El jueves pasado, la Cámara de Senadores aprobó la prórroga de la ley de emergencia nacional, ampliando su vigencia hasta el 30 de junio de 2021.
Sin embargo, la Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy) advierte que para que la ley se haga efectiva y se evite la pérdida de cientos de empleos, además de la media sanción, el Senado debe llamar a una sesión extraordinaria antes de fin de año.
Bruno Defelippe, presidente de la Asepy, expresó su preocupación tras la postergación del análisis del proyecto de ley “Que establece un régimen transitorio de aportación al Instituto de Previsión Social (IPS), dirigida a empresas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimiento, en todo el territorio de la República, a consecuencia de la declaración del estado de emergencia sanitaria, establecida por Ley Nº 6524/2020, a causa del COVID–19”.
“Los sectores más golpeados por la pandemia fueron los del área de servicios, cuyo impacto repercute directamente en la economía, ya que son los que más empleos generan”, dijo, y agregó: “Nuestros asociados de los rubros gastronómicos, hotelería, turismo y eventos están logrando mantenerse gracias al subsidio a trabajadores suspendidos del IPS. Este mismo beneficio queremos que se vuelva a extender por un periodo más”.
En este sentido, reiteró el pedido a los legisladores, a fin de que prioricen el tratamiento de esta ley y convoquen a una sesión extraordinaria lo antes posible. “Nuestra solicitud es que antes de que acabe el 2020 se pueda extender la ley de emergencia y permitir a los sectores más afectados continuar con las suspensiones laborales; al igual que la reducción de IVA al 5%, por un tiempo mayor”, sostuvo Defelippe.
Asimismo, indicó que la premura del tratamiento radica en que estos rubros necesitan tener previsibilidad porque, de lo contrario, el 1 de enero no podrán cumplir con sus obligaciones contractuales y tendrán que despedir a mucha gente.
Por su parte, Aramí O’Hara, asociada de Asepy, representando al sector gastronómico, cuestionó duramente la actitud parlamentaria. “Es una tremenda estupidez no comunicar bien las cosas. Así no se puede hacer la reactivación. Están nuevamente en peligro toda la inversión y los esfuerzos realizados. ¡Es una vergüenza! ¡El tema era aprender a vivir con esto! Así lo habían dicho. Gobierno, clientes y empresas, cada quien sabe su responsabilidad y debe actuar en consecuencia”.
Hasta la fecha, según datos que maneja Asepy, los trabajadores suspendidos suman un total de 49.585 (47,8 %) de unas 3620 empresas, que representan a los sectores de hotelería, gastronomía, eventos y turismo.
Por su parte, el IPS desembolsó ocho subsidios a los suspendidos en el año, más el pago extraordinario conocido como aguinaldo, quedando así un saldo aproximado de 33 millones de dólares, de los 100 millones que recibió el ente, en el marco de esta ley.
