En conferencia de prensa, el ministro Santiago Peña dejó en claro que la Cámara Alta cometió dos errores muy graves que pueden afectar la imagen-país y la marcha de la economía en el 2017.
El primero es no asignar una partida presupuestaria para el servicio de la deuda pública y el segundo tiene que ver con poner tope o límites a la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).
El titular de la cartera fiscal, quien en la ocasión estuvo acompañado por los viceministros de Economía, Lea Giménez y de Administración Financiera, Ramón Ramírez; afirmó que lo aprobado por el Senado constituye una suma de factores que hacen que el Poder Ejecutivo vea un complicado 2017 en materia presupuestaria.
DEFAULT
Con relación al primer error de los senadores, la disminución de las líneas presupuestarias para el servicio de la deuda, mencionó que el Estado paraguayo tiene compromisos asumidos para el 2017 en materia de amortización de la deuda pública por US$ 305 millones.
La disminución de US$ 172 millones con lleva que el Estado paraguayo sólo podrá dar cobertura a sus obligaciones hasta el mes de mayo de 2017, representando un riesgo de default a partir del mes junio de 2017.
Esto es así, porque no previeron los recursos alternativos para financiarlo, sólo lo recortaron en el presupuesto, lo cual no extingue la deuda y si no se encuentra presupuestado, no puede ser ejecutado.
“La consecuencia es un error grave. No permite pagar la deuda en el 2017 y cuando un país se atrasa tan solo un día, entra en default”, acotó, al tiempo de agregar que solo el 23% de las amortizaciones que vencen en el 2017 corresponden a deudas asumidas por el gobierno Cartes. Un atraso con los acreedores del Estado generará que la deuda sea exigible de forma inmediata (US$ 2.380 millones sólo en bonos soberanos).
INCERTIDUMBRE
Con relación al segundo error, el de poner tope a la política monetaria, el ministro Peña manifestó que con la aprobación de un tope al presupuesto monetario (promedio de los últimos 36 meses), la Cámara de Senadores genera incertidumbre en el mercado, considerando que el BCP debe contar con todas las herramientas que le permitan reaccionar de forma oportuna a los shocks a los que está expuesto una economía abierta como la nuestra.
Dijo que otros factores que complicarán la política económica es la aprobación de aumentos salariales, obligando al Ejecutivo a disminuir recursos que fueron destinados a programas sociales: los incrementos aprobados por el Senado, que deben financiarse con los impuestos, por encima de las estimaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, ascienden a 271 mil millones (US$ 40 millones). Estos incrementos no cuentan con financiamiento asegurado en el 2017.
INCOHERENCIA
También se refirió al falso argumento de austeridad esgrimido por los senadores, que en más una oportunidad mencionaron la palabra racionalización del gasto, centrándose la discusión en rubros como los bocaditos, en el cual disminuyeron G. 400 millones (US$ 69 mil) para el Senado.
Sin embargo, el Presupuesto aprobado el pasado lunes presenta un incremento de G. 30 mil millones (US$ 5 millones) para el Poder Legislativo en su conjunto (Congreso Nacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados); de los cuales el 50% (G. 15 mil millones / US$ 2,5 millones) será destinado a salarios.
Finalmente, el ministro Santiago Peña adelantó que ante esta situación planteada, pedirán a la Cámara de Diputados que se ratifique en su versión,que sí establece el pago de la deuda, para luego ir junto a los senadores y pedir que acepten la versión de Diputados. Se mostró muy abierto al diálogo ya que, según dijo, “la crispación política pone en riesgo al país en su conjunto”.
En la foto: Lea Giménez, Santiago Peña y Ramón Ramírez.
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