Asunción, 21 oct (EFE).- La Federación Nacional Campesina (FNC), la mayor organización de agricultores de Paraguay, ha convocado una movilización nacional con concentraciones y cierres de rutas el próximo lunes, en protesta contra los desalojos de los asentamientos campesinos y la falta de políticas de apoyo a la agricultura familiar por parte del Estado.
Marcial Gómez, secretario general adjunto de la FNC, dijo este lunes a Efe que las concentraciones se darán en las principales cabeceras del país, incluida Asunción, al tiempo que se procederá a los cortes de las carreteras más importantes de los departamentos como medida de protesta.
Añadió que los cortes de ruta se mantendrán pese a la advertencia del Ministro del Interior, Euclides Acevedo, de que el Gobierno no tolerará que se impida el derecho al libre tránsito.
En ese sentido, Gómez señaló que «cualquier derivación en medidas represivas será responsabilidad del ministro del Interior y del presidente de la República (Mario Abdo Benítez)».
Agregó que uno de los principales ejes de la protesta es el «repudio a la política represiva del Gobierno actual» como los desalojos que se están dando en los asentamientos campesinos del país, que cifró en más de un millar.
De acuerdo con Gómez, hay unos 800 asentamientos que pueden ser desalojados debido a los intereses de los grandes productores, algunos de origen brasileño, y de las organizaciones empresariales que contarían con el amparo de la Justicia.
Gómez puso como ejemplo la colonia agrícola de Crescencio González, en el norteño departamento de San Pedro, unas 5.000 hectáreas en las que viven cerca de 2.000 personas desde hace unos 20 años.
Según Gómez, la supervivencia de esos pobladores en la colonia peligra debido a los litigios iniciados por supuestos propietarios de la tierra, y pese a que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) dio la razón a los campesinos.
Explicó además que otra de las armas que juegan en contra de los campesinos es la derogación del protocolo que estaba en vigor desde 2013, que establecía una regulación para llevar a cabo el desalojo, como un análisis de la situación de los pobladores y la comunicación a la Defensoría del Pueblo.
El protocolo fue derogado el mes pasado tras un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, que permitirá agilizar el procedimiento de desalojo.
Para Gómez, todo ellos se resume en una «falta de política de soluciones» a la problemática del campesinado por parte del Estado y a través de sus dos principales herramientas, el Indert y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
«Desde la FNA venimos diciendo que hay una política intencional del Gobierno de eliminar a los pequeños campesinos y productores y dejar vía libre a las grandes empresas de agricultura mecanizada», dijo Gómez.
Paraguay tiene la mayor concentración en la propiedad de la tierra del mundo, donde el 90 % de los terrenos están en manos del 5 % de los propietarios, según los datos de la ONG Oxfam. EFE
