Periodo presidencial sin estado de gracia – Revista PLUS

Periodo presidencial sin estado de gracia

Crédito columna: José Carlos Rodríguez, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

El inicio del periodo electoral del 2018 al 2023 no se presenta claro, calmo ni simple. En primer lugar, la legalidad no prima, ni los poderes del Estado respetan sus ámbitos.

En segundo lugar, los partidos no funcionan como cuerpos deliberantes, con líneas propias: se fraccionan en grupos contrapuestos.

Y, en tercer lugar, nadie comienza su trabajo con ‘estado de gracia’, ese tradicional beneficio de la duda que se le regala a todo gobernante electo, cuando está flamante, incluso por sus adversarios. Un trasfondo está dado por la deuda social pendiente.

¿QUIÉN PUEDE SER CANDIDATO?

Comenzando por la legalidad. Hay reglas del juego electoral que deben ser establecidas previas a la concurrencia y que estén más allá de cualquier duda razonable, como quién puede y quién no puede ser candidato. Y ello tiene consecuencias lógicas.

Quien pudo ser candidato y fue luego formalmente reconocido por el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, debería disponer del cargo ganado. Eso ya no debería depender del veto ni del voto de la mayoría parlamentaria, que no tienen competencia para juzgar el proceso electoral, ni para interpretar la Constitución Nacional.

Por tanto, si el presidente Cartes y el ex presidente Duarte Frutos no podían haber sido senadores electos, eso debió haberse establecido antes del resultado electoral. Y la decisión le corresponde a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema, que funcionan como poderes independientes. No compete tomar esta decisión al Congreso, que es juez y parte. Pero las cosas no son así. De la mayoría parlamentaria depende la interpretación de la Constitución, la aceptación o el rechazo de los electos, y el tema este: ¿puede un senador vitalicio ser senador electo o no lo puede?

Detrás del escenario político están las bambalinas políticas, que deciden. Los dirigentes parlamentarios asumen que los jueces son simples vicarios de adversarios que ocupan lugares en los otros poderes. No les obedecen. Se alega el prevaricato judicial y el desacato a los prevaricadores.

Los jueces, a su vez, temen al Congreso y no se animan a desafiarlo. Temen acumular votos en contra. No se comportan como un poder independiente, donde son inamovibles en sus cargos. Los jueces obligan a los de abajo, pero no a los que se encuentran en su mismo nivel. Un juez sabe o cree que sin votos puede perder el cargo. Puede ser objeto de un juicio político sin argumentos.

Así se depuso a un presidente de la República sin reconocerle el debido proceso, en el caso de Lugo. Un magistrado puede ser despedido a través de esa misma puerta, por el Parlamento. Por otro lado, está la recíproca. El Poder Judicial también es y se sabe transgresor. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se autodeclaran inamovibles antes de serlo.

Ni la reelección ni la senaduría electa son, en sí mismas, opciones incompatibles con el sistema democrático. Incompatible con el sistema democrático es el quiebre de la Constitución o el quiebre de la independencia y el respeto a los demás poderes del Estado en sus competencias. La pulseada política para ver quién gana con votos no debería ser materia de litigio entre los interesados, los electos. Esa pulseada los vuelve arbitrarios e Ilegítimos.

BANCADAS CONTRA PARTIDOS

Las bancadas son en principio bancadas de los partidos, con algunas diferencias y desplazamientos. Hay una bancada colorada de Mario Abdo y otra de Horacio Cartes.

El liberalismo tiene cuadro bancadas y así, lo cual es normal. Pero en el juego político, para cada decisión tenemos un agrupamiento diferente e incompatible, algunas veces, con la posición de los propios partidos. Muchas veces más cercana a la del adversario electoral. Eso desconcierta al elector que no sabe a quién o qué eligió.

Cartistas unidos a liberales llanistas y al Frente Guasu para la enmienda constitucional en contra de los maristas y de los liberales partidarios de Alegre. Cartistas y maristas con liberales llanistas a favor de la senaduría de Duarte Frutos, en contra del Frente Guasu.

Esto suena como la defensa de intereses contingentes y particularistas no compartidos y coherentes. El fraccionamiento funcional de los partidos políticos es paralelo a su déficit de representación. Los partidos no son la gerencia de intereses amplios, que son más estables, sino de intereses clientelistas y caudillistas, que son mucho más volátiles.

Las lealtades personales entre los seguidores y los líderes tienen la misma mecánica. La bancada cartista se fraccionó al perder influencia su líder que ya está dejando el cargo y no tiene asegurada la senaduría electiva. El prestigio del Parlamento no se beneficia con estas maniobras y contramaniobras que recuerdan las series televisivas de fantasía, como Juego de Tronos o Castillo de Naipes, donde todo vale y cualquiera puede asociarse o enfrentarse con cualquiera según el episodio y la necesaria dosis de intriga y suspenso que lo requiera.

TURBULENCIA DE INICIO Y DE FONDO

No beneficia al periodo de Mario Abdo Benítez comenzar sin un tiempo de un estado de gracia. Su necesario liderazgo parece funcionar, por lo menos a nivel parlamentario donde ganó rápidamente mayoría después de cooptar un grupo cartista.

Las tres incógnitas que permanecen son: con quién va a gobernar, para hacer qué cosa y con cuánta estabilidad. Eso no está despejado.

Ciertamente, este es el desafío y la incertidumbre de cada periodo presidencial. Pero los conflictos de la dinámica política son numerosos, precoces y, además, tienen un fondo: la conflictividad latente en el país, que solo está anestesiada o silenciada por el crecimiento económico y con un sistema distributivo que recompensa a los actores según su poder propio, como en la epístola de San Mateo sobre los talentos: dar mucho al que tiene mucho, y poco al que tenga poco.

La tradición y la astucia de las élites locales, secreto a gritos de su estabilidad, consiste en convidar el crecimiento económico de forma discriminatoria. Dar mucho a los más fuertes y dar poco a los menos fuertes. Eso mantiene al sistema, a su bajo desempeño y a sus desigualdades, pero también gestiona un ‘derrame’ regulado y desigual de prosperidad que hace que cada quien se sienta mejor que antes.

Mejorar esto, proponerse ambiciones de mayor envergadura, requiere: aumento de las contribuciones fiscales, mayor progresividad, desacelere de los créditos públicos, ampliación de la protección social, más inversión en la gente y en infraestructura; así como disminuir las fallas del Estado.

Todos estos propósitos superan las desventajas y apuestan al bien común. Están recomendados por la cooperación internacional, son parte de la Constitución Nacional.

Pero, las desventajas vigentes, la poca contribución no progresiva, el aumento de los créditos, la mínima protección social, la poca inversión en la gente (salud, educación, vivienda) y en infraestructura, son el operativo de los privilegios. La captura del Estado por la élite, cuya forma es el sistema político clientelista y patrimonial. Síntomas de ello son la falta en el imperio de la ley que enturbia el escenario político y el crecimiento de las discordias.

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