Gobierno paraguayo propone crear secretaría de Integridad y Transparencia

En la foto: Federico Hetter, ministro de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac)

Asunción, 1 feb (EFE). – El Gobierno de Paraguay anunció este miércoles que presentó al Congreso un proyecto de ley para la creación de la Secretaría Nacional de Integridad y Transparencia, que reemplazará a la actual entidad anticorrupción y tiene por objeto fortalecer el combate a ese flagelo.

En una conferencia de prensa desde el palacio de Gobierno, el jefe del Gabinete Civil, Hernán Huttemann, explicó que, de conseguir el aval del Legislativo, el país contaría por primera vez con un «órgano promotor de políticas públicas en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción», que consideró una cuestión «no menor».

Además, aseguró que Paraguay daría cumplimiento a convenciones y compromisos internacionales asumidos desde 1996, con la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Huttemann indicó que la actual Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que depende de la Presidencia de la República, se concibió a partir de un decreto del Poder Ejecutivo del año 2012.

De convertirse en ley esta propuesta, consideró (QUE) se dará «estabilidad» a un «órgano fundamental» en la lucha contra un fenómeno «multicausal y complejo» como la corrupción.

En ese sentido, el ministro de la Senac, Federico Hetter, detalló que, de aprobarse esta iniciativa, se subsanaría la «debilidad institucional» de la entidad a su cargo, «ante la facilidad con la que se pueden modificar los decretos presidenciales».

El funcionario destacó entre las novedades del proyecto de ley la inclusión de la «figura de la denuncia anónima».

Este mecanismo permitiría formular denuncias de manera anónima o con protección de datos, siguiendo un «estándar establecido por los organismos internacionales» para garantizar la protección del denunciante.

Para convertirse en ley, el proyecto deberá conseguir el aval tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores y ser sancionada posteriormente por el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, cuyo mandato concluye en agosto próximo. EFE

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