* Crédito columna: José Carlos Rodríguez, Cadep
Por alguna razón la primera Constitución del Paraguay (propiamente dicha) la de 1870, estableció la no reelección del presidente de la república. Igual lo hicieron la de 1967 y la del 1992.
En cambio, la Constitución del 1940 y la reforma constitucional del 1969 establecieron la reelección. Las primeras han sido vistas como pactos políticos reales. Las segundas como un desborde del autoritarismo. No es así en otros lados, pero acá no hablamos de otros lados, sino del nuestro.
La no-reelección ha sido en nuestro país un amuleto contra la dictadura, no necesariamente basado en razones. Y la propuesta de reelección por parte del gobernante en el gobierno causa malestar y desconfianza. Ello ocurre ahora.
Formalmente, el presidente Horacio Cartes nunca dijo estar defendiendo su reelección. Pero, dio signos inequívocos de hacer que lo hagan otros por él, cada vez más y en cada vez en más cantidad de lugares. Un ministro acá, gobernadores allá, seccionales oficialistas acullá.
Puede pensarse que la reelección invocó ‘demonios’ en contra del presidente Horacio Cartes. Es una manera de decir y -otra más vaga es la siguiente-: el gobierno vive un mal momento. Los hechos son los siguientes.
El Senado hace jurídicamente imposible un cambio constitucional por la forma más simple, que es el procedimiento de la enmienda. Casi imposible: la Ley depende de la interpretación, y el Poder Judicial que debe interpretar no siempre garantiza una interpretación justa y fundamentada.
El otro proceso de reforma exige una Convención Nacional Constituyente, requiere mucha premura para cumplir los plazos y cada cual tiene motivos para pensar que una Constituyente hoy, dadas las condiciones actualmente dadas, podría tener resultados imprevisibles para las dirigencias partidarias.
Un presidente electo con 74% de votos, es el caso de Andrés Rodríguez, se atrevió a convocar una Convención. Un presidente cuya popularidad está muy baja, quizás no se atreva. Es el caso de Horacio Cartes, que no es el único que parece tener resabios.
Los sectores más conservadores temen que el aspecto social de la Constitución (que nos define como democracia representativa y participativa, a nuestro Estado como democrático y social y otras cláusulas de vanguardia) pueda profundizarse.
Los sectores más progresistas temen que estos aspectos puedan ser cancelados. Las iglesias también temen el cambio de sus batallas como la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario.
La última Constitución se hizo contra la dictadura, un punto en el cual coincidieron militares, colorados mayoritarios -que no estaban en el gobierno- y la oposición. Una reelección no tiene el consenso del proceso iniciado el 3 de febrero de 1989.
Dentro de la clase política, hay muchos candidatos que no quieren batirse contra un ex presidente o menos contra un presidente en ejercicio, cuando pueden ahorrarse hacerlo. Prefieren batirse con candidatos sin poder de mando.
El mecanismo de presentar el proyecto de enmienda, cuando, lo proponentes eran sus adversarios, para ganar con su rechazo y evitar que pueda ser presentado otra vez en el año, es una acción legal, pero, huele a un golpe de astucia.
Un tema trascendente, de rango constitucional, se decidió sin que las contrapartes se encontraran suficientemente advertidas. Para el presidente Cartes -que por lo general logra lo que se propone en el parlamento- eso parece una insubordinación del sector colorado disidente y la deserción de sus liberales aliados.
¿Quién protagonizó la medida? La propuesta del Partido Democrático Progresista, Liberales, Colorados disidentes del coloradismo y sectores del Frente Guazú. Lo que aparenta una coalición mínima, que ganó por un voto.
Pero muestra una decisión más radical, que incluyó a muchos otros que se retiraron, dejando hacer. La decisión de oponerse a la reelección del presidente Horacio Cartes.
El telón de fondo no ayuda. Los últimos días no favorecieron al liderazgo presidencial. La encuesta de Ibope que le atribuyó una popularidad muy baja (20%) y el doble de popularidad a Fernando Lugo senador opositor.
De nuevo se activan los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, que rechazan la contra-reforma de un nuevo estatuto que se propone más de lo mismo. Una universidad de espaldas a protagonizar el progreso de las disciplinas, una universidad mal posicionada a nivel internacional y encima, en proceso de declinación.
Estos no son reacciones a actos del gobierno, sino muy en parte, que más bien está haciendo esfuerzos para levantar la ciencia con becas, recursos para las investigaciones y los investigadores. Pero, en general, cualquier conflicto de envergadura suele complicarle la vida al quien sea el gobierno. Y, en cambio otros temas si le competen directamente. En cambio el malestar con los maestros y médicos en huelga le competen más.
Y el grave atentado del EPP (autollamado Ejército del Pueblo Paraguayo) que mató a ocho uniformados, sin haber sufrido una baja, que tuvo el efecto de conmoción en la opinión pública nacional.
Ante el más mortífero atentado el grupo insurrecto, la reacción del público fue mirar hacia arriba: las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC) y del gobierno ¿Cómo puede algo así ocurrir? Los recientes muertos más la decena de eliminados durante estos tres años generaron especulaciones poco razonables.
¿Puede y quiere combatir el gobierno al EPP? Frente y en contra de las especulaciones, se lanzó una polémica insostenible, protagonizada por oficialistas: los culpables del activismo del EPP son los gobiernos precedentes.
Los ministros del Interior, el jefe de Estado, Fernando Lugo. Acusaciones de envergadura. Con esto, se ataca el fuego con el fuego. Se fortalece quizás la adhesión de los fanáticos. Se atiza la molestia causada por sectores no tradicionales a la clase política tradicional.
Pero, se denigra el discurso público y se lo retrotrae al Paraguay autoritario que habíamos sido, cuando el discurso político consistía sobre todo en la difamación y la calumnia contra el adversario. Sin franqueza y sin confianza entre los contendientes democráticos.
Mejor se hubiera establecido una reflexión seria sobre qué se hizo mal o no se hizo suficientemente bien ya que ni Nicanor, ni Lugo, ni Franco ni Cartes han podido evitar esa violencia extrema, con políticas públicas capaces de defender a la población y ocuparse de sus problemas.
Sabiendo además que la otra violencia en auge es la mafia, también activa en el norte y que causa más bajas que el EPP. Contra la cual no solo hay poco éxito, sino que ni se invierte medios proporcionales a su daño.
No estamos en una crisis política. Pero la narrativa del gobierno no convence en la medida necesaria. Ni el crecimiento económico -que se concentra, más que gotear-, ni el auge de divisas, ni el aumento de las obras de infraestructura, ni las transferencias que benefician a una creciente cantidad de personas en situación de pobreza, ni los esfuerzos y logros de transparencia, resultan suficiente fuente de legitimidad.
