Llamemos a las cosas por su nombre: no es lo mismo seguridad jurídica que respeto a las reglas

Crédito columna: Alejandro Kladniew, socio gerente de Paraguay Development SRL.

Entiendo que todos hemos escuchado hasta el cansancio a diferentes actores del mundo económico hablar respecto del término seguridad jurídica como uno de los factores predominantes para que un país tenga un buen nivel de inversión. Es un concepto que se pone como eje central, como una condición ineludible del desarrollo económico.

Como pasa con otros tantos conceptos que son de diaria reiteración por llamados especialistas, medios de comunicación, referentes de opinión; solemos darlo como un concepto válido e imprescindible.

Para comprender qué es la seguridad jurídica y cuál es su alcance y operatividad real debemos contemplar su significado.

Comencemos por el contenido específico: la seguridad jurídica es certeza del derecho. Es decir, la certeza sobre cuál es y qué contempla la norma que debe aplicarse a cada caso. La certeza del derecho es, por tanto, una exigencia que afecta sobre todo a la redacción y elaboración normativa por parte de los poderes públicos.

Pero también, es previsibilidad en los efectos de la aplicación de las normas por parte de los poderes públicos. O sea, la seguridad jurídica permite que se pueda tener una expectativa razonablemente fundada sobre las consecuencias jurídicas de los actos.

Si ligamos el concepto de seguridad jurídica al concepto de democracia, que implica una verdadera separación de los poderes del Estado,  debemos decir que según un estudio de The Economist, solo se considera que existen 23 democracias plenas en todo el mundo, entre las que se encuentran los países hispanohablantes de Uruguay (en el puesto 15, con 8,61), Chile (en el 17, con 8,28), Costa Rica (en el 19, con 8,16 puntos) y España (en el 22, con 8,12).

Es decir, en la mayoría de los países del mundo imperan gobiernos en que debido a su débil o nula calidad democrática, no podríamos hablar del término seguridad jurídica tal cual lo concibe su definición.

Si hiciéramos incluso un análisis de niveles de inversión versus seguridad jurídica en el mundo, nos encontraríamos con decenas de situaciones donde no hay una coherencia entre montos de inversión y seguridad jurídica.

Existen muchos países, con regímenes autoritarios donde fluyen las inversiones internacionales en montos muy importantes, provenientes de países de alta calidad democrática.

En una nota publicada a mediados de 2021 según las bolsas de Abu Dabi y Dubái, las inversiones extranjeras aumentaron notablemente en Emiratos Árabes Unidos. Según las entidades financieras de las dos megaciudades emiratíes, hasta el mes de mayo de 2021 habían alcanzado 3.255 millones de dirhams. Según los medios, este incremento de capitales extranjeros se debe a la cada vez mayor confianza de los inversores en los mercados del país.

Durante el año pasado, en 2020, las inversiones extranjeras crecieron hasta llegar a los 41.000 millones de dirhams, según la autoridad de valores y productos básicos. De enero a mayo de 2021, la Bolsa de Valores de Abu Dabi alcanzó 44.752 mil millones de dirhams en compras y 41.807 en ventas. Por otra parte, en Dubái las compras ascendieron a 7.302 mil millones en dirhams y 6.991 en ventas.

Asimismo decenas de países de alta turbulencia política e institucional que tienen la misma situación, por ejemplo en la región, tenemos el caso del Perú que consigue alzas en inversión pública y privada de 22% y 34% en 2021 es decir, en la privada representa un 12% más que la del 2019.

Ineludiblemente como “los negocios son negocios”, hay múltiples razones en donde hasta los Estados o las empresas privadas de los países más democráticos, dejan de lado sus valores en función de sus intereses económicos y estratégicos. Como dice Serrat, “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

Entonces, ¿qué buscan los inversores, ya sean privados o estatales para invertir en un país donde no existe o es débil la seguridad jurídica?

Para decirlo en otros términos, a quienes manejan dinero, la previsibilidad que les importa no es primordialmente, la del Estado del derecho, sino la de las reglas de la economía.

Más allá que, obviamente primero se evalúa el potencial retorno de la inversión, lo que estudia, analiza y resuelve en gran parte la misma, son el respeto por las reglas-normas que tiene un país en relación a las variables de la economía. Llamamos variables de la economía al tipo de cambio, inflación, impuestos, retenciones, etc.

Nos parece que hablar de seguridad jurídica en términos de la economía es un concepto un tanto hipócrita y que confunde. Para bien o para mal, el mundo de los negocios tiene algunos otros parámetros, no solo los valores fundantes de la democracia occidental.

 

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