La ley busca asistir a los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 a través de una serie de medidas transitorias de apoyo como la exoneración de servicios básicos, la creación de un fondo para mipymes y cuentapropistas, la asistencia a familias vulnerables y el pago de subsidio para trabajadores formales suspendidos.
Al respecto, el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, en diálogo con un medio radial recordó que la ley representa US$ 365 millones, de los cuales US$ 20 millones serán destinados a la creación de un fondo para mipymes y cuentapropistas. Asimismo, unos US$ 25 millones se utilizarán para capitalizar el Fogapy, de manera a seguir otorgando garantías.
El viceministro Haas precisó además que unos US$ 10 millones están asignados para la exoneración de servicios básicos para los sectores gastronómico, eventos, turismo, hotelería y servicios. También se incluye a los trabajadores formales de la Ley de Subsidio de Frontera con Argentina.
Por otra parte, US$ 3 millones se destinarán a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la compra de kits de alimentos, US$ 2 millones para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para la compra de medicamentos e insumos médicos y US$ 5 millones para ollas populares. Por último, US$ 23 millones irán al Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago a trabajadores suspendidos y US$ 15 millones para el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) para la construcción de viviendas.
Con relación a la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), el viceministro Haas comentó que el país ya recibió el aporte el lunes 23 de agosto y este se encuentra actualmente en el Banco Central del Paraguay (BCP).
“Solo que todavía no se puede utilizar hasta que la ley esté promulgada. Creo que para inicios de la próxima semana esto debería estar promulgado y los programas ya listos para funcionar”, aseguró.
