São Paulo, 24 nov (EFE). – Patronales y sindicatos rechazaron este viernes el veto integral del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a un proyecto de ley que prorrogaba la exención de un impuesto sobre la nómina para 17 sectores de la economía hasta 2027.
El mandatario progresista alegó que la medida es inconstitucional porque se renuncia a unos ingresos sin detallar el impacto que puede causar en las cuentas públicas del país, como establece la ley.
El Congreso evaluará ahora si mantiene o tumba el veto del líder del Partido de los Trabajadores (PT), para lo que necesitará el apoyo de 257 de los 513 diputados y 41 senadores de los 81 senadores.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, prometió este mismo viernes que presentará, antes de finalizar el año, un conjunto de medidas para compensar de alguna forma a los sectores afectados.
Aunque ese anuncio no ha aplacado las críticas en el ámbito empresarial y sindical por el veto de Lula.
La exención del impuesto sobre la nómina permite a las empresas de las 17 categorías beneficiadas pagar tasas de entre el 1% y el 4,5% sobre sus ingresos brutos, en lugar del 20% sobre los salarios de los empleados.
En este sentido, la Unión General de los Trabajadores (UGT), Fuerza Sindical y la Central de los Sindicatos Brasileños (CSB) afirmaron en una nota conjunta que el veto «pone en riesgo millones de empleos» y «estimula la precarización en el mercado laboral».
«El equipo económico (del Gobierno) comete un error al dejar el ajuste fiscal para el sector productivo y el empleo formal porque la factura la pagarán los trabajadores, ya sea con desempleo o con informalidad», indicaron los tres centrales sindicales.
Por su parte, la Confederación Nacional de Dirigentes de Comercios (CNDL, por sus siglas en portugués), uno de los ramos afectados, defendió que la exención está «directamente» vinculada con una «mayor capacidad de inversión y crecimiento económico».
Del mismo modo, la Asociación Brasileña de Industria Textil y Confección (Abit), en la que trabajan 1,5 millones de brasileños, lamentó «profundamente» el veto del jefe de Estado, pues entiende que va en contra del «mejor programa social que existe, que es la creación de puestos formales de empleo».
«El aumento de la presión fiscal sobrecargará los costes, lo que probablemente provocará un aumento de los precios, repercutiendo en la capacidad de consumo de la sociedad», alertó la entidad.
La medida fue instituida en 2011, durante el primer gobierno de Dilma Rousseff, correligionaria de Lula, para algunas actividades y se fue ampliando a otras con el paso de los años.
Sus defensores argumentan que con ella se reducen los costes laborales para las empresas y se fomenta la contratación.
Entre los ramos beneficiados figuran los de comunicación, textil, construcción civil, automotriz, pecuaria, tecnología de la información y el transporte ferroviario y por carretera de pasajeros y mercancías. EFE
