Asunción, 18 nov (EFE). – Un juez en Paraguay impuso este viernes una millonaria multa a la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano en un proceso por presunta difamación contra la ex subsecretaria de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala, informaron medios locales y la defensa.
En concreto, Zuccolillo deberá pagar 87,4 millones de guaraníes (unos 12.202 dólares) en multa y se le impuso otra pena de «composición», que implica el pago a la exfuncionaria de 400 millones de guaraníes (unos 55.844 dólares).
Ese último monto, según el Código Penal, tiene como objeto el «restablecimiento de la paz social».
El juez Wilfrido Peralta impuso además a Lezcano, autor del artículo difundido el 27 de marzo de 2019, una multa por seis millones de guaraníes (unos 837,67 dólares).
También se ordenó la publicación de la sentencia por dos días consecutivos en las páginas principales de un diario nacional, indicaron medios locales.
El juez dio a conocer la sentencia condenatoria en la madrugada (local) de este viernes, a raíz de una demanda interpuesta por González Ayala en septiembre de 2019 por una nota periodística sobre el proceso de contratación de un servicio de actualización tecnológica del sistema de gestión tributaria conocido como Marangatú.
Entre otros, el diario indicó que el contrato se otorgó al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), del que, según la nota, la exfuncionaria «era directiva».
En su exposición, Peralta argumentó que la publicación de ABC vulneró «la honra y el prestigio de la persona quien se desempeñaba como viceministra de la Secretaría de Estado de Tributación».
Además, rechazó el pedido de prescripción interpuesto por la defensa, al considerar que los argumentos esgrimidos «no corresponden».
En declaraciones a EFE, el defensor técnico de los demandados, Rodrigo Yódice, advirtió que la sentencia supone un «nefasto antecedente para una prensa libre» en Paraguay.
«El hecho que motivó la condena se relaciona con la publicación de un proceso de compra pública, con fondos públicos, que evidentemente tenía una serie de observaciones que no fueron realizadas por el medio de prensa de manera antojadiza o caprichosa», argumentó.
Yódice explicó que las observaciones provenían de «personas que comparecieron a protestar respecto al pliego de bases y condiciones» y de la Contraloría General de la República, entre otros.
Igualmente, alegó que la noticia estaba relacionada «con el proceso de contratación, no tanto así con relación a la querellante».
Tras conocerse la decisión del juez, el abogado querellante, Ricardo Preda, se declaró conforme con el monto de la «composición», la multa que deberán pagar a Estado y la orden de publicación de la sentencia.
«El dinero no era el objetivo, sino simplemente enviar el mensaje», afirmó el letrado.
Por su parte, la ex viceministra consideró que se demostró «plenamente con todas las documentaciones» de que es y fue «una persona honesta desempeñando un trabajo profesional de altísima calidad».
Tanto la directora como el periodista pueden presentar, según su abogado, un recurso de apelación especial contra esta sentencia de primera instancia en busca de su nulidad. EFE
