Asunción, 17 ene (EFE).- Paraguay ha dado un «paso importante» en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos, financiación del terrorismo a partir de ese delito y la corrupción pública, dijo este viernes Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Arregui enmarcó esa valoración en el compromiso de Paraguay para el cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), a cuya evaluación está sometida el país suramericano.
En concreto, Arregui se refirió a un paquete normativo aprobado en diciembre pasado en sintonía con las recomendaciones de Gafilat, y que contempla incorporación de nuevos tipos penales, cambios en las leyes de terrorismo, inmovilización de activos financieros o nueva redistribución de los productos provenientes de subastas por decomiso.
«Hubo un impulso fundamental que dio el Ejecutivo con el apoyo del Congreso», enfatizó el ministro a los periodistas a su salida de una reunión de evaluación de un informe recogido de 29 órganos estatales que será remitido este lunes a Gafilat.
Comentó que la serie de leyes «es muy bien considerado» por el tiempo «récord» de su aprobación total, poco más de un año, lo que, según dijo, refleja «la voluntad país para estar acorde con los nuevos estándares internacionales en materia de estos flagelos».
Arregui señaló que el siguiente paso que le resta es superar la prueba de efectividad, es decir resultados de aplicación real de esas leyes dentro de un proceso iniciado en 2013 a partir de un plan estratégico presentado por el país al organismo internacional.
Añadió que tres años después, en 2016, Paraguay realiza una evaluación nacional de riesgo, en la que «se detectan las amenazas que tiene, por ejemplo, el contrabando, la corrupción pública y el narcotráfico».
Y resaltó que se «tiene en cuenta las condenas que se hicieron a partir de esos riegos detectados por el propio país, por ejemplo, condenas por narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas».
«Las recomendaciones (del Gafilat) tienen que ver con una serie de aspectos que abarcan esas amenazas, que de alguna manera representan una realidad en nuestros países hoy en el contexto internacional», indicó.
Arregui explicó que una vez elevado el informe a ese organismo intergubernamental, que agrupa a 17 países latinoamericanos, se aguardará una nueva visita de evaluación de dos semanas prevista para mayo próximo.
Gafilat emitirá en septiembre un dictamen preliminar que será debatido en diciembre de este año y, en función a los resultados se decidirá qué tipo de seguimiento continuará en el país.
En el caso de que se detecten anomalías o falta de acciones para prevenir los delitos, Paraguay tendrá todavía un año hasta diciembre de 2021 para acometer mejoras y evitar volver a la Lista Gris, en la que ya estuvo entre 2008 y 2012. EFE