró una tasa de descuento del 8% para los países en desarrollo cuando se trataba de temas ambientales y sociales, mientras que según la literatura lo recomendado es establecer una tasa de descuento del 10 al 12%.

Además, como se mencionó que el análisis de CRU se basó en un ACB, es importante mencionar algunas debilidades inherentes a las evaluaciones del ACB. Tales evaluaciones generalmente presentan limitaciones severas cuando se evalúan mega proyectos que pueden comprometer las dotaciones naturales de un país y crear conflictos serios entre los diferentes objetivos políticos, sociales, económicos, técnicos y ambientales; pudiendo dar lugar a muchas inexactitudes que impiden alcanzar la eficiencia de Pareto y de Kaldor–Hicks.Esto se debe principalmente a la excesiva dependencia de los datos de proyectos anteriores, el uso de impresiones subjetivas por parte de los miembros del equipo de evaluación, el uso inapropiado de las heurísticas para derivar el costo monetario de los elementos intangibles y un sesgo de confirmación entre los partidarios del proyecto.

Debe agregarse que no es infrecuente que los grupos de interés intenten incluir o excluir costos significativos de un análisis para influir en el resultado. Por otra parte, el informe de Sachs utiliza un enfoque más holístico al comparar alternativas en una base de argumentación narrativa. Sin embargo, el análisis carece de una técnica sistemática y formal de evaluación de las diferentes maneras de abordar la cuestión de la toma de decisiones bajo múltiples puntos de vista.

Si bien es innegable que estos dos informes desataron el debate informando sobre la cuestión y tuvieron un papel fundamental en extender el diálogo, algunos elementos fundamentales no fueron considerados en ellos.

Ninguno de los informes ofrece una técnica formal sistemática para evaluar las diferentes maneras de abordar la cuestión de la toma de decisiones bajo incertidumbre y ninguno de ellos aborda el desequilibrio de la matriz energética y cómo fomentar una transición energética que simultáneamente podría generar oportunidades para la población predominantemente joven del Paraguay, a través de la creación de empleo, aliviar la presión ambiental mediante la reducción de la deforestación y las tasas de emisión de biomasa.

En cuanto a las opciones consideradas, ninguno de los informes observó la posibilidad de implementar una política de incentivo del desarrollo de clústeres industriales de pequeñas y medianas empresas.

Esta situación y la inminente necesidad de analizar en profundidad las potenciales políticas de uso de los excedentes más beneficiosas para el Paraguay de cara a la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú en 2023, se planteó en el artículo recientemente publicado por el GISE en la prestigiosa revista científica Energy Policy, donde se consideraron cuatro opciones de políticas públicas o estrategias, de las cuales tres ya tuvieron un amplio debate en el país:

(A1) Continuar con la situación actual al seguir cediendo el excedente hidroeléctrico a Brasil (continuando con el curso normal de la operación).

(A2) La venta de excedentes hidroeléctricos en el mercado mayorista brasileño.

(A3) La instalación de una industria electro-intensiva de aluminio.

Adicionalmente, se consideró una cuarta estrategia que no ha sido planteada seriamente, en vista a la evidencia científica y de mejores prácticas de cómo canalizar recursos propios para disparar un proceso de desarrollo industrial a largo plazo:

(A4) Una política de  incentivo para el desarrollo de clústeres industriales de pequeñas y medianas empresas, con una demanda acumulada de electricidad de 1.100 MW. 

III- ¿QUÉ ES UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA? ¿CÓMO SE LOGRA?

A nivel global, se ha visto la necesidad de migrar a sistemas energéticos cada vez más renovables y más limpios frente a la no-sostenibilidad de los sistemas energéticos mundiales, característica ampliamente reconocida.

Es así que países de todo el mundo han incrementado sus esfuerzos para consolidar la seguridad energética a largo plazo basada en la energía sostenible. Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia, Dinamarca y Japón, emprendieron caminos para modificar sus matrices energéticas iniciando en los años 70, invirtiendo millones de dólares.

Hoy en día, tras la inversión en las centrales de Itaipú y Yacyretá; Paraguay ya no requiere, en el corto plazo, esfuerzos financieros significativos para incrementar su oferta primaria para que ésta sea renovable, porque ya lo es.

Paraguay se destaca por disponer de un sistema eléctrico basado enteramente en fuentes renovables con significativos excedentes. Como se ha visto, paradójicamente, posee una de las tasas más bajas de consumo de electricidad en América Latina.

Existen diferentes alternativas para el país en cuanto al uso de sus recursos. El superávit hidroeléctrico ya existente en Paraguay abre una posibilidad real de viabilizar una transición energética con relativa facilidad a través de la reorientación de la política energética, guiada por una decisión voluntaria de fomentar la expansión de la hidroeléctrica en su canasta de consumo energético.

El fomento del aumento del consumo de la energía hidroeléctrica autóctona supone promover la transición de otras fuentes de energía menos sostenibles y un mayor uso de fuentes de energía modernas, como la electricidad en lugar de la biomasa no sostenible y los combustibles fósiles importados.

Además, podría beneficiar a la población y mitigar los impactos ambientales negativos, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de la biomasa y el petróleo del sector energético y, por lo tanto, mejorando su balanza de pagos y la seguridad energética.

En este sentido, una transición basada en energía hidroeléctrica debe constituir la piedra angular del desarrollo de Paraguay apoyando y acompañando la consolidación del importante crecimiento económico que el país ha venido mostrando en los últimos años.

Las transiciones energéticas generalmente implican un cambio en un sistema energético, ya sea de una fuente particular o de una tecnología y se pueden definir como un “cambio en la naturaleza o el patrón de cómo se utiliza la energía dentro de un sistema”. Esta es la única manera de lograr el objetivo de asegurar la oferta y demanda de energía a largo plazo basadas en sistemas energéticos sostenibles.

En este sentido, los países mencionados han iniciado un proceso de transición energética para modificar su oferta; mientras que el objeto principal de una transición energética en el Paraguay es el de hacer eficiente y sostenible su demanda energética, aunque también se requieran posteriores expansiones en la oferta.IV- BUSCANDO APOYAR EL CONSENSO

Dadas las incertidumbres fundamentales que implican las transiciones, la definición de problemas políticos, la decisión de un enfoque o estrategia específicos; la formulación es ambigua y controvertida, fundamentalmente cargada de valor político.

Más aún, ya que los sistemas energéticos están incrustados en una infinidad de patrones intrincados de vida social, económica y política. A fin de permitir cambios positivos y significativos en los sistemas energéticos, éstos deben ir acompañados de cambios sociales, económicos y políticos; por lo que la política energética es un problema socio-técnico y requiere un enfoque multidimensional.

Debido a esta alta complejidad, la toma de decisiones en materia de política energética debe estar respaldada por métodos participativos, sistemáticos y holísticos que consideren las interacciones entre las distintas partes interesadas y la naturaleza intersectorial de las cuestiones energéticas que son ubicuas en cualquier sociedad.

Además, dichos métodos deben abstenerse de la adopción de un enfoque excesivamente técnico o económico a las transiciones, centrándose solo en los aspectos tecnológicos de las transiciones y sus costos. Para contribuir a estos objetivos, el presente estudio propuso el uso de métodos multicriterio para el caso de Paraguay y consideró cuatro opciones hipotéticas para permitir una transición energética sostenible en el país.

El proceso de formulación de políticas públicas, en particular para los países como Paraguay que están en medio del camino hacia el desarrollo, implica un complejo problema de decisión que se compone de varias opciones de estrategias a seguir, que tienen el potencial de influir en el bienestar del país y en todas las dimensiones del desarrollo socioeconómico.

En este sentido, es de suma importancia apoyar y acompañar este proceso de toma de decisiones colectivo, con una herramienta que permita considerar todas las opciones desde diferentes ópticas, teniendo en consideración los efectos que pueden tener esas estrategias, de llegar a materializarse y cómo afectarían los objetivos del desarrollo del país.

Por esto, el GISE propuso un método para atender el problema de la toma de decisiones en el Paraguay desarrollando una herramienta de análisis de decisiones multicriterio (MCDA), basado en un modelo de Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) bajo cinco ópticas o criterios: económico, técnico, social, ambiental y político.

Aún más, plantea que el uso de MCDA/AHP en economías emergentes puede ayudar proporcionando una visión más holística y multilateral a los procesos de toma de decisiones y permitir un enfoque más equilibrado a la formulación de políticas energéticas.

V- LA HERRAMIENTA Y LAS ESTRATEGIAS

El Análisis de Decisión Multicriterio (ADMC o MCDA por sus siglas en inglés) basado en un Proceso de Jerarquía Analítica (AHP por sus siglas en inglés) es aplicado a opciones de políticas y considera criterios múltiples bajo incertidumbre.

En los lentes de MCDA/AHP se analizan diferentes opciones de políticas para el uso del excedente hidroeléctrico. El AHP es probablemente el más utilizado de los métodos de ADMC. AHP es una técnica estructurada para organizar y analizar decisiones complejas desarrollado por Thomas L. Saaty en la década de 1970.

AHP aborda la cuestión sobre cómo determinar la importancia relativa de un conjunto de actividades en un problema de decisión de criterios múltiples. Este método se basa en tres principios: (1) Estructura del modelo; (2) Juicio comparativo de las alternativas y los criterios; y (3) Síntesis de las prioridades (Saaty, 1994).

Por lo tanto, el método permite combinar información compleja para descomponer alternativas e información relevante en una estructura jerárquica de criterios. En lugar de prescribir una decisión «óptima», AHP apoya a los responsables de la toma de decisiones para encontrar una alternativa que mejor se ajuste a una meta general y su comprensión del problema.

Proporciona un marco comprensivo y racional para organizar un problema de decisión, para representar y cuantificar sus elementos, relacionar esos elementos con los objetivos generales y evaluar soluciones alternativas.ESTRATEGIAS CONSIDERADAS

(A1): Continuar con el curso normal de las operaciones: Paraguay sigue cediendo su excedente de electricidad a Brasil (es decir, Business as Usual o «BaU»).

(A2): Alto nivel de exportación de energía hidroeléctrica: la electricidad se vende en el mercado mayorista brasileño a precios de mercado, generando un ingreso neto de alrededor de 50 US$/MWh exportado.

(A3): Alto nivel de penetración de la industria electro-intensiva: se instala en el país una fábrica similar a la fundidora de aluminio RTA de 1.100 MW.

(A4): Alto desarrollo de la pequeña industria: se instalan muchas fábricas. Los parques industriales de 180 MW se establecen en el escenario base y alcanzan una demanda acumulada de 1.100 MW.

En el contexto de dos talleres llevados a cabo en los años 2015 y 2016 con partes interesadas locales, se eligió la meta del bienestar general de la sociedad como la meta superior que debería perseguir la opción a ser escogida y se aclararon los criterios pertinentes.

Las opciones se generaron sobre la base de los resultados de una consulta entre las partes interesadas, al mismo tiempo que son realistas y pertinentes dado que algunas de ellas están incluidas en la agenda política (las opciones A1, A2 y A3 ya están siendo consideradas en el reporte de CRU y el análisis del informe de Sachs).

Por otro lado, A4 es una opción que hasta ahora no se ha considerado seriamente en la agenda política. De todas maneras, cada una de las opciones presentadas debe ser considerada como una línea de acción hipotética para los tomadores de decisión.

Además, los cinco criterios (económico, técnico, social, ambiental y político) se clasificaron en función de su grado de importancia, basándose en los resultados de una encuesta realizada entre 80 agentes socio-económicos para recoger información sobre sus preferencias cardinales de los criterios en una escala del 1 a 9.

Las opciones o alternativas fueron evaluadas de acuerdo a criterios económicos, técnicos, ambientales, sociales y de factibilidad política. En opinión de los investigadores, estos criterios de decisión pertenecen a los aspectos fundamentales que son centrales para este proceso particular de toma de decisiones políticas y son cruciales para dilucidar y justificar las preferencias de una sociedad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

* Criterio Económico: tiene en cuenta las dimensiones generales que contribuyen a la creación de servicios y bienes en un país. El indicador para este criterio es el promedio de la tasa de crecimiento del PIB en el horizonte analizado para cada alternativa.

* Criterio Social: este criterio tiene en cuenta un aspecto fundamental que contribuye al bienestar social -la creación de empleo. Se ha optado por la creación de empleos como indicador, entre otros indicadores potenciales, sobre todo por la relevancia de la creación de empleos de larga duración no asociados a transferencias sujetas a regalías que son transitorias.

* Criterio de Factibilidad Política: dentro de este criterio se propone resumir la viabilidad de las opciones dado el panorama político e institucional a través de un ranking basado en la probabilidad de éxito de implementación de las opciones analizadas, intentando medir el riesgo de una implementación efectiva.

* Criterio Técnico: se eligió como indicador de este criterio el Costo Esperado de Energía No Suministrado (CENS). Este indicador intenta medir el impacto de una alternativa dada en la seguridad de la energía eléctrica del país y la calidad de suministro eléctrico.

* Criterio Ambiental: el indicador de este criterio es la tasa de crecimiento promedio de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), que se estima mediante una proyección que incluye el consumo de energía como una variable exógena.

VI- EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS

Se estableció la importancia relativa de cada criterio de decisión. Se realizaron comparaciones entre los diferentes criterios en función de su importancia en el logro de la meta.

En este sentido, se realizaron encuestas para reunir la opinión de 80 actores significativos de los sectores económico, técnico, ambiental, social y político del Paraguay. Basándose en estos hallazgos, se construyó una matriz de comparación de criterios.

En este caso, las preferencias cardinales de los agentes encuestados se caracterizan a partir de una escala absoluta, donde se tomaron en cuenta varias comparaciones y se agregó cada opinión usando la media geométrica para derivar una función de grupo. Asimismo, los resultados según cada criterio y una clasificación de viabilidad se presentan a continuación.

Basándose en los resultados de las últimas tablas, se estima el vector de prioridad compuesto, de donde se deduce que A4 tiene la máxima prioridad, seguido por A3. Por lo tanto, la mejor alternativa para Paraguay -desde este enfoque- es utilizar su excedente hidroeléctrico para promover un gran desarrollo industrial, generando demanda de mano de obra a través del alto desarrollo de parques industriales.

Posteriormente, se realizó un llamado análisis de sensibilidad, cuyos resultados pueden apreciarse en la infografía.VII- CONCLUSIÓN E IMPLICANCIAS

Desde el punto de vista macroeconómico, el Paraguay ha logrado avances significativos en los aspectos fiscales y monetarios con un PIB que ha ido creciendo de manera sostenida, alcanzando su máximo en 2013: 13,6% (la tasa de crecimiento más alta de América Latina en ese año de acuerdo a datos del Banco Mundial).

Sin embargo, para que este crecimiento permee en todos los estratos de la sociedad, las políticas de utilización de los recursos deben ser cuidadosamente diseñadas. Con este espíritu, se evaluaron cuatro estrategias alternativas.

De las cuatro estrategias consideradas, los resultados arrojaron que tanto A4 como A3 tienen el potencial de desencadenar un cambio positivo y sostenible en la matriz energética y son propensas a impulsar una transición energética positiva en Paraguay permitiendo profundas y amplias transformaciones tecnológicas e institucionales en el uso final de energía.

Con respecto a A4, los resultados del trabajo sugieren que el desarrollo de clústeres de mediano porte puede generar efectos positivos para toda la sociedad. Como Paraguay ha logrado avances significativos en el frente macroeconómico, A4 es una opción realista.

Aún más, tras la realización de los análisis de sensibilidad implica que la opción A4 es la más robusta, ya que crea más oportunidades de trabajo y contribuye más a la creación de riqueza, incluso considerando las posibles implicaciones negativas o desfavorables que esta elección conlleva. Sobre la base de estos resultados, el estudio concluye que A4 es una opción viable que puede permitir una transición energética sostenible en Paraguay.

Además, A4 podría permitir que el país evite la trampa de búsqueda de rentas, en contraposición a las opciones A1 y A2 que perpetuarían este comportamiento. Además, basándose en otras experiencias en las economías emergentes, es muy factible que, al elegir A3, el país podría comprometer la mayor parte de su excedente de energía hidroeléctrica a un enclave industrial que no es conocido por permitir la instalación de industrias posteriores.

Se argumenta que la combinación de ADMC/AHP puede ayudar a los gobiernos de las economías emergentes a enfrentar presiones cada vez mayores para estimular procesos de construcción de consensos que puedan hacer frente a los crecientes problemas sociales, económicos y ambientales.

Aún más, dicha combinación en el caso específico de Paraguay podría ayudar a los formuladores de políticas a tomar decisiones informadas para el uso sostenible de la energía, generando una plataforma sistémica para el debate público y así hacer un mejor uso de sus recursos hidroeléctricos.

Finalmente, se destaca que existen oportunidades reales de apalancar el desarrollo del país basado en su riqueza eléctrica. Sin embargo, estas estrategias podrían variar en función de las prioridades de los distintos sectores de la sociedad. Es vital la construcción de consensos, existiendo la necesidad de generar una plataforma a fin de coordinar los esfuerzos para desarrollar el Paraguay con energía.-

(1) Itaipú tiene una capacidad instalada de 14.000 MW, con una producción promedio anual de 98.287 GWh; mientras que Yacyretá tiene una capacidad instalada de 3.200 MW, con una producción promedio anual de 20.867 GWh.

(2) A pesar de que el informe fue presentado por Jeffrey Sachs y su nombre se asocia a la elaboración del mismo, los autores del informe son Toledano y Maennling. Jeffrey Sachs solo figura en el informe como director del Instituto de la Tierra, uno de los institutos que hacían parte del Centro Vale Columbia.

(*) El artículo de investigación fue traducido al castellano y publicado como nota de tapa en la edición impresa de Revista PLUS de Paraguay, Junio 2017.-Revista PLUS 11 años: 2006/2017

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