Crédito columna: César Barreto Otazú, economista, exministro de Hacienda, directivo de Dende. Publicada en el Diario Última Hora el domingo 29 de julio de 2018.
Llamativamente, el Paraguay es uno de los países que más gastan en salud. Según datos del informe del Banco Mundial Paraguay: Notas de Política 2018, publicado recientemente, los gastos en salud de nuestro país en el año 2014 representaron el 9,8% del PIB, compuesto por un gasto público de 4,5% del PIB y un gasto privado del 5,3% del PIB. Un nivel muy superior al promedio de América Latina con un gasto de 7,4% del PIB y de países vecinos como Argentina y Brasil con el 4,8% y 8,3% del PIB, respectivamente.
Sin embargo, la calidad de los servicios y los indicadores de salud observados son inferiores que en los países vecinos.
Algo no está funcionando bien en la administración de los servicios de salud de nuestro país. Los técnicos del Banco Mundial identifican los siguientes problemas como los principales que llevan a este deficiente resultado:
Primero, la fragmentación del sistema de salud lleva a una superposición de redes de prestación de servicios y al uso ineficiente de los recursos disponibles.
El Ministerio de Salud que tiene un mandato de cobertura universal gratuita y el IPS que es un seguro obligatorio para trabajadores dependientes formales, ambas con redes propias de prestación de servicios y escasa o nula coordinación entre que llevan a ineficiencias e inequidades.
A esto debemos sumar la presencia de proveedores privados de medicina prepaga, que muchas empresas deben contratar para proveer un seguro médico de cobertura limitada a sus empleados a fin de suplir las deficiencias en la prestación de servicios del IPS.
Por otro lado, tanto el Ministerio de Salud como el IPS realizan compras de medicamentos, insumos y equipos hospitalarios por separado. Solo en el 2017 realizaron compras de insumos y medicamentos por un total de US$ 315 millones. Una administración conjunta les permitiría optimizar cantidades y costos beneficiándose de las economías de escala.
Segundo, la asignación presupuestaria del sistema de salud pública tiene un enfoque incremental histórico sin considerar la demanda de servicios por tipo o localidad. Esto lleva a una asignación ineficiente de los recursos y a una mala calidad de los servicios. Por ejemplo, en Asunción hay 5,3 médicos por cada 1.000 personas y en Alto Paraná apenas 0,6. Asimismo, en Asunción y Central se concentran la mayor cantidad de clínicas y hospitales tanto del Ministerio de Salud como del IPS, con lo cual los servicios de salud benefician desproporcionadamente a la región metropolitana a expensas del resto del país.
Tercero, tanto el IPS como el Ministerio de Salud carecen de adecuados sistemas de tecnologías de la información y la mayor parte de las fichas y los registros son manejados en papel, solo el Ministerio de Salud mantiene 110 formularios.
Esto, además de incrementar los tiempos de espera en los hospitales y centros de atención que en promedio son de 80 minutos, significa un innecesario costo de US$ 2 millones anuales solo para imprimirlos. Asimismo, la falta de infraestructura tecnológica le impide al Ministerio de Salud controlar adecuadamente la distribución de medicamentos, rubro en el que gasta más del 22% de sus recursos.
Cuarto, el seguro de salud del IPS tiene severos problemas de sostenibilidad financiera y necesita ser revisado. En el 2016, los ingresos del Fondo de Salud del IPS cubrieron solo alrededor del 85% de los costos y el déficit está creciendo aceleradamente.
Mejorar estos servicios a la población requiere de una reforma del sistema de salud. Es necesario que los principales actores del sector comprendan esta realidad. Nuestro país está gastando en salud mucho más que los países de la región por un servicio deficiente y de mala calidad. Una comisión de expertos de alto nivel debería ser creada por el gobierno para analizar la situación y proponer a la ciudadanía las reformas necesarias a ser encaradas en los próximos años.
