Asunción, 25 mar (EFE).- El Congreso paraguayo necesitó solo dos días para cerrar este miércoles el circuito legislativo y aprobar una línea de crédito de 1.600 millones de dólares para fortalecer el combate contra el coronavirus y blindar la economía del país.
La ley de contingencia económica, impulsada por el presidente del país, Mario Abdo Benítez, y que ahora volverá a su despacho para ser promulgada, fue aprobada por mayoría en la sesión extraordinaria de Diputados luego de siete horas de debate.
Un día antes y en otra convocatoria del mismo carácter, el Senado hizo lo propio tras en una prolongada sesión que terminó hacia la medianoche del martes, ya que ambas Cámaras debieron desdoblarse en órganos de comisión para debatir en detalles su contenido.
PROTECCIÓN SOCIAL
Las discusiones para el último envión del proyecto giraron sobre el reclamo de la oposición para triplicar el subsidio del consumo de electricidad de 250.000 guaraníes (38 dólares) para sectores vulnerables durante los meses de marzo, abril y mayo.
Los consumidores por encima de ese monto podrán diferir los pagos y la suma acumulada se podrá refinanciar después en 18 meses sin recargo ni intereses.
Al respecto, la diputada Rocío Vallejo, del opositor Partido Patria Querida (PPQ), afirmó que entre los sectores más golpeados por la cuarentena de dos semanas se encuentran trabajadores que viven el día a día.
«Nadie está vendiendo nada y esto nos afecta a todos por igual», afirmó la diputada.
Por su parte, Celeste Amarilla, del Partido Liberal, el principal de la oposición, planteó modificar la versión del Ejecutivo para reorientar a la sanidad unos 643 millones de dólares previstos en funcionamiento del Estado durante los próximos dos meses, frente al monto de unos 500 millones del proyecto inicial.
El viceministro de Tributación, Óscar Orue, presente en la sesión al igual que el de Administración Financiera, Óscar Llamosa, adujo que la maquinaria del Estado demandará en esta emergencia unos 276 millones de dólares al mes al paralizarse gran parte de sus ingresos.
Luego de varias intervenciones, algunas de ellas de forma reiterada y con énfasis en el aislamiento social preventivo decretado el 10 de marzo pasado, el primero entre los países de la región, el diputado Basilio Núñez, del oficialista Partido Colorado, solicitó aprobar la versión del Senado.
Y es que una aprobación con modificaciones hubiera significado la vuelta del proyecto a la Cámara Alta.
«Un día más significaría perder tiempo, perder vidas y creo que ninguno de nosotros quiere hacerse responsable de eso», afirmó Núñez.
LA SANIDAD EN PRIMER LUGAR
La iniciativa del Gobierno prevé una partida de 514 millones de dólares para la sanidad pública, enfocada en la compra de insumos, equipamiento, logística y plus salarial para profesionales de la primera línea de atención.
La inversión sanitaria incluye al menos 300 nuevas unidades de cuidados intensivos, 230 respiradores mecánicos y la compra de 100.000 unidades de reactivos para la detección rápida del COVID-19.
La adquisición de esos reactivos servirá para determinar con más precisión el número de positivos, ya que el propio Ministerio de Salud no descarta que se esté dando un subregistro debido a la baja capacidad del sistema sanitario.
Hasta la fecha, el país ha registrado, desde el 7 de marzo, 37 positivos y tres fallecimientos.
La pandemia de coronavirus alcanzó a Paraguay cuando la sanidad pública tomaba cierto respiro en lucha contra el dengue, cuyo brote endémico en lo que va de año deja 51 muertos de 23.922 casos confirmados de 172.864 cuadros febriles notificados.
ATENCIÓN AL EMPLEO
En cuanto a la protección del empleo, está previsto un subsidio a los trabajadores formales por 100 millones de dólares, e informales por un monto de 300 millones.
En el caso del empleo informal, se estudia un subsidio del 25 % del salario mínimo legal, que es de 2.192.839 guaraníes, unos 331 dólares, por lo que quedaría en algo menos de 550.000 guaraníes, unos 82 dólares.
La ley contempla igualmente recursos excepcionales para asistir a los sectores agrícola, comercial y de servicios, así como a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El Gobierno ha insistido en que la intención primera es echar mano a todos los recursos disponibles del Tesoro para después endeudarse con prestatarios internacionales, con la colocación deuda en los mercados como última opción. EFE
