Asunción, 3 mar (EFE).- Una jueza en Paraguay ordenó este jueves la prisión preventiva del exdiputado oficialista Juan Carlos Ozorio, imputado por su presunta participación en actividades relacionadas con lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, informó la Fiscalía.
Ozorio compareció ante la juez contra el crimen organizado Rosarito Montanía como parte de una investigación en su contra dentro de las pesquisas de la operación antidrogas «A Ultranza», que se desarrolla desde hace varios días en el país con allanamientos en distintas zonas y la incautación de bienes valuados en unos 100 millones de dólares.
El dirigente renunció el miércoles a su curul en medio de un escándalo a raíz de denuncias periodísticas no relacionadas con el operativo en curso y que apuntaban a su presunta participación en una estructura dedicada al narcotráfico y al parecer vinculada con la organización criminal brasileña Comando Vermelho (Comando Rojo).
La Fiscalía señaló en su cuenta de Twitter que la jueza adoptó la medida a solicitud de los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, que han imputado al exlegislador por «lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal».
En concreto, el Ministerio Público indicó que el político tendría vínculos con una presunta organización criminal blanco de distintos allanamientos dentro del operativo «A Ultranza».
Se le señala de la «gestión de documentos» y «medios logísticos» , así como de colaborar para «la circulación de activos provenientes del tráfico de drogas», entre otros hechos, según un documento difundido por la Fiscalía.
Tras comparecer ayer ante los fiscales, que dictaron orden de detención en su contra, Ozorio fue trasladado, bajo custodia, a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde pernoctó.
Después de la vista de hoy, Álvaro Arias, abogado de Ozorio, dijo a periodistas que la jueza resolvió no dar a lugar al pedido de arresto domiciliario que hizo la defensa y dispuso, en cambio, la prisión preventiva.
Arias aseguró que, según la resolución, su cliente puede ser enviado a la penitenciaría nacional de Tacumbú o a una «institución idónea» que definan las autoridades. EFE
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