Asunción, 2 ago (EFE).- Paraguay anunció este viernes los primeros miembros de la comisión asesora con miras a la renegociación con Brasil del tratado de la represa de Itaipú en 2023, un día después de que el Ejecutivo sorteara su mayor crisis política debido a un acuerdo energético suscrito con el país vecino.
La creación de la comisión que estudiará cómo debe gestionar Paraguay el excedente de energía de la central hidroeléctrica era uno de los compromisos que adquirió este jueves el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, tras las críticas sobre las negociaciones con Brasil en materia energética.
Los dos países tendrán que llegar a un acuerdo para modificar el anexo C del tratado de Itaipú, que vence en 2023 y que obliga a Paraguay a vender a Brasil a precio de coste el excedente del 50 % de la energía generada por la presa, ubicada en la frontera entre ambos estados.
El nuevo ministro de Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas, informó este viernes a los medios de la designación de los primeros doce miembros de la comisión, entre los que figuran políticos, asesores económicos y especialistas en energía.
Destaca la presencia de dos exministros de Hacienda: César Barreto, que estuvo al mando de la cartera entre 2007 y 2008 durante el Gobierno de Nicanor Duarte, y Manuel Ferreira, quien dirigió el ministerio entre 2012 y 2013 como parte del Ejecutivo interino de Federico Franco.
También forman parte de la comisión Jorge Ayala y Efraín Enriquez, que dirigieron el lado paraguayo de Itaipú y Héctor Richer que fue el presidente de la compañía estatal de electricidad de Paraguay entre 1997 y 1998.
Con un perfil más político aparecen en la lista los exsenadores del Partido Colorado, Hugo Estigarribia, y de Encuentro Nacional, Mario Paz.
La ingeniera Soledad Núñez, los analistas económicos Fernando Masi y Alberto Acosta, así como los especialistas en materia energética Gerardo Blanco y Guillermo López completan la comisión de asesores del Gobierno paraguayo.
Rivas explicó que esta lista preliminar se puede engrosar hasta alcanzar una cifra cercana a los 20 participantes, ya que algunos de los expertos identificados por el Ejecutivo aún no han contestado a su invitación.
Este grupo se sumará al asesoramiento que desde 2012 realiza el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien aboga por estudiar el mercado regional de consumo y demanda de energía, de cara a preparar el acuerdo.
En ese sentido, el experto vaticina que en el futuro se creará una política estratégica regional entre los países del Mercosur, como resultado de una interconexión de sus sistemas energéticos.
Además de anunciar la creación de la comisión, Rivas también informó de que el Gobierno va a llevar a cabo cambios en el consejo de Itaipú, tras el controvertido acuerdo energético, aunque no quiso adelantar a qué personas afectará.
La polémica se inició el miércoles pasado, después de la filtración de un acta bilateral firmada en mayo que establecía un cronograma de la potencia anual contratada por Paraguay que pasaba de los 1.370 megavatios (MW) en 2019 hasta los 1.924 MW en 2022.
La divulgación del documento, que para los partidos de la oposición suponía un impacto negativo para el país, provocó la renuncia de cinco altos cargos del Gobierno, entre ellos el ministro de Exteriores, Luis Alberto Castiglioni.
También presentaron su dimisión el director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itaipú, José Alberto Alderete, y el flamante director de la Asociación Nacional de Electricidad, Alcides Jiménez.
Nuevas publicaciones de los medios locales apuntaron esta semana a la intervención de uno de los asesores del vicepresidente Hugo Velázquez en las negociaciones para evitar que la compañía estatal de electricidad de Paraguay pudiera comerciar energía en Brasil, lo que reabrió la polémica.
Entonces, el Gobierno paraguayo anunció la derogación del acta en un movimiento que le permitió poner freno a las peticiones de juicio político por parte de la oposición y de un sector del partido del Ejecutivo.
Tras anular el acta, Paraguay y Brasil han emplazado a sus dos compañías estatales a negociar un nuevo acuerdo sobre contratación de potencia energética en la que únicamente intervengan los sectores técnicos y se excluya, esta vez, a los diplomáticos de ambos estados. EFE
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