Senado aprueba recortes a funcionarios ante impacto del COVID-19 – Revista PLUS

Senado aprueba recortes a funcionarios ante impacto del COVID-19

Asunción, 17 abr (EFE).- El Senado de Paraguay se sumó este viernes a los recortes de excepción del Ejecutivo como freno al impacto económico del COVID-19, al suprimir beneficios del funcionariado y reducir los salarios de los altos cargos de las represas de Itaipú y Yacyretá, criticados por la ciudadanía como una suerte de privilegios.

El proyecto, que fue aprobado por una mayoría de 41 votos en sesión por videoconferencia de nueve horas y pasa ahora a la Cámara de Diputados, afecta al personal superior de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

«PRIVILEGIOS»

Entre el abanico de recortes suprimidos están los bonos de combustible, viáticos, telefonía e incentivos por acudir al trabajo, un beneficio este último que gozan los trabajadores de Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina, respectivamente.

También hubo mayoría para limitar viajes al exterior y los gastos que conllevan, el extra de la paga por «responsabilidad en el cargo» de 80 al 30 %, contrato de asesores y quita el seguro médico privado y el incentivo especial a auditores de organismos que combaten la evasión.

Los senadores también eliminaron el traslado de personal de una entidad a otra, una práctica que permite mantener salario de origen en el lugar de destino, generalmente más relajado, y endurecieron la ley que regula espacios de pago en los medios y la que penaliza el nepotismo.

SALARIOS

Los senadores también aprobaron que los altos cargos de las dos hidroeléctricas que perciben salarios superiores al del presidente del país se equiparen a los del mismo, que asciende a 37 millones de guaraníes (unos 5.600 dólares).

Ello en línea con la directiva del presidente del país, Mario Abdo Benítez, que a finales de marzo ordenó esa equiparación por tres meses si bien el proyecto aprobado por el Senado fija en el tiempo el recorte.

Abdo Benítez también recortó entre el 10 % y el 20 % los salarios de funcionarios cuya designación pende del Ejecutivo y que ganen más de 10.964.195 guaraníes (1.670 dólares), con el mismo objeto de usar esos recursos para paliar los efectos económicos del coronavirus.

BINACIONALES EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

El debate más encendido se produjo alrededor de las empresas que gestionan las represas, que parte de la ciudadanía ve como una especie de botín político para miembros del Gobierno de turno.

En ese sentido, algunos senadores del gobernante Partido Colorado (conservador) advirtieron que la Corte Suprema decidió en el pasado que Yacyretá e Itaipú son organismos supranacionales con normas propias definidas en tratados con los estados socios, fuera del alcance de la legislación local.

Sin embargo, el oficialista Sergio Godoy argumentó que la Carta Magna «es la ley suprema» del país, que «no tolera privilegios indebidos», y se manifestó en favor del proyecto y de una regulación para que las cuentas de las represas entren al presupuesto público, algo que no ocurre ahora.

El también oficialista Enrique Riera fue más tajante: «no me digan que no podemos modificar salarios privilegiados, extraterrestres, en un país donde tenemos dos millones de pobres».

Por su parte, Eusebio Ramón Ayala, del Partido Liberal, el mayor de la oposición, planteó la teoría «del derecho en tiempos de emergencia» luego de preguntarse: ¿quién podría defender privilegios?

«Es legal, es legítimo, es justo y necesitamos dar señales claras», sentenció Enrique Salyn Buzarquis, líder de bancada liberal, al respaldar la iniciativa, rechazada tan solo por tres senadores oficiales.

El debate se produce en medio del periodo de aislamiento social decretado por el Gobierno para contener una expansión del COVID-19, una medida que golpea al sector formal e informal, que es mayoría en el país, de 7 millones de habitantes. EFE

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