Asunción, 6 may (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este lunes que durante este mes iniciará un plan para separar a las personas privadas de libertad que tienen condenas en firme de aquellas procesadas.
Así lo dio a conocer el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, en un Consejo de Ministros desde la sede del Ejecutivo (Palacio de López), en el que precisó que el plan iniciará en la Penitenciaría Regional de Minga Guasu, centro que se habilitará este mes y que tiene capacidad para alojar a unos 1.232 presos que tengan condenas en firme.
El plan, que se realiza «por primera vez en la historia», según el ministro, se prevé que empiece la segunda semana de mayo.
«Hay perfiles criminales que merecen un tratamiento especial y tenemos para controlarlos solamente en los pabellones de máxima seguridad, para lo cual necesitamos la aprobación del Congreso», explicó Barchini al referirse al proyecto de ley presentado en enero por su cartera a la Cámara de Diputados, para la implementación del régimen cerrado especial de máxima seguridad para la privación de libertad de personas de alto riesgo.
Asimismo, el ministro destacó que cerca del 31% de un total de 18.100 presos en 19 centros penitenciarios de Paraguay han sido condenados judicialmente. El resto, tiene procesos en curso.
La separación de los presos es un plan piloto que empezará con la movilización de los reos sentenciados de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil, a la nueva cárcel de Minga Guasu, señaló a EFE la Dirección Nacional de Comunicación del Ministerio de Justicia.
A partir de ahí, se evaluará el proceso y se procederá con los demás traslados a condenados o cabecillas de las bandas, con el objetivo de «bajar los niveles de tensión entre los grupos criminales», según la Dirección.
El último enfrentamiento entre bandas rivales ocurrió el pasado 24 de abril en la Penitenciaría Regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte) donde murieron cuatros personas privadas de libertad.
Según la Policía, el altercado lo protagonizaron integrantes de la banda brasileña Primer Comando Capital (PCC) y el ‘Clan Rotela’, una organización que las autoridades paraguayas asocian con el narcotráfico.
Al día siguiente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) llamó a los tres poderes del Estado en Paraguay «a abordar y resolver los problemas en el ámbito penitenciario largamente arrastrados», entre ellos el abuso de la prisión preventiva, el hacinamiento y las pésimas condiciones de privación de libertad.
Las cárceles de Paraguay tienen un problema de superpoblación, al rebasar en 6.888 personas la capacidad de sus 19 centros, según los últimos datos del Ministerio de Justicia.
El 68% de los presos en Paraguay, 12.200 personas, están en la cárcel sin sentencia. EFE
