Las respuestas económicas fueron ejecutadas lentamente, sin la urgencia adecuada y en muchos casos insuficientes y mal orientadas.
El presidente de Paraguay enfrenta un escenario económico y político muy complejo, con la pandemia del coronavirus que azota a nivel mundial. Además, varios hechos de corrupción salpican a su gobierno.
“Lamentablemente, en estos últimos 24 meses, los desafíos en materia económica no han sido prioritarios para el gobierno de Mario Abdo, que no tuvo el liderazgo suficiente y necesario que exigieron y siguen requiriendo las circunstancias; llevándonos actualmente a la compleja situación de reconstruir la demanda y generar empleos sostenibles y dignos, así como producir un shock de confianza, de manera urgente”, explicó el economista Rubén Ramírez Lezcano.
El COVID-19 llegó a Paraguay en un momento en que el espacio fiscal ya estaba siendo utilizado para contrarrestar la desaceleración económica de 2019 y en que el sistema de salud ya se encontraba bajo presión por un profundo brote de dengue.
En este contexto las autoridades reaccionaron a la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. El deterioro significativo de la actividad económica, debido a la cuarentena de empresas y personas impuestas como medidas sanitarias, siguen afectando las decisiones de consumo e inversión.
“Las medidas de confinamiento necesarias para la contención del COVID-19 no alcanzaron el objetivo de lograr un sistema sanitario que administre la ascendente curva de contagios y de lamentables pérdidas de vidas humanas”, según Ramírez Lezcano.
La deficiente gestión y corrupción denunciados, deben ser aclarados y los responsables debidamente procesados y castigados. Las respuestas económicas fueron ejecutadas lentamente, sin la urgencia adecuada y en muchos casos insuficientes y mal orientadas. Además, no se ha conseguido reducir los gastos rígidos y superfluos que permitan salir de esta crisis económica de forma más acelerada.
Es así que además de las proyecciones negativas de crecimiento, el manejo macroeconómico sigue siendo peligroso, con una deuda externa que creció un 10% este año y supera el 30% del PIB, además de un déficit fiscal previsto de -7%.
“Todas estas condiciones deben llamar la atención del gobierno de Mario Abdo que inicia su tercer año de mandato, dado que constituyen factores que están afectando negativamente a la economía paraguaya”, agregó el economista.
CONTEXTO ECONÓMICO
Según un reporte del BID, el crecimiento experimentado por Paraguay en la última década se sustenta principalmente por la acumulación de factores productivos, con un crecimiento de la productividad restringido. Esto se debe a que la economía paraguaya está poco diversificada, con limitada inserción internacional y con empresas que enfrentan escaso acceso al financiamiento de largo plazo.
Sumado a esto, hay altos costos de logística, infraestructura deficiente, bajos niveles de innovación y baja calidad del capital humano. Una encuesta realizada en 2019 sobre el clima de negocios en Paraguay sugiere que entre los principales obstáculos para el crecimiento de las empresas se encuentran la falta de oportunidades de inversión y de acceso a infraestructura adecuada, siendo este último más importante para las empresas de menor tamaño.
La baja productividad del trabajo y el alto grado de informalidad se retroalimentan mutuamente. Casi dos tercios de los trabajadores son informales y más del 60% de las mipymes operan en la informalidad. Estos sectores son especialmente vulnerables a las crisis, y esta no es la excepción.
Los esfuerzos por formalizar la economía son más necesarios que nunca para potenciar la recuperación. Esto permitiría no sólo ampliar la base imponible sino también que las empresas que operan informalmente tengan acceso a los beneficios existentes, como los programas de incentivos, y acceso al crédito a tasas más razonables, y que los trabajadores informales se desempeñen en mejores condiciones, que incluyan mayores oportunidades de capacitación y protección social, incrementando el capital humano.
La gestión de la emergencia provee una ventana de oportunidad para fortalecer los sistemas de información y registros administrativos útiles para tareas de identificación de individuos y empresas vulnerables a fin de diseñar una estrategia de formalización y apoyo en el proceso.
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