Crédito columna: Alejandro Kladniew, socio gerente de Paraguay Development SRL.
A diario abundan las quejas de diferentes fuentes respecto a obras públicas que tienen dificultades. En muchos casos, se aducen sobreprecios y en muchos otros (también y fundamentalmente) pésima, mala o regular calidad entre lo licitado y la obra concluida.
Es cierto que hay veces las voces de alarma no se condicen con lo que pasa realmente con el proyecto una vez concluido. Es decir, personas que profetizan más o menos que determinada obra “se va a inundar”, “se va a caer”, “se va a deteriorar en poco tiempo”, y una cantidad innumerable de calificaciones negativas que parece que viene el “diluvio final”, y después en los hechos, se ve que la obra está ejecutada correctamente.
Sin embargo, en muchos otros casos, efectivamente las obras contratadas lejos están de funcionar tal y como era el objetivo. Se produce no solo una terrible frustración y enojo en los beneficiarios directos, sino también en la población general que está harta de una gestión pública generalmente deficiente.
Hay muchos casos que seguro al lector le vienen en este momento a la memoria y voy a elegir uno de ellos que para mí está entre los más decepcionantes para graficar el concepto, me refiero al acueducto del Chaco paraguayo.
El acueducto recorre 203 kilómetros, desde la planta de tratamiento de Puerto Casado (Alto Paraguay), hasta llegar a Loma Plata. Desde su inauguración, parcial y total, son más los días que no ha funcionado que los que sí lo ha hecho y fuentes del propio Ministerio de Obras Públicas alegan que hay tramos del mismo que deben hacerse nuevamente porque no hay forma de corregirlos.
Semanalmente se leen noticias donde se describen decenas de inconvenientes de diseño, materiales y/o de construcción que impiden un normal abastecimiento de agua.
La obra no solo es de fundamental importancia para los pobladores actuales del Chaco, sino que siendo el Chaco un lugar demográficamente poco poblado, el agua potable representa un eje imprescindible para el desarrollo futuro de la región.
El financiamiento de esta obra fue realizado fundamentalmente con fondos del gobierno de España en particular de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en este caso es un subsidio del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y en menor medida del gobierno de Paraguay.
Siendo que fundamentalmente los mayores financiadores de la obra son extranjeros y organismos internaciones, resulta mucho más que sorprendente la falta de seguimiento, supervisión y evaluación de dichas organizaciones de una obra de tan importante costo económico y significación estratégica.
No he visto en los medios ni en redes, ningún tipo de comentario ni documento del gobierno de España, ni tampoco del BID respecto a esta fallida obra, siendo los que se supone deben velar por el correcto y adecuado uso de sus fondos, que provienen en el caso de España de sus contribuyentes, y en del BID, de sus países miembros, pero en especial de los Estados Unidos que es el principal financiador del banco.
Tampoco he visto que alguien desde el Ministerio de Obras Públicas explique con claridad y documentación, los diferentes problemas de la obra, es decir, si los problemas fueron de diseño, de materiales, y/o de construcción; y quienes son responsables y qué tipo de castigo les cabe. Esto en idioma castellano se llama impunidad.
Una forma que ayudaría a terminar con el flagelo de las obras mal terminadas o incluso sin terminar, tales como el metrobús, la ampliación del aeropuerto de Asunción o este acueducto, es que exista una ley que impida presentarse en licitaciones de obras públicas a aquellas empresas privadas que no hayan terminado los proyectos a su cargo en forma eficaz, ya sea los que diseñan, los que ejecutan o ambos, los responsables.
En los últimos meses hemos conocido a través de la embajada de Estados Unidos el término “significativamente corrupto” para quienes el país del norte considera que han realizado hechos de corrupción.
Creo que es hora de crear el término “significativamente ineptos” para aquellos que estando en la función pública, no pueden gestionar con idoneidad los proyectos que deben llevar adelante y también para aquellas empresas que no pueden entregar las obras de acuerdo con lo que disponen los contratos.
La corrupción es un delito terrible que debe ser urgentemente frenado; pero también debemos frenar la ineptitud y la mala gestión. La falta de castigo a quienes ejercen la función pública y privada, que usa dinero público, debe ser más temprano que tarde, desactivada y es otro de los flagelos que se debe modificar en el país. En síntesis, terminemos con los significativamente ineptos.
