La Cámara de Diputados acordó en sesión ordinaria adelantar el tratamiento del proyecto de Ley de Alianza Público-Privada (Ley de APP), para el 28 de octubre. En principio, el proyecto debía tratarse en un mes, pero a pedido del diputado colorado José María Ibáñez, se inició el debate para el adelantamiento del tema, teniendo en cuenta la presión del Ejecutivo para la aprobación de dicha ley.
La Ley de Alianza Público- Privada (APP), impulsada desde el Ejecutivo, otorga la posibilidad de que los contratos de participación Público-Privada incluyan proyectos de infraestructura y de gestión de servicios públicos. Según un comunicado del presidente Horacio Cartes expresa: “La Ley de Alianza Público-Privada busca la inversión en empresas públicas del país en base a los intereses nacionales. Estas asociaciones permitirán realizar proyectos de infraestructura y liberar fondos para combatir la pobreza con más inversiones en salud, vivienda y educación.
El objetivo principal de esta ley es la creación de empleos y oportunidades para que nuestros compatriotas tengan una mejor calidad de vida. Su aprobación antepone el bienestar del Pueblo Paraguayo como prioridad de este Gobierno”, finaliza el comunicado.
LA LEY Y SUS VENTAJAS
La ley de APP será clave para saldar la eterna deuda del Paraguay con su infraestructura, cuenta que hoy estima una oportunidad de negocios que trepa a los US$ 30 mil millones para los próximos 10 años, (unos US$ 3 mil millones por cada año) sostuvo Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al referirse a la citada legislación que ha generado polémica en las últimas semanas. “Con apenas 4.200 kilómetros de caminos asfaltados, como Estado todavía se nos hace impensable poder llegar a disponer de esa cifra”, refirió el titular del MOPC, al afirmar que la experiencia y la situación obligan a pensar en generar soluciones a largo plazo, que superan fácilmente la capacidad de un Gobierno.
Es una herramienta que se suma a la solución que el Estado necesita, indicó Jiménez Gaona al mostrar su optimismo en la nueva ley que en países como Perú y Chile generó inversiones en torno a los US$ 20 mil millones. La ley de APP es muy importante, porque aparte de incentivar la inversión privada, ayudará a mantener la calidad de la infraestructura, en caso de que el Estado deje en manos del privado la ejecución y operación de las obras.
“Hoy ¿quién mantiene las rutas, quién se ocupa de que las mismas estén en óptimas condiciones?”, cuestionó, por su parte, el ingeniero Roberto Salinas, presidente de la recientemente conformada Asociación Paraguaya de Logística (Apylog). Lo primero es que genera condiciones más seguras para que el inversionista decida poner el capital, dijo Salinas. El Estado tiene plazos que le permiten elegir de dónde sacarán los recursos para ir pagando al privado, que lo hará una vez cuando la obra opere, por lo que el esquema genera mayor velocidad de entrega de los proyectos. “No hay que olvidar un aspecto clave que no se está comentando.
El Estado, a través del Parlamento, será el que tendrá mayor injerencia en el control y proceso de los proyectos”, refirió Salinas al referir que la herramienta APP es un mecanismo eficaz de inversión estructuralmente blindado. Se requerirá de un fondo de garantías como aval de que el Estado cumplirá con el compromiso de pago. Pero esa caja estará constituida por la ley a través del Parlamento, que será el órgano regulador de la cantidad de obras a ejecutarse como del capital a desembolsarse.
BID
El especialista del BID, Antonio García Zaballos, durante el Foro Ministerial para el Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe, en la ciudad Seúl, Corea del Sur, afirmó que las Alianzas Público-Privadas son fundamentales, “hablar de Alianzas Público- Privadas (APP) es fundamental y es un concepto sobre el que vamos a estar trabajando a f uturo e n e l s ector d e las telecomunicaciones”, sostuvo. Agregó que es fundamental contar con el sector privado en determinadas zonas geográficas “Las APP contribuyen a la concreción de los objetivos de universalidad y asequibilidad en cuanto al acceso y al precio de los servicios de banda ancha”.
Estudios del BID señalan que el número de asociaciones de ambos sectores ha aumentado en la región, debido a la continua demanda de mejoras de infraestructura.
APP CONTRA LA POBREZA
Desde el Poder Ejecutivo se intenta demostrar que el proyecto de APP no representa una nueva figura en la que se esconde procesos de privatizaciones o incursión privada sin riesgos en responsabilidades del Estado en obras de infraestructura. Hasta el momento lo único concreto es que el tratamiento de la normativa resquebrajó a las principales bancadas en Cámara Alta; la unidad de colorados y liberales hoy está en dudas y eso en definitivas arriesga las chances de Cartes en el Legislativo para otros proyectos de esta envergadura.
No obstante, los colorados salvaron la situación. El proyecto no tiene todas consigo en el análisis especializado, sobre todo cuando se introduce uno de los ámbitos importantes, el privado, señalado en varios rubros como grandes evasores, como es el caso de los grandes productores agropecuarios. La revista Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) sostiene que una alianza públicoprivada como método para enfrentar la pobreza carece de fundamentos teóricos y prácticos. Asume que sectores que evaden impuestos no podrían contribuir a la reducción de la pobreza.
La alianza público-privada es un modelo que puede resultar muy exitoso para impulsar infraestructura con capital privado, donde el Estado debe imponer reglas claras y apuntar a la competitividad, afirma el empresario Pascual Rubiani. Para Rubiani, esta ley es una herramienta válida para un país que apunta a la modernidad y pretende generar servicios e infraestructura necesarios para el desarrollo.
Mencionó que existen experiencias muy exitosas en otros países que impulsaron obras públicas con esta modalidad y generaron un cambio muy positivo en su desarrollo. Rubiani se refirió también como un instrumento de esta modalidad “la subsidiariedad donde una organización menor invierte en proyectos que la organización mayor no puede ejecutar y donde el Estado debe definir las reglas de competencia y controlar el proceso”.
Señaló que este es un instrumento que será muy positivo especialmente para las obras de servicio público, que son imprescindibles para contar con la infraestructura necesaria para ser un país competitivo. De aprobarse la ley, se abrirá una serie de posibilidades de inversión y su consecuente generación de empleo y desarrollo económico,manifestó
EL RECHAZO
Dirigentes sindicales de los sectores público y privado rechazan rotundamente el proyecto de ley de alianza público-privada porque argumentan que es una normativa que pretende privatizar o entregar los bienes públicos a manos extranjeras.
El dirigente sindical Eduardo Ojeda, manifestó que esta ley no es otra cosa que privatización, de entregar los bienes públicos. “Experiencia hay en América Latina y en Paraguay de que la participación privada con el Estado no ha sido otra cosa que de saqueo del patrimonio público. Hay que ser claro con la ciudadanía y por eso exigimos, pedimos y rogamos al Congreso Nacional el rechazo de esta ley”, expresó. A su turno, Eladio Flecha, del Partido Paraguay Pyahura, señaló que para su sector esta normativa es una privatización camuflada, con cambio de palabras para justificarla y es un atropello a la soberanía y a los bienes del Estado.
“Acá está en juego el patrimonio nacional y entendemos que si no hay recursos en las arcas del Estado para construir obras de infraestructuras, cobremos más impuestos a los sojeros, exportadores, latifundistas”, refirió.
