Acuerdo de Itaipú: gobierno de Mario Abdo da marcha atrás

El documento provocó indignación entre la oposición, que acusó al mandatario de ceder soberanía energética a Brasil y amenaza con la posibilidad de solicitar un juicio político en contra del presidente de Paraguay.

Foto: Luis Alberto Castiglioni.

Asunción, 28 jul (EFE).- El canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, anunció la noche del domingo la decisión del Gobierno de Mario Abdo Benítez de «dejar sin efecto el acta bilateral» con Brasil de contratación de energía a la represa bilateral de Itaipú, documento que establecía un cronograma de compra hasta 2022.

Aunque la firma del acta se produjo en mayo, la ciudadanía no conoció de su existencia hasta esta semana, cuando se filtró el mismo día de la renuncia del entonces titular de la Administración Nacional de Energía (Ande), Pedro Ferreira.

El documento provocó indignación entre la oposición paraguaya, que acusó al presidente de ceder soberanía energética a Brasil y amenaza con la posibilidad de solicitar un juicio político en contra de Abdo Benítez.

Además, el Gobierno paraguayo pedirá a Brasil una convocatoria de las Altas Partes Contratantes para que el acta vuelva a tratarse en la esfera técnica y no en la diplomática, como ocurrió en esta ocasión por desavenencias entre ambas partes.

«Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las Altas Partes en el transcurso de esta semana que se inicia, donde solicitaremos la anulación, dejar sin efecto, el acta bilateral y, al mismo tiempo, para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas, donde siempre se ha decidido y tratado», expresó el canciller en una conferencia de prensa.

Castiglioni avanzó que ya se ha comunicado con su par, el brasileño Ernesto Araujo, para expresarle la decisión de Paraguay de convocar a las altas partes y aseguró que aceptó «con mucho gusto».

Con esta decisión, el Gobierno paraguayo, dijo el canciller, espera que «en el transcurso de esta semana se resolverá todo esto», después del revuelo causado entre la oposición paraguaya y parte de la ciudadanía, tras conocerse el acta.

Sobre este punto, Castiglioni reconoció que hubo «un déficit en la comunicación y en la información» y que eso provocó «gran desinformación» y «manipulación» por parte de sectores interesados.

No obstante, señaló que sí existió comunicación previa de esos encuentros entre los representantes de la paraguaya ANDE y la brasileña Eletrobras, así como de los posteriores encuentros entre diplomáticos, una vez aparecidos los desacuerdos técnicos.

Al haberse acordado entre las Altas Partes, es necesario que estas vuelvan a reunirse para dejar sin efecto el acta y que la contratación de potencia de la usina vuelva a discutirse en niveles técnicos.

Brasil solicitó a Paraguay en esas conversaciones que comprara energía acorde a su consumo y que presentara un cronograma hasta 2022, un año antes de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú de 1973, algo que desde el lado paraguayo no se hacía.

«Hay una gran irregularidad desde hace mucho tiempo. La última vez que hubo un contrato de compra de potencia fue en 2008. Desde 2008 nunca más hubo un contrato, después hubo arreglos de hecho y eso es muy peligroso para Paraguay (…). Necesitamos un contrato que asegure la previsibilidad», aclaró el canciller en relación a lo especificado en el tratado.

Preguntado por este cambio de actitud de Brasil, que en años anteriores permitió a Paraguay eludir la presentación del cronograma, Castiglioni apuntó al cambio de Gobierno, ahora con el ultraderechista Jair Bolsonaro, y a «cambios de criterios», también desde el lado paraguayo.

«Ya no estamos de acuerdo con lo que se estuvo haciendo así. Hay que poner todo en orden, de acuerdo a la ley y al derecho internacional para que tengamos los derechos precautelados», puntualizó.

Además, Castiglioni confirmó que acudirá este lunes al Congreso, donde fue citado a comparecer, junto con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, el titular paraguayo de Itaipu, José Alberto Alderete, y el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez, para explicar la suscripción del acta. EFE

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