¿Es sostenible el modelo de desarrollo del Paraguay? – Revista PLUS

¿Es sostenible el modelo de desarrollo del Paraguay?

* Crédito columna: Dionisio Borda, exministro de Hacienda. Fundador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

Plantearse la sostenibilidad del modelo de desarrollo económico de mediano y largo plazo resulta pertinente en este momento, cuando un gobierno termina su administración y otro está por iniciar la gestión de las políticas públicas.

Tanto la matriz productiva como el sistema tributario presentan fuertes sesgos que privilegian a un sector minoritario a expensas del medio ambiente y en detrimento de los grupos más vulnerables de la población.

Publicaciones recientes de organismos internacionales llaman la atención sobre estos riesgos que ponen en entredicho la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y la cohesión social.

SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVA Y MEDIOAMBIENTAL

La agricultura, principal motor del crecimiento económico, descansa sobre dos modelos de unidades productivas contrapuestos: los agronegocios y la agricultura familiar.

El primero de ellos se caracteriza por estar en franca expansión, su alta productividad, baja demanda laboral y producción destinada a la exportación. El segundo por estar estancado, por su bajo rendimiento productivo, alta utilización de mano de obra y producción orientada al mercado interno. Las políticas públicas nunca contribuyeron a la coexistencia y complementariedad de estas dos formas de producción ni a la protección del medio ambiente.

Según las fuentes mencionadas, desde el año 2000 la superficie cultivada de la soja se triplicó, llegando a tres millones de hectáreas en la Región Oriental y el hato ganadero creció seis veces más, convirtiendo en pastura 3,7 millones de hectáreas de tierras del Chaco.

Si bien benefició a un segmento de la población, esta expansión tiene altos costos sociales y medioambientales. Siguen en auge la desforestación y la desaparición de fincas y asentamientos rurales, con sus efectos colaterales de contaminación del agua y degradación del suelo.

Las organizaciones de defensa del ecosistema se han ocupado de denunciar la destrucción masiva de bosques naturales en nuestro territorio, principalmente en el Chaco, donde el desmonte de 240.000 hectáreas por año convierte al Paraguay en uno de los países con mayor tasa de deforestación a nivel mundial.

Otro problema de gran envergadura es la desigualdad en la tenencia de la tierra. Según el Censo Agrícola de 2008, el mayor índice de concentración de tierra del mundo tiene lugar en el Paraguay, donde, con un coeficiente de Gini de 0.93, el 1% de los establecimientos más grandes acapara el 70% de las tierras productivas del país. Y es probable que esta concentración haya aumentado en los últimos diez años. Esta situación se ve agravada por la enorme importancia que la agricultura familiar sigue teniendo en la producción de alimentos para el sector rural y para los segmentos vulnerables de la población urbana.

Las falencias de las políticas públicas se traducen en degradación del medio ambiente, en concentración de la tenencia de la tierra, en falta de titulación de los predios de los pequeños productores, para quienes la agricultura constituye todavía su principal fuente de ingreso y de seguridad alimentaria.

Urge, pues, una fuerte intervención del Estado que les permita contrarrestar la presión del mercado, que mejore la capacidad productiva y de comercialización de las unidades familiares para frenar la migración rural-urbana, que desde luego es una mala solución para personas con escasas opciones laborales fuera de la agricultura.

SOSTENIBILIDAD DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Las obras públicas son otro motor del crecimiento económico. La administración saliente priorizó las infraestructuras viales y la construcción de viviendas populares. Como existe un gran déficit, la nueva administración seguirá avanzando con las inversiones físicas y en recursos humanos, lo que supone la demanda de mayor cantidad de recursos financieros, más allá de las emisiones de bonos y de los préstamos multilaterales.

No sería prudente seguir utilizando solo estos medios, sin revisar el sistema tributario que requiere de algunas reformas para que recaude más y sea más equitativo.

No será suficiente con mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público, reducir la evasión fiscal y disminuir la informalidad. También será necesario modificar las tasas impositivas, restringir la deducibilidad de los impuestos y revisar los gastos tributarios, de manera a emparejar la cancha y estar en concordancia con los niveles de recaudación de América Latina.

El Paraguay es uno de los países con menor presión tributaria de la región, de solo 12,3% del PIB. La tasa del IVA en nuestro país es de solo 5% al 10% frente al promedio de 15% de América Latina. El impuesto a las ganancias de las empresas es de solo 10% mientras el promedio regional se eleva a 28%. La tasa máxima del impuesto a la renta personal es de solo 10%, en contraste con el promedio de 27% en la región.

Estas cifras revelan que las bajas tasas impositivas son una de las causas de la baja presión tributaria que pone en peligro la sostenibilidad fiscal de largo plazo, teniendo en cuenta el crecimiento continuo de la deuda y el riesgo de los pasivos contingentes.

Si tomamos en consideración la recaudación global del impuesto a la renta en 2016, observamos que el IRACIS que pagan la industria, el comercio y los servicios tuvo una participación de 91%, que el IRAGRO que paga el sector agropecuario aportó solo 5,9% y el IRP el restante 3,2%. Estos datos ponen en evidencia que el sector más dinámico de la economía paraguaya, que es el de los agronegocios, paga muy poco en comparación con los otros. Además, el agro solo paga 5% de IVA mientras que los demás sectores están sujetos a una tasa de 10%. Esta estructura tributaria revela un claro privilegio de las empresas agropecuarias.

También el impuesto a la renta personal favorece a los ricos, con tasas bajas y amplias deducibilidades. En el Paraguay grava con solo 10% los ingresos mayores a 45 mil dólares, mientras que en Chile la tasa sube hasta 35% para los ingresos mayores de 111 mil dólares anuales y en Uruguay este impuesto es de 36% para los ingresos mayores de 186 mil dólares.

Resulta imperativo, pues, modificar el actual sistema tributario si se quiere que las inversiones físicas y en recursos humanos para mejorar la productividad, la competitividad y el bienestar colectivo sean sostenibles.

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