Recursos insuficientes para financiar subsidio a comerciantes de frontera con Argentina

La ley aprobada por el Congreso, que otorga subsidios a comerciantes de las ciudades que limitan con Argentina, está siendo analizada por técnicos del Ministerio de Hacienda.

Los recursos que se establecen en la propia ley, que está en torno a US$ 10 millones, son insuficientes para poder cumplir con lo que establece la nueva normativa, declaró en una entrevista televisiva, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas.

Detalló que el proyecto original preveía la asistencia a 5 ciudadanos cabecera y el Congreso agregó otras 10, lo que implicaría prorratear los recursos nuevamente.

En este sentido, la conformación de una mesa de trabajo, muy positiva, con representantes de las cámaras de comercio de las principales ciudades que están incorporadas dentro de esta ley, es de suma utilidad para llegar a acuerdos.

Reiteró que se está llevando adelante actualmente el plan de recuperación económica “Ñapu’ã Paraguay”, que fue implementado a mediados del año pasado, cuyos pilares son los mismos, los de seguir asistiendo a aquellos sectores vulnerables, a través del programa Pytyvõ y de otro tipo de asistencias enfocadas en la inversión pública, teniendo en cuenta que es generadora de empleos y así tratar de saldar algunas brechas históricas.

“Dentro de este plan, hay una agenda muy ambiciosa en materia de reformas y leyes que buscan la mejora del gasto público, optimizar el ambiente de negocios y avanzar en un fortalecimiento fiscal, para la vuelta a la sostenibilidad fiscal pospandemia”, resaltó.

Consultado sobre la ley de compras públicas, dijo que la cartera a su cargo plantea, no solo el enfoque en el proceso de compras en sí, sino en la previa, en la planificación y también la ejecución de los contratos. “Estamos trabajando en una propuesta legal, que la vamos a enviar al Congreso, ni bien inicie el año legislativo, en marzo”.

Reiteró que considera imperativo avanzar en este proceso de eficiencia en la ejecución de gastos, tanto en los procesos de obras públicas, como así, en las demás compras que hace el Estado.

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