Singapur, 28 feb (EFE). – La multinacional suiza Nestlé ha anunciado el cierre de su línea de producción en Birmania (Myanmar), sumida en la violencia y el caos tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, pero aseguró que continuará vendiendo en ese país sus productos mediante sus socios locales.
Según confirmaron a EFE desde Nestlé, «nuestra fábrica en Dagon, cerca de Rangún, así como nuestra oficina en Rangún cesarán sus operaciones. Haremos lo posible para ayudar a todos los que se vean afectados por esta decisión».
Tras una «evaluación», la empresa ha decidido «transicionar hacia un modelo de distribución, la opción que tiene más sentido dada la situación económica actual, y que contribuirá a la viabilidad a largo plazo (del negocio) en Birmania».
«Nestlé -añade- no está cerrando su negocio en Birmania. Lo estamos cambiando a un modelo de distribución».
«Los consumidores (en Birmania) todavía podrán disfrutar de los productos de Nestlé importados desde Tailandia, Malasia y Filipinas (…) Continuaremos trabajando con nuestros socios locales en las tareas de distribución, venta y márketing», agrega el comunicado de la empresa enviado a EFE.
Nestlé comenzó a distribuir sus productos en Birmania en 1991, donde actualmente venden las marcas Nescafé, Milo, Lactogen, Cerelac y Maggi.
El gigante de la alimentación suizo se suma a otras compañías extranjeras que han reducido o cesado su presencia en Birmania a raíz de la asonada, entre ellas la petrolera estadounidense Chevron, que este mes vendió su participación en un proyecto de gas natural, completando su salida del país asiático.
Birmania ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países tras el golpe, del que el pasado 1 de febrero se cumplieron dos años.
El 20 de febrero, la Unión Europea adoptó un sexto paquete de sanciones contra 9 personas y 7 entidades de Birmania por la violencia, las violaciones de derechos humanos y las amenazas a la paz perpetradas por el régimen militar, después de que EE.UU. anunciara nuevas sanciones en la víspera del aniversario de la asonada, esta vez contra seis individuos conectados a la junta.
La UE mantiene asimismo la prohibición de asistencia financiera europea al Gobierno birmano y la congelación de toda la asistencia que pueda verse como una legitimación de la junta militar.
El golpe de Estado militar ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha reabierto una espiral de violencia con nuevas milicias que han exacerbado la lucha entre guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Desde la sublevación, al menos 3.062 personas han muerto a raíz de la represión ejercida por soldados y policías y 16.065 permanecen detenidas por motivos políticos, entre ellas la exlíder de facto y nobel de la paz Aung San Suu Kyi, según las cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania. EFE
